El comercio ilícito en República Dominicana se ha disparado en los últimos años, impulsado por su ubicación geográfica que actúa como puente entre América del Sur y Estados Unidos, así como por la frontera con Haití.
Es por ello que el país ocupa el puesto número 71 de 84 países, con un puntaje general de 42,7 (sobre 100), en el Índice del Entorno Global del Comercio Ilícito, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist a solicitud de la Alianza Transnacional para la Lucha contra el Comercio Ilícito.
El informe, presentado durante el Foro sobre Comercio Ilícito, resalta los altos niveles de informalidad presentes en la economía (el sector informal representó el 52.7% de la fuerza laboral en el 2016, según el Banco Central) y la corrupción predominante en las fuerzas militares y de seguridad.
Además de “las frecuentes reformas impositivas, la última de las cuales tuvo lugar en 2012, también han promovido la evasión fiscal y formas relacionadas de comercio ilícito de alcohol, tabaco, petróleo y productos farmacéuticos, entre otros”.
La conferencia magistral del evento estuvo a cargo de Joanna Crellin, comisaria de Comercio de su Majestad para América Latina y el Caribe, quién explicó que para un combate exitoso al comercio ilícito se requiere un trabajo estrecho y coordinado entre las diferentes agencias gubernamentales y las industrias a diferentes niveles.
Crellin, quien tiene cerca de 20 años de servicio en el Gobierno del Reino Unido, expuso la experiencia de ese país, que logró reducir el mercado ilícito de bebidas alcohólicas de un 16% en 2000-2001 a un 4% en 2016-2017.
Durante su intervención en el foro, Chris Campbell, embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aseguró que el comercio ilícito es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de un verdadero libre comercio.
“Causa un gran daño a las inversiones, a las marcas, a las reputaciones comerciales y hasta a la misma sociedad”, indicó. Explicó que la actividad económica ilegal afecta a las economías locales, afecta la competitividad y reduce ingresos legítimos de negocios e impuestos al Estado.
Indicó que República Dominicana cuenta con el apoyo del Reino Unido en esta lucha y que es necesario asegurar que el entorno para el comercio ilícito en el país se vuelva menos favorable para los traficantes y comerciantes ilícitos.
En tanto que Celso Juan Marranzini, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), consideró que al fortalecer el marco legal, se fortalece también la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, a elegir a República Dominicana como su país para prosperar y desarrollar sus empresas en el marco formal.
“Se trata de lo que hemos llamado una “cultura de la ilegalidad” que resta competitividad a las empresas, pero también impacta negativamente la capacidad recaudatoria del estado y crea distorsión en el mercado al obligar a las industrias que cumplen con sus obligaciones legales y tributarias a competir en condiciones de desventaja contra evasores y estructuras fraudulentas que dicen llamarse empresas y que se encuentran comercializando productos al margen de la ley y del cumplimiento del pago de impuestos”.
Mientras que Leonel Melo, presidente de la Cámara Británica de Comercio (BRITCHAM), indicó que el ilícito, como lo reconoce la Ley 17-19, es una distorsión del mercado y que el Estado interviene para remover esa distorsión mayúscula y restablecer en el mercado la capacidad de generar riquezas.
Afirmó que la ley es el producto de una alianza público-privada y que la BRITCHAM busca incubar este tipo de alianzas que contribuyen a mejorar el clima de inversión “del que nos sentimos tan orgullosos en República Dominicana”.
Cigarrillos
Durante el foro, Andrés Espinal, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (Asocigar), aseguró que uno de cada diez cigarrillos que se venden en el mundo proviene de contrabando, lo que representa alrededor de US$50,000 millones.
Mientras que a nivel nacional, 3 de cada 10 cigarrillos son de contrabando, por lo que el Estado deja de percibir alrededor de RD$3,000 millones.
