El primer intento de establecer un Estado de derecho y, por tanto, un nuevo orden económico en República Dominicana lo encabezó José Núñez de Cáceres, quien en su Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano, publicada el 1 de diciembre de 1821, dejó constituido formalmente el Estado independiente de Haití Español, el cual se mantendría vigente hasta el 9 de febrero de 1822, cuando el presidente haitiano Jean Pierre Boyer tomó posesión de la parte Este de la Isla de Santo Domingo.
En ese manifiesto se hace una crítica profunda a la actitud asumida por España ante la Isla de Santo Domingo durante cerca de 350 años, desde el Descubrimiento de América o del Nuevo Mundo hasta las primeras décadas del siglo XIX, de desprecio absoluto a la fidelidad mostrada siempre por los habitantes de la colonia española, hasta el punto de dejarlos a su suerte en la más espantosa miseria.
Núñez de Cáceres formula en su Declaratoria de Independencia las bases del Nuevo Orden Económico-Social, Político y Jurídico, con el cual buscaba alcanzar la felicidad plena de los habitantes de la Parte Oriental de Santo Domingo:
“Estamos plenamente convencidos de que para conseguirla y aumentarla, no nos queda otro camino que el de la independencia. Con ella tendremos leyes formadas por nosotros mismos, análogas al genio, educación y costumbres de los pueblos, acomodadas al clima y localidad, y nuestra representación nacional sobre la proporción numérica guardará una perfecta igualdad entre todos los pobladores de estas provincias… Atenderemos con especial cuidado a la educación de la juventud tan abandonada hasta ahora, porque sin ella son ineficaces todos los deseos de pública felicidad. Nos dedicaremos al fomento de la agricultura, de las artes y el comercio, como las únicas y verdaderas fuentes de la riqueza de los pueblos; arreglaremos nuestras rentas sobre el dogma fundamental de no gastar más de lo que tenemos y es compatible con la riqueza territorial: vendrán a nuestros puertos todas las naciones en estado de proveer a nuestras necesidades y de dar estimación y salida a los frutos del país” (Vega, 2010: 178-179).
En ese texto los sectores independentistas rompen radicalmente con los lazos de dependencia que nos ataban a España en lo económico, en lo político, en lo jurídico, en lo social y en lo cultural. Al mismo tiempo se avanzan algunos elementos que contribuirían a la creación de una nueva institucionalidad sustentadas en leyes que surjan de la realidad nacional y local, basadas en el genio, la educación y costumbres de los diferentes pueblos del nuevo Estado. Aquí se privilegia la educación de la juventud y se le otorga un lugar especial a la agricultura, a las artes y al comercio, como las principales fuentes de riqueza de los pueblos. De igual manera, se plantea romper con el monopolio comercial que instituyó España en sus colonias y abrir sus puertos a todas las naciones que apreciaran nuestros frutos y estuvieran dispuestas a satisfacer nuestras necesidades.
En esa Declaratoria de Independencia se le denomina Pueblo Dominicano a los habitantes de la parte española de Santo Domingo, liberado de toda tutela, fidelidad y obediencia a la metrópolis España. Aquí se establece que el nuevo Estado está investido de dignidad y soberanía plena para poder establecer su propia forma de gobierno, al tiempo de estar en libertad de contraer alianzas, tratados de comercio, actos, transacciones y convenios como toda nación libre e independiente, el cual defenderían con sus vidas, fortuna y honor. En ese texto se consigna abiertamente la simpatía del nuevo Estado con la Gran Colombia que en América del Sur presidía el gigante Simón Bolívar.
Varios factores impidieron convertir en realidad este anhelo de Núñez de Cáceres y sus colaboradores, entre ellos mantener la esclavitud de más de 10,000 trabajadores negros en todo el territorio de la nueva república, en violación a lo pactado con el Jefe del Ejército de los Pardos y Morenos, coronel Pablo Alí; aliarse a la clase social hatera, sustentadora del viejo orden económico oligárquico-terrateniente y recurrir a una confederación política allende los mares con la Gran Colombia, en lugar de pactar un acuerdo de colaboración y reciprocidad comercial con el vecino país de Haití.
