Hace un poco más de un mes, la Taxfoundation.org publicó en unos de sus blogs un artículo de mucho interés sobre el proceso de reformas fiscales en la República Dominicana: “Buenas reformas fiscales empiezan por buenos procesos”, de la autoría de Daniel Witt, actual presidente del Centro Internacional de Impuestos e Inversiones (ITIC por sus siglas en inglés).
Si bien este documento saluda el éxito que ha cosechado nuestro ministro de Hacienda y Economía en lograr la aprobación “al vapor” de un plan anticrisis llamado “Medidas Pro-Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional” y cuyas principales medidas fueron integradas en la Ley 30-26 promulgada por el presidente Luis Abinader el jueves 18 de junio 2026, este artículo también formula una importante advertencia: será necesario aplicar otra metodología para diseñar y lograr aprobar e implementar una auténtica reforma fiscal, ya que la profundidad de la misma supera con creces el alcance limitado del plan de ajustes que se acaba de aprobar con la Ley 30-26.
En un primer tiempo, se resumirán las principales recomendaciones formuladas por Daniel Witt en su blog, y luego, se propondrán unos mecanismos para, sin esperar las venideras elecciones presidenciales de 2028, empezar la búsqueda de consensos entre todos los actores de la sociedad dominicana en cuanto a los objetivos de un conjunto holístico sobre los principales objetivos (primero los “qués”) para luego acordar un poco más fácilmente las vías para alcanzar dichos objetivos (segundo los “cómos”).
Daniel Witt destaca primero el hecho de que en este plan de ajustes, no se pudo tomar el tiempo para un profundo proceso de consulta con el sector privado y otros actores clave probablemente afectados por las medidas propuestas, lo que incrementó el posible riesgo de faltas de entendimiento y a veces de posibles confusiones en redacción de las modificaciones al andamiaje tributario vigente. En este sentido, el autor recalca que son tres los factores clave para maximizar el éxito de un proceso de reforma fiscal: i) mecanismos de consulta profunda con los sectores afectados (empresariales y sociedad civil); ii) mayor transparencia posible en el proceso legislativo (comisión bicameral dedicada y/o vistas públicas ordenadas); y, iii) una legislación redactada con mucha claridad y gran precisión (apoyarse en técnicos de los diferentes colegios profesionales no es ningún lujo).
Estas buenas prácticas tienen mucho sentido: las consultas previas permiten identificar consecuencias no deseadas de los cambios propuestos; del mismo modo, la mejor redacción minimiza las costosas ambigüedades que generan disputas, y maximiza las posibilidades de aplicar las nuevas leyes con más consistencia.
Pero entre todos los beneficios, Daniel Witt subraya la mayor certidumbre fiscal, y eso es precisamente lo que les encanta a los que tienen que tomar decisiones de inversiones de largo plazo, y de mejor rendimiento sin mayor costo para la sociedad: al disminuir la percepción de riesgo, entonces menor es la necesidad de retorno sobre inversiones, y a menor riesgo, menor es la tasa de interés requerida por los organismos financieros.
Como último mensaje, Daniel Witt nos recuerda que una buena política fiscal va mucho más allá que simplemente incrementar los ingresos (o reducir los déficits), se trata antes de todo de restaurar la confianza pública, lo que genera a la vez un mayor cumplimiento y una mayor formalidad (dos grandes retos para la economía dominicana) y por supuesto un mayor nivel de inversiones tanto públicas como privadas, y esto es un motor poderoso para acelerar el crecimiento de la economía dominicana.
Para el caso dominicano, lograr duplicar el tamaño de la economía como lo plantea de forma ambiciosa (pero válida) “MetaRD 2036” requiere de manera impostergable iniciar las discusiones de las reformas (incluyendo la reforma fiscal por supuesto) sin tener que esperar los resultados del próximo torneo electoral. De las múltiples publicaciones, reuniones y presentaciones sobre el tema, se llega fácilmente a la conclusión de que es indispensable lograr primero un consenso amplio y sólido sobre los grandes objetivos de esta visión “MetaRD 2036” que, si se llevaran al área fiscal, desdibujarían tres ejes principales y la intensidad de los mismos medidos en porcentajes del producto interno bruto (PIB).
• Preservar la estabilidad macroeconómica: plantearse objetivos de equilibrio fiscal incrementará la certidumbre de cual es el camino elegido por la economía dominicana, lo que debería de garantizar el codiciado “grado de inversión” al país con sus dos principales beneficios derivados: bajas en las tasas de interés tanto a nivel soberano, como para las empresas y los hogares’ y, incremento de las inversiones extranjeras y domésticas, ambos casos factores de aceleración del crecimiento; de manera muy preliminar, esto costaría cerca del 1.8% del PIB en un plazo menor a 10 años, del cual 1.4% para bajar el déficit fiscal al 2.0% del PIB, y 0.4% para ir desmontando el déficit cuasifiscal del Banco Central.
• Acelerar el crecimiento potencial de la economía: mientras actualmente se estima que el crecimiento potencial se encuentra más cerca del 4.0% que del 5.0%, lograr tasas de crecimiento superiores al 6.0% requerirá una “revolución fiscal” que libere y multiplique las capacidades productivas del país, algo parecido a los planes exitosos de “Aceleración Productiva” de un país como Marruecos que bien pudiera servir como espejo positivo; dedicar 2.8% del PIB para acelerar la producción se pudiese proponer distribuir entre aumentar el gasto de capital en no menos de 2.0% del PIB, eliminar cargas fiscales “odiosas” en torno a 0.4% del PIB (selectivos a las transferencias entre otros) y 0.3% del PIB para incrementar el presupuesto de los ayuntamientos (reto delicado pero necesario de territorializar las políticas públicas).
• Redistribuir mejor los frutos del crecimiento económico: quizás el más desafiante de los tres temas, sin el cual luce temerario pensar que la economía seguiría creciendo excluyendo partes significativas de la población; dedicar no menos del 2.9% del PIB permitiría incrementar en cerca de 2.6% del PIB el gasto social con prioridad obvia al sector salud a partir del desarrollo de una red de centros de asistencia primaria, y dedicar 0.3% restante a mejorar la seguridad y la justicia.
En resumidas cuentas, habría de buscar de manera gradual, pero muy decidida, como financiar este total de 7.5% del PIB, a través de incrementos de recaudaciones (principalmente reduciendo evasión e informalidad) y reducciones de gastos (recortes drásticos en subsidios a la energía tanto combustibles como electricidad) y ahorro progresivo en el peso tan alto de los intereses de la deuda.
La magnitud del reto significa compromisos por los próximos 10 años que solo pudiesen sobrevivir el calendario electoral si se lograra un acuerdo entre el mundo político y la sociedad en general. En esta materia como muy bien lo subraya Daniel Witt en su artículo: “En reformas fiscales, al igual que en tantas otras áreas de políticas públicas, el proceso no se puede separar de la substancia, es una parte esencial de alcanzar la política acertada”.
Ya no puede haber más “ellos” (sector público) frente a “nosotros” (sector privado), o somos todos nosotros o sencillamente corremos el riesgo de desaparecer como sociedad.
Las recomendaciones de Daniel Witt nos recuerdan que cada uno de nosotros tendrá una gran responsabilidad en los venideros procesos de discusión, de diseño, de implementación y de monitoreo constante de dichas reformas.
¡Ojalá esta gran responsabilidad no termine siendo nuestra gran culpabilidad!










