La decisión del Gobierno estadounidense de este viernes de aplazar durante seis meses la posible imposición de aranceles a los vehículos europeos y japoneses ha dado un respiro al comercio global, que se veía amenazado por las hipotéticas consecuencias de la amenaza de Washington.
En una maniobra anticipada, el presidente Donald Trump dio 180 días más a los negociadores de su Ejecutivo con la Unión Europea (UE) y Japón para alcanzar un acuerdo antes de cumplir su amenaza de imponer gravámenes a la importación de vehículos de sus socios.
“El proceso de negociación será dirigido por el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y, si no se alcanzan los acuerdos dentro de los próximos 180 días, el presidente determinará si se deben tomar medidas adicionales y cuáles”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Desde su llegada al poder, Trump ha defendido la imposición de gravámenes como una estrategia efectiva para ganar influencia sobre sus socios durante las negociaciones en curso sobre tratados comerciales.
Pero el mandatario ha sido alertado por expertos y por la propia industria automotriz de su país de que corre el riesgo de provocar nuevos enfrentamientos en el comercio global, tal como ha ocurrido con su disputa con China.
Sin ir más lejos, la UE ha anunciado que tiene confeccionada una lista de gravámenes que puede imponer a la importación de productos estadounidenses como represalia si Trump aplica su incremento de aranceles a la entrada en el país de vehículos europeos.
La Comisión Europea ha calculado que un arancel del 25 por ciento sobre la importación de vehículos añadiría unos 11.200 dólares al precio de los automóviles europeos en Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno de Japón confía en que Estados Unidos no aplicará limitaciones a la importación de automóviles nipones, en medio de las fricciones entre ambos países durante sus negociaciones para alcanzar un futuro acuerdo comercial.
Washington condiciona la firma del acuerdo a que el flujo comercial automotriz entre ambas potencias esté diseñado para aumentar la producción y los empleos en las industrias estadounidenses.
Como era de esperar, el Gobierno de EE.UU. ha justificado la posibilidad de aplicar aranceles a vehículos y componentes de fabricación europeos y japoneses en que “la defensa y la superioridad militar” del país dependen de la competitividad de la industria automotriz y de la investigación y desarrollo que genera.
Ese argumento se desprende de un informe del Departamento de Comercio que concluyó que las importaciones de automóviles y ciertos componentes amenazan con perjudicar la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que el Gobierno decidió estudiar si sancionar esas transacciones.
Además de críticas de la propia industria, estos aranceles han encontrado una fuerte oposición en el Congreso, incluso dentro del oficialista Partido Republicano.
La Casa Blanca se ha negado a suministrar al presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Chuck Grassley, el análisis del Departamento de Comercio que apoya estas medidas.
“Me alegro de que Trump haya postergado los aranceles a los vehículos por seis meses pero aún tengo preguntas sobre la legitimidad de la seguridad nacional como base para los aranceles a aliados como Japón y la UE”, reaccionó este viernes en Twitter Grassley, que es uno de los senadores republicanos más influyentes.
El Departamento de Comercio ya aludió a esas mismas razones de seguridad nacional cuando el año pasado optó por gravar aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de la UE, China, Canadá, México, Rusia y otros países.
Además de ciertos legisladores republicanos y demócratas, la Alianza de Fabricantes de Vehículos Automotores de EE.UU. ha señalado que “la imposición de gravámenes sobre los vehículos y repuestos importados sería un error con consecuencias significativas”, tanto para la industria como para los trabajadores del sector.
