El Consejo Nacional de la Empresa Privadas (Conep) y diez asociaciones empresariales se encuentran a la espera de que una próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ponga fin al intento de captura de un servicio estratégico que pretendió materializarse a través de la concesión de la verificación digital por rayos “X” de la carga en todos los puertos del país.
Actualmente, la empresa de carpeta ICSSI, S.A. tiene desde 2002 la concesión en exclusiva de esta actividad en los doce puertos de República Dominicana.
El sector privado organizado interpuso en 2013 una acción directa de inconstitucionalidad por ante el TC en contra de la Resolución No 188-3, de fecha 13 de diciembre de 2003, del Congreso Nacional que aprobó el contrato de concesión y sus adendas.
La entidad empresarial recordó que la Dirección General de Aduanas, ante la sospecha de irregularidades en la concesión, suspendió en enero de 2005 los servicios de inspección establecidos en dicho contrato.
El Conep considera que una sentencia contraria a los principios de libre competencia soslayaría la confianza en el progreso empresarial y causaría graves perjuicios a la economía de mercado, pieza clave para el desarrollo y bienestar de un pueblo. Por todo ello, urge al alto tribunal a que actúe siendo fiel a los principios constitucionales, que prohíben prácticas anticompetitivas y situaciones de monopolio.
La implementación de este contrato pondría en manos de una empresa desconocida y a un costo exorbitante la inspección de los contenedores que entren y salgan del país, un servicio estratégico vinculado a la seguridad del Estado, cuya prestación corresponde a la Dirección General de Aduanas.
El contrato de referencia y sus adendas establecen además la obligatoriedad de verificación de todos los furgones y establece tarifas exorbitantes que afectarán directamente los precios de los productos de primera necesidad, deprimirá los ingresos de los productos nacionales y afectará la competitividad del país. Se recuerda también que las disposiciones de este contrato son contrarias a las técnicas de gestión de riesgo que se aplican a los principales puertos del mundo y afectaría nuestro desempeño logístico.
Junto al Conep, las asociaciones que incoaron la acción directa de inconstitucionalidad por ante el TC, fueron: Asociación de Navieros de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Zonas Francas, Asociación de Empresas de Zonas Francas de Santiago, Asociación de Industrias de la República Dominicana, Cámara Americana de Comercio, Cámara y Producción de Santiago, Asociación Dominicana de Exportadores, Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Organización Nacional de Empresas Comerciales, Asociación de Industrias de la Región Norte, Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana.
