El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo marco para reforzar la gestión de gobierno y la lucha contra la corrupción en los países miembros. El estudio presenta resultados empíricos que muestran que un alto grado de corrupción está asociado a niveles significativamente más bajos de crecimiento, inversión extranjera directa (IED) e ingreso tributario.
La directora del FMI, Christine Lagarde, aseguró que “la corrupción arraigada es perniciosa para la economía ya que socava la capacidad de un país de generar un crecimiento económico inclusivo y sostenible”.
“Bajar del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o gestión de gobierno implica una caída de la tasa anual de crecimiento del PIB per cápita de medio punto porcentual o más, y un descenso en la relación inversión/PIB de 1½–2 puntos porcentuales. Los resultados muestran asimismo que la corrupción y la gestión de gobierno inadecuada traen consigo un mayor grado de desigualdad y un menor crecimiento inclusivo”, indicó Lagarde.
La directora del FMI afirmó que “la corrupción mina la capacidad impositiva del gobierno y distorsiona el gasto, desviándolo de inversiones valiosas en esferas como salud, educación y energías renovables hacia proyectos que despilfarran recursos y ofrecen beneficios a corto plazo”.
“Sabemos que actúa como un impuesto a la inversión o incluso como un obstáculo más grave, debido a la incertidumbre sobre las demandas de futuros sobornos. También sabemos que la corrupción hace que los jóvenes no inviertan lo suficiente en educarse y especializarse porque salir adelante depende de a quién se conoce y no qué se sabe. Sabemos que la corrupción perjudica a los pobres, limita las oportunidades económicas y la movilidad social, socava la confianza en las instituciones y disuelve la cohesión social. La corrupción es uno de los principales obstáculos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo.
Reforzar la labor del FMI
El marco busca redoblar la lucha contra la corrupción y “de hacerlo ahora”. Esta iniciativa contra la corrupción “pasará a formar parte de nuestras actividades generales con las que buscamos promover la buena gestión de gobierno en ámbitos fundamentales, como la gestión de financiera pública, la supervisión del sector financiero y las medidas contra el lavado de dinero”, destacó Lagarde.
Agregó que “este enfoque más amplio es indispensable. Las deficiencias en la gestión de gobierno son perjudiciales en sí mismas, pero además abren las puertas a una corrupción generalizada. Para ser verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente. Requieren reformas normativas e institucionales más amplias. Al fin y al cabo, la “cura” más perdurable para la corrupción es contar con instituciones sólidas, transparentes y que den cuenta de sus actos”. Recordó las célebres palabras de Louis Brandeis, “se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el policía más eficiente”.
Un beneficio adicional de este enfoque más amplio es que como la corrupción suele estar estrechamente ligada a fallas más generales en la gestión de gobierno y que, en muchos casos, es difícil de cuantificar, podemos usar las deficiencias en la gestión de gobierno para corroborar las evaluaciones de la corrupción.
Señaló que este tema no es nuevo, y que se está trabando desde 1997. “Contamos con una política de gestión de gobierno que ha dado buenos resultados: nuestro examen puso de manifiesto que los principios que la animan son los correctos. Esta política nos insta a abordar las cuestiones de gestión de gobierno y corrupción cuando tienen un impacto macroeconómico significativo. También nos exhorta a colaborar con nuestros socios institucionales (especialmente el Banco Mundial) en sus ámbitos de especialización y a no interferir en política o en casos específicos de aplicación de la ley”, argumentó.
“Hemos adoptado un marco para reforzar la labor del FMI en materia de gestión de gobierno y corrupción, para así facilitar una interacción más sistemática, imparcial, eficaz y franca con los países miembros”, informó.
Sobre los pasos a ejecutar, Lagarde detalló que están “elaborando una metodología clara y trasparente para evaluar la naturaleza y gravedad de las deficiencias de la gestión de gobierno. Evaluaremos una amplia serie de indicadores: calidad de las instituciones presupuestarias encargadas de la tributación y el gasto; solidez de la supervisión del sector financiero; integridad de los bancos centrales; transparencia e imparcialidad de la regulación del mercado; previsibilidad de los aspectos del Estado de derecho esenciales para la salud de la economía, en particular, el cumplimiento de los contratos; e idoneidad de los marcos jurídicos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y desde luego, evaluaremos la gravedad de la corrupción directamente”.
“El siguiente paso será determinar el impacto económico de las fallas identificadas en las esferas de gestión de gobierno y corrupción y, en respuesta, formular recomendaciones de política específicas para cada país. Cabe destacar que examinaremos estos aspectos en una perspectiva de más largo plazo, dado que la gestión de gobierno deficiente y la corrupción perjudican a la economía no solo a través de distorsiones a corto plazo sino también del lento deterioro institucional. En nuestros programas de crédito, analizaremos si estos problemas menoscaban la capacidad de los países para poner en práctica sus reformas económicas”, puntualizó.
La corrupción enfocada desde el lado de la oferta
Expuso que “hay un elemento más que debemos tener en cuenta. Es obvio que, parafraseando a Milton Friedman, la corrupción es siempre y en todas partes un fenómeno que involucra a dos partes. La contracara de cada soborno aceptado es un soborno ofrecido. Además, suele pasar que los fondos obtenidos por actos de corrupción se ocultan fuera del país y, en muchos casos, en el sector financiero de las grandes capitales. Es muy posible que un país tenga las “manos limpias” en casa, pero las “manos sucias” en el exterior”.
La abogada manifestó que “para combatir la corrupción verdaderamente, también es necesario abordar la forma en que las personas o las entidades privadas facilitan las prácticas corruptas. En tal sentido, alentaremos a los países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales de forma voluntaria a una evaluación por parte del FMI, para determinar si los actos de soborno en el extranjero están tipificados como delito y son enjuiciables, y si existen mecanismos para detener el lavado y ocultamiento de dinero sucio. Me complace que nueve países —todos los del G-7 más Austria y la República Checa— ya se hayan ofrecido voluntariamente para participar en esta evaluación. Esto representa un importante voto de confianza en el nuevo marco”.
“Nuestro objetivo es ser francos, estrictos, trasparentes e imparciales. Esto a su vez aumenta nuestra credibilidad y nos permite mejorar aún más el cumplimiento de nuestra tarea”, declaró.
“Recordando nuevamente a Brandeis, estoy convencida de que el refuerzo de nuestra labor significará para la gestión de gobierno y la corrupción lo que la inversión en energía solar significa para el medioambiente: aprovechar el inmenso potencial de la luz solar para encauzar a la economía mundial por una senda más sostenible. Si todo marcha según lo previsto, el lado oscuro en el que se oculta la corrupción debería ser cada vez más reducido. Me interesa mucho trabajar en estrecha colaboración con los países miembros para hacer realidad este objetivo”, reiteró.
