[dropcap]E[/dropcap]l presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), José Manuel López Valdés, aseguró que las medidas regulatorias aplicadas por los Estados a las entidades financieras tienen un impacto “importante” en el costo administrativo y operativo.
López Valdés explicó, durante su participación en el Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA 2017), que una regulación adecuada y permanente a las entidades financieras resulta beneficiosa para lograr la estabilidad del sistema bancario en cualquier país “y esto nadie lo puede negar”.
“Ahora bien, debemos tomar en cuenta que las regulaciones generan un costo a las entidades que han de implementarlas. Cumplir con los mínimos requerimientos de capital de liquidez, de riesgo de crédito, de mercado operativo (…) si bien contribuyen a la sanidad y fortaleza de las instituciones, implican gastos para éstas”, sostuvo.
Declaró que es necesario que las normas que se adopten generen un beneficio que supere los costos en que incurren con su adopción las entidades financieras y que además es necesario conocer su costo beneficio antes de que se adopten e implementen las medidas regulatorias.
El presidente de Felaban criticó que en América Latina “muchas veces” se establecen regulaciones sin que previamente se cuantifiquen sus costos y beneficios y sin que se mida la carga que recaerá sobre los bancos y las instituciones financieras.
Destacó que un estudio reciente realizado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras sobre los costos de las regulaciones y sus efectos en la inclusión financiera en Latinoamérica, solicitado por la Felaban y la Corporación Andina de Fomento, evidenció el “efecto murciélago” en la oferta de crédito.
En su conferencia titulada “Nuevas normas de supervisión y regulación en el corto y mediano plazo en el sistema financiero”, López Valdés recordó que dicho efecto se produce cuando existen límites a la tasa de interés, producto de los efectos regulatorios.
“Establecer un límite a las tasas de interés cobradas por los bancos e instituciones financieras, la cual generalmente es inferior a la tasa de interés del mercado, es asimilable en la práctica a un control de precios”, detalló.
El presidente de la Felaban reveló que el costo de las regulaciones ha impactado la rentabilidad patrimonial de entidades financieras de la región en hasta un 66%. López Valdés informó que de acuerdo a un estudio entre los bancos más afectados figuran los de Colombia, Perú y El Salvador.
Aseguró que las regulaciones a las entidades financieras desincentivan la formalidad de la economía, creando incentivos perversos para que los prestamistas informales aparezcan y se desarrollen.
Afirmó que la evidencia empírica ha demostrado que introducir por regulación o disposición legal un precio a un producto o servicio disminuye su oferta, debido a que se llega a una situación en que el oferente no está en capacidad de asumir el aumento en la demanda por parte de sus consumidores, dada la existencia de un precio artificialmente bajo, el cual no cubre los costos en que incurren las instituciones.
Explicó que dicha situación excluye a los hogares de bajos recursos y a las Pymes de mayor perfil de riesgo, las cuales en ocasiones deben acudir a prestamistas informales.
“Los costos regulatorios para los bancos han tenido un impacto importante en el costo administrativo y operativo. Se ha afectado la rentabilidad de sus operaciones y por ende el potencial de su capitalización y fortalecimiento de su base patrimonial futura, así como la expansión de sus operaciones de préstamos e inversión”, denunció.
López Valdés sostuvo que el sistema bancario dominicano está “muy protegido” en cuanto a no permitir el ingreso de dinero proveniente de actividades de lavado de activos y de otras fuentes sospechosas.
Poco efectivas
El director de Control Operativo de la Superintendencia de Pensiones, Franklin Díaz, aseguró, durante su participación en el congreso CIFA 2017, que las sanciones que impone el sistema son necesarias, pero a su juicio no son efectivas, debido a que tienden a provocar que las entidades reguladas oculten informaciones a futuro al órgano regulador.
Mientras, Claudia Pichardo, directora legal de la Superintendencia de Valores, quien también participó en el evento, aseguró que el proyecto de Ley del Mercado de Valores conlleva modificaciones significativas que robustecerán el marco regulatorio y contribuirá a su desarrollo y organización.
