Por Alexandre Meira da Rosa
A medida que la región de América Latina y el Caribe progresa y atiende los retos relacionados con el desarrollo económico y social, y reduce de forma considerable los indicadores de pobreza, persisten retos relacionados con el déficit y la sostenibilidad de su infraestructura.
Este hecho es particularmente relevante, dada su interrelación con todos los ámbitos del desarrollo social, la economía y la política pública. Es una brecha que tiene un componente cuantitativo: insuficientes líneas de transmisión, carreteras, escuelas, hospitales, redes de saneamiento, abastecimiento de agua, puertos, aeropuertos, parques, etc.
Y un componente cualitativo de suma importancia: La necesidad de proveer más y mejores servicios de infraestructura, de calidad, uno de los principales retos que enfrentan los países de la región. En este sentido, la colaboración entre los sectores públicos y privados de América Latina y el Caribe resulta crucial, y las Asociaciones Público-Privadas (APP) una herramienta indispensable y a disposición de la región para reducir este déficit.
La región invierte actualmente en torno al 3.5% de su producto interno bruto (PIB) en la dotación de infraestructura , una cifra que se sitúa lejos de lo estimado como necesario para atender y cerrar la brecha del sector.
Si bien la precisión del tamaño de dicha brecha es constantemente revisada y discutida (la mayoría de los estudios más recientes coinciden en situar las necesidades de inversión entre un 4% y 8% del PIB ); sobre lo que no existe ninguna duda es de su existencia y de la importancia de su magnitud.
Además, resulta imprescindible añadir la necesidad de incorporar la realidad climática y los retos relacionados con su sostenibilidad; el desarrollo e inversiones en infraestructura en la región deben ser compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible , para mantenerse en el camino correcto, atender y limitar el calentamiento global.
El reporte insignia del BID en 2016 “Ahorrar para desarrollarse” muestra cómo confiar únicamente en la inversión pública para cerrar dicha brecha no acabaría con las necesidades de la región, dada la inversión histórica y el sesgo contra la inversión en capital en los países de América Latina y el Caribe.
Si bien la inversión pública supone una proporción considerablemente mayor sobre el total invertido, el reporte insignia del BID 2018 “Mejor gasto para mejores vidas” evidencia cómo dicha inversión presenta un gran potencial de ganancias en términos de eficiencia. La existencia de retrasos, sobrecostos, o la falta de un adecuado mantenimiento, entre otros, hace que una parte de los recursos destinados a cerrar la brecha, sean inefectivos.
República Dominicana ha realizado en los últimos años un importante esfuerzo de inversión en infraestructura, con un fuerte enfoque en los sectores de energía, transporte y telecomunicaciones. Sin embargo, la inversión total en el sector, como porcentaje del PIB ha sido inferior al promedio de la región, situándose por debajo del 3 por ciento en la última década.
La calidad de la infraestructura existente y sus servicios asociados presentan igualmente margen de mejora en el país: de acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial, República Dominicana se sitúa igualmente por debajo del promedio de la región, ocupando de forma general el puesto 93 de 137 economías del mundo. Asimismo, los niveles de inversión privada únicamente alcanzan a representar un tercio del total invertido.
Los retos en el desarrollo de la infraestructura en República Dominicana son importantes, así como lo son las oportunidades que el país tiene por delante. Generar las condiciones para atraer de un modo efectivo al sector privado hacia una mayor inversión en infraestructura, al mismo tiempo que promover la eficiencia de la inversión pública, se presentan como retos fundamentales para el desarrollo y el cierre de la brecha existente en infraestructura.
La promoción y correcta implementación de aquellas APP eficientes y sostenibles que resulten ser el mejor uso de los recursos y optimicen la provisión de los servicios supone una gran oportunidad para el país.
¿Dónde se encuentra República Dominicana en términos del entorno económico, institucional, y regulatorio para el desarrollo de APP eficientes y sostenibles?
El país ha estado trabajando en generar un contexto propicio para la participación privada en la inversión en infraestructura. El proyecto de ley de APP presentado a finales del año pasado representa un buen paso para establecer los marcos regulatorio e institucional adecuados, que permitan promover una mejor gobernanza y transparencia en los procesos de desarrollo de proyectos.
Este nuevo marco legal contribuiría a sentar las bases apropiadas para explorar esquemas de APP en diversos proyectos en el país y, de manera sistemática, el desarrollo de un pipeline y priorización de proyectos bancables, bien preparados.
De acuerdo con el Infrascope, iniciativa comisionada por el BID a The Economist Intelligence Unit, y que mide la capacidad de los países para desarrollar APP atendiendo a un conjunto de dimensiones, la República Dominicana presenta un adecuado ambiente de negocios y, y una fuerte voluntad política para su desarrollo eficiente y sostenible. Fortalecer el entorno institucional constituye entonces un paso fundamental para alcanzar un mayor grado de madurez en el desarrollo de esta herramienta en el país.
Cerrar la brecha de infraestructura precisará tanto de los agentes públicos como de los privados en la región y lo que es más importante, de la estrecha colaboración entre ellos. República Dominicana tiene ante sí el desafío de transformar estos retos en oportunidades, y hacer el mejor uso posible de las Asociaciones-Público Privadas, como una herramienta, para el desarrollo de una infraestructura de calidad, eficiente y sostenible en el tiempo.
Este y otros temas estratégicos sobre las Asociaciones-Público Privadas y su prometedor futuro en la región serán el tema central del evento PPP Américas 2019.
