El uso de nuevos estándares tecnológicos junto con la libre disposición de datos permite el control ciudadano, asegura un nuevo documento del Banco Mundial colgado en la página digital de la institución.
“Las nuevas tecnologías pueden aumentar la transparencia de los presupuestos y licitaciones públicas, beneficiando a todos los ciudadanos”, sostiene la institución multilateral.
A continuación, el artículo
Luchar contra la corrupción desde tu computadora
Muchos usuarios de tecnologías digitales están haciendo grandes esfuerzos para solucionar uno de los principales flagelos que afectan a la región: la corrupción.
Auspiciado por nuevas reglamentaciones a nivel local y novedosos estándares internacionales, usuarios y desarrolladores especializados son capaces de hacer un valioso aporte frente a un delito que moviliza alrededor de 1.5 billones de dólares en sobornos cada año (aproximadamente el 2% del PIB mundial). El daño provocado por la corrupción impacta particularmente entre los más pobres, reduciendo el crecimiento económico y la calidad de los servicios públicos.
La difusión de las tecnologías de la información y su uso por parte de organizaciones de la sociedad civil también posibilita un mayor escrutinio sobre los movimientos donde se ocultan frecuentemente delitos.
Bloques que construyen confianza
Hasta hace unos años, si un gobierno decidía construir una ruta de 15 kilómetros, tenía que invertir numerosos recursos para controlar su ejecución y los desembolsos a los proveedores. A la vez, la complejidad de las burocracias públicas hubiese dificultado el rastreo de todo el proceso de toma de decisión.
Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, se puede monitorear cómo se gasta cada centavo, identificar a los usuarios beneficiarios y asegurar el destino correcto del dinero dentro del presupuesto establecido por la licitación.
Las cadenas de bloques, comúnmente conocidas como blockchain, pueden ayudar a prevenir el fraude y la corrupción, reducir los costos de la aplicación de las medidas al respecto —gracias a la facilidad para acceder a la información y la rapidez de los controles cruzados— y contribuir a supervisar la ejecución y vigilar la eficiencia y la eficacia del gasto.
Esta tecnología permite el cifrado de registros permanentes para luego ser almacenados en miles de computadoras a la vez, lo que impide los intentos de manipulación de los mismos y su pérdida. El “empaquetado” de la información en distintos bloques también posibilita que diferentes usuarios puedan verificarla, sumando confianza y transparencia a las distintas operaciones.
Para explicar el concepto, muchos expertos usan como ejemplo la aplicación Google Docs, que permite que muchos usuarios accedan al mismo documento de manera simultánea y todos pueden ver los cambios que hacen los otros.
Gracias al uso de esta tecnología, “las investigaciones de fraude y corrupción que antes tomaban un promedio de 15 meses ahora pueden realizarse con solo tocar un botón y a una fracción del costo. Más importante aún, este tipo de seguimiento financiero sería un obstáculo para los sobornos en el sector público” dice Enrique Aldaz-Carroll, especialista senior del Banco Mundial.
El uso de blockchain ya está siendo evaluado por diversas instituciones en América Latina.
Por ejemplo, en Argentina el Boletín Oficial se certifica mediante este tipo de base de datos, lo que permite verificar cada una de las ediciones. También el gobierno de Chile está comenzando a utilizar esta solución para las estadísticas del sector energético, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad, integridad y trazabilidad de la información.
Decisiones en cadena
El cambio de paradigma genera grandes beneficios para los usuarios: un sistema informático seguro permite extender y mejorar los servicios del gobierno a los ciudadanos. Ya sea que se trate de llenar formularios del gobierno, acceder a información médica o verificar estadísticas públicas, estas diferentes tareas se vuelven más eficientes y transparentes gracias al uso de la tecnología.
Claro que alcanzar estos beneficios requiere de tres decisiones de políticas públicas trascendentales:
Los gobiernos deben garantizar el acceso a la tecnología para todos sus ciudadanos: América Latina y el Caribe tiene los precios más altos del mundo para algunos productos tecnológicos. Por ejemplo, los iPhone e iPads más caros del mundo se encuentran en Brasil y Argentina. El acceso a la tecnología digital a precios competitivos permite el empoderamiento de los ciudadanos incluso en áreas remotas, haciendo que la información pública sea más accesible y reduciendo la corrupción.
Es necesario incentivar el desarrollo de habilidades técnicas y de análisis para poder así interpretar los datos y combatir las malas prácticas gubernamentales y privadas. Desarrollar habilidades técnicas como programación es fundamental para la comprensión de un mundo hiperconectado y ayuda a practicar las habilidades necesarias para los empleos del futuro, como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el pensamiento analítico.
Es importante el interés y compromiso de los gobiernos y empresas. Si bien desde la década de 1990 los gobiernos han introducido leyes de acceso a la información, no siempre la implementación de estos programas ha sido exitosa. Según la última edición del Global Open Data Index es frecuente que los datos sean difíciles de encontrar en línea, no sean fáciles de usar o no haya estándares claros para el uso de los mismos.
De acuerdo con el Open Data Barometer, una medición del estado de los datos abiertos en 115 países del mundo, México, Uruguay y Brasil son los líderes regionales respecto a los datos abiertos, colocándose entre los 20 primeros países en la clasificación mundial. Esta calificación es consecuencia de entornos regulatorios apropiados y una amplia disponibilidad de datos.
Una política de datos abiertos con estándares claros y alineados con los últimos avances tecnológicos genera una oportunidad para que los ciudadanos fiscalicen y ejerzan un control efectivo contra la corrupción. Esta es una condición clave para una sociedad justa y equitativa, donde se fortalece las iniciativas de desarrollo, la promoción de derechos humanos y libertades y la erradicación de la pobreza global.
