[dropcap]L[/dropcap]a tensión se ha apoderado de la relación entre la Gobernación de Puerto Rico y los municipios de la isla.
Según el plan fiscal aprobado para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los municipios de Puerto Rico le darán US$1,760 millones de los casi US$2,000 millones en “cash” que el banco espera recibir en los próximos 10 años.
Esto se suma a la pérdida de US$350 millones en subsidios del gobierno central y la obligación de pagar por la electricidad que consume a la Autoridad de Energía Eléctrica con la eliminación de la contribución en lugar de impuesto.
El peso de las medidas fiscales recientemente aprobadas y la delicada situación financiera de los ayuntamientos ha desembocado en que algunos alcaldes ya ausculten la posibilidad de demandar al gobierno central.
“Estamos estudiando las opciones para ir al tribunal y reclamar los derechos”, dijo el primer ejecutivo de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz.
