[dropcap]E[/dropcap]l periplo por los medios de comunicación de Fernando Abras Muñoz, el asesor español contratado para convencer a la opinión pública sobre la necesidad de aplicar un impuesto a las llamadas de voz y mensajes internacionales entrantes, para financiar el Sistema de Emergencias 9-1-1, tuvo resultados positivos.
El proyecto legislativo fue llevado en una ambulancia al Senado, de urgencia, por lo que su aprobación fue de inmediato. Las telefónicas alegan que indefectiblemente habrá consecuencias en el sector, pero que los consumidores y el Estado serán los más perjudicados.
¿Cómo llegó Abras Muñoz al mercado dominicano a convencer sobre un tema que ha sido tan debatido? ¿Quién es él? ¿Tiene este asesor alguna conexión con empresas relacionadas a la gestión, instalación y administración de estos sistemas de monitoreos antifraudes, necesarios para cobrar estos impuestos? Hay datos que apuestan a que sí, que hay coincidencias.
La primera relación se demuestra con su participación, en febrero de 2014, en el Foro Económico y Financiero Regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), celebrado en Brazzaville, República del Congo, África. En este evento fue panelista en representación de Global Voice Group (GVG), la empresa que administra estos sistemas en algunos países africanos donde se implementa, con la consecuente subida de tasas impositivas.
Y más. GVG es haitiana, fundada por Laurent Lamothe, quien fue el primer ministro de Michel Martelly. El impuesto también ha traído dificultades en Haití. Allí Abras Muñoz también jugó un papel fundamental durante el proceso.
“El tráfico de IP (protocolo de internet) está creciendo más rápido que la voz tradicional incluso en África y la facturación de IP está proyectada para superar la voz convencional para el año 2018”, dijo durante su exposición en el foro.
Según un reporte del diario Modern Ghana (modernghana.com) de junio de 2012, la Autoridad Nacional de Comunicación (NCA, siglas en inglés) reveló que había generado más de US$143 millones de su proyecto de gestión de fraude de telecomunicaciones implementado dos años antes con la ayuda de Global Voice Group (GVG) de Haití.
Paarock VanPercy, de la NCA, defendió la instalación de la plataforma. “Seguimos las reglas de adquisiciones de Ghana. Procuramos servicios y equipos desde donde sea posible hasta donde los consideramos útiles para nuestro trabajo de regulación. Hemos comprado equipos de monitoreo de espectro fabricados por empresas estadounidenses, equipos de calidad de servicio de Suiza, software sudafricano o haitiano, y así sucesivamente. El resultado es que hemos contratado a una empresa con experiencia en el manejo antifraude”, dijo.
La Asociación de Empresas GSM encargó un estudio a la firma Deloitte respecto de impuestos móviles, sobre tasas al tráfico internacional entrante, donde se profundiza sobre el caso africano. Analizó la carga impositiva, la forma en que se establecieron esos impuestos y las medidas de control.
En la investigación se hace referencia a la colocación de un denominado sistema de monitoreo contratado a un tercero, que sería una empresa que trabaja bajo un esquema de compartición de ingresos donde recibe el 50% de lo que recauda el Gobierno producto del impuesto. En el caso africano esa compañía es GVG, la cual gestiona y ofrece el mantenimiento.
La entidad sospecha que el consultor Abras Muñoz o la empresa GVG tienen alguna relación de negocios con SOWCI (System One World Communications) Iberia, que opera desde septiembre de 1999, con una licencia individual del Tipo A concedida por la comisión del Mercado de las Telecomunicaciones el 15 de julio de ese mismo año. System One posee nodos propios de operaciones y oficinas en Madrid, Zaragoza y Huesca. Su enfoque está en proveer al mercado mayorista en todo el mundo de servicios de terminación de tráfico internacional.
El joven asesor ha sido un emprendedor con mucha suerte. Tiene cuatro empresas registradas a su nombre en Madrid, España, tres de las cuales no tienen nada que ver con el sector de las telecomunicaciones, sino con el comercio, construcción, actividades inmobiliarias, servicios educativos, actividades de gestión y administración; venta al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados, transporte y almacenamiento.
Planteamientos
Las empresas telefónicas dominicanas están preocupadas por los efectos inmediatos de la legislación. Alegan que aunque se propuso una modificación al monto de la tasa, aún sigue siendo elevada. Además, consideran que si se insiste en mantenerlo debe ser ajustado acorde a la realidad del mercado, no a un objetivo recaudatorio.
Recuerdan que el análisis original estaba claramente equivocado pues pretendía recaudar unos US$100 millones, suma imposible considerando los volúmenes reales del mercado local. Entre sus argumentos están que los servicios que ofrecen ya están gravados con un 30%, mientras que el país es el segundo con más altos impuestos de la región al sector y entre los 10 del mundo.
Indican que República Dominicana es uno de los 10 destinos más importantes de llamadas salientes desde Estados Unidos, superada sólo por México y Colombia. Esto obedece, apuntan, a la gran comunidad dominicana en esa nación. Justifican que el impuesto propuesto no es un porcentaje del precio, sino un valor fijo que originalmente representaba más del 120% del precio de los minutos a residencias y negocios.
