Las elecciones de medio término celebradas el pasado 3 de noviembre en Estados Unidos podrían marcar un punto de inflexión en la política comercial de la principal economía del mundo. La victoria del Partido Demócrata, que recuperó el control de ambas cámaras del Congreso, abre una nueva etapa de confrontación política con la administración republicana, particularmente en torno a una de sus principales herramientas de política económica y exterior, los aranceles.
Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración Trump ha utilizado los aranceles no solamente para proteger la industria estadounidense, sino también como instrumento de negociación con otros países. Sin embargo, sus efectos sobre los precios, las cadenas de suministro y la competitividad empresarial han convertido esta política en uno de los principales puntos de controversia económica entre demócratas y republicanos.
La situación se complicó en febrero de 2026, cuando la Suprema Corte estadounidense invalidó los aranceles impuestos al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que dicha legislación no otorgaba al presidente facultades para establecerlos. Lejos de abandonar su estrategia, la administración buscó nuevas vías legales para mantenerlos, recurriendo inicialmente a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 y posteriormente a la Sección 301 de esa misma legislación.
Esta última disposición permite adoptar medidas comerciales contra prácticas extranjeras consideradas perjudiciales para el comercio estadounidense. Bajo este fundamento, Washington impuso en julio nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12.5 % sobre importaciones procedentes de 60 economías, incluyendo la República Dominicana, con excepciones para determinados productos. La administración justificó estas medidas argumentando que los gobiernos afectados no habían adoptado mecanismos suficientes para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
Con el nuevo equilibrio de poder, la política arancelaria se perfila como uno de los principales puntos de enfrentamiento entre el Congreso y la Casa Blanca. Durante la campaña para las elecciones de medio término, los demócratas cuestionaron los aranceles de la administración Trump, argumentando que habían contribuido al aumento de los precios para los consumidores estadounidenses. Ahora, han anunciado su intención de limitar las facultades presidenciales para imponerlos unilateralmente, mientras que los republicanos defienden su utilización como instrumento para proteger la producción nacional y fortalecer la posición negociadora de Estados Unidos frente a sus socios comerciales.
En septiembre, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, presentó el proyecto de Ley para Poner Fin al Impuesto Arancelario de Trump (End Trump’s Tariff Tax Act), una iniciativa dirigida a eliminar determinados aranceles, devolver los gravámenes recaudados y restringir algunas de las facultades comerciales del Ejecutivo. Asimismo, otras propuestas, como la Ley de Revisión Comercial (Trade Review Act), buscan exigir que los nuevos aranceles sean sometidos a la aprobación del Congreso.
Por su parte, el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, representante por Nueva York y aspirante a presidir la Cámara, ha adelantado que la revisión de la política arancelaria será una de las prioridades de los demócratas durante los primeros 100 días del nuevo Congreso. Entre sus objetivos figura revertir los aranceles impuestos por la administración y recuperar las facultades del Congreso en materia comercial, como parte de una agenda más amplia dirigida a reducir el costo de vida de los estadounidenses.
La nueva mayoría demócrata también podrá convocar audiencias, investigar las exenciones arancelarias y examinar las consecuencias económicas de las decisiones comerciales de la administración. Los republicanos, por su parte, podrían utilizar los mecanismos legislativos disponibles para defender estas políticas y bloquear iniciativas que consideren contrarias a sus prioridades económicas. El presidente Trump conserva, además, su facultad de veto frente a cualquier legislación que busque revertir su política arancelaria, cuya anulación requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras. A esto se suma que, dentro del propio Partido Demócrata, existen sectores favorables a mantener medidas proteccionistas para determinadas industrias estratégicas, especialmente en lo relativo al comercio con China.
Para la República Dominicana, cuyo principal socio comercial continúa siendo Estados Unidos, este nuevo escenario introduce oportunidades, pero también incertidumbre. Una mayor supervisión legislativa podría favorecer reglas comerciales más previsibles, aunque el enfrentamiento político también podría complicar las negociaciones comerciales en curso con el Gobierno estadounidense y prolongar la incertidumbre para los exportadores dominicanos.
En conclusión, es importante reconocer que la política comercial estadounidense difícilmente regresará al escenario anterior a Trump. El uso de aranceles para proteger industrias estratégicas cuenta con respaldo en ambos partidos y continuará formando parte del debate económico en Washington. Lo que podría cambiar con el nuevo Congreso no es necesariamente la existencia de los aranceles, sino el grado de libertad del presidente para imponerlos sin mayores controles legislativos.
