El sector exportador dominicano atraviesa una de sus crisis más agudas debido a la negligencia institucional y a una alarmante falta de supervisión por parte del Estado. Duele, pero es la pura verdad.
La reciente suspensión de las importaciones de mango dominicano hacia el mercado de Estados Unidos, dictada por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), no es un evento fortuito. Es la crónica de un fracaso anunciado tras tres años de advertencias ignoradas sobre el descontrol de la mosca de la fruta.
A este severo golpe reputacional y económico se le suma la imposición de un arancel adicional del 12.5% por parte de la administración estadounidense. Esta penalización responde a la incapacidad flagrante del país para erradicar las prácticas de trabajo forzoso en áreas clave de la economía local.
Ambas medidas exponen una preocupante vulnerabilidad en la gobernanza y la gestión de las políticas públicas. También resulta doloroso, pero es la pura verdad.
En el centro del escándalo fitosanitario se encuentra el Ministerio de Agricultura, cuya respuesta ante la crisis del mango resulta inaceptable. El actual ministro, Francisco Oliverio Espaillat, ha optado por escudarse en el argumento de su reciente llegada al cargo en enero de este año para evadir su responsabilidad institucional.
Al centrar su defensa en culpar a la gestión anterior, el funcionario olvida que la continuidad del Estado es un principio fundamental de la administración pública. Falló el anterior y falló el actual. La estrategia de descargar culpas en el pasado, en lugar de informar con transparencia al país desde el primer momento sobre el peligro inminente que corría el sector, constituye una grave falta de liderazgo.
Los productores locales no necesitan excusas burocráticas; exigen respuestas y soluciones concretas ante las millonarias pérdidas económicas que ya asfixian al campo. Es un tema reputacional en su conjunto, pero también económico.
En cuanto al nuevo arancel, el hecho de que el Gobierno haya emitido el apresurado Decreto 502-26 para prohibir la entrada de bienes ligados a la explotación laboral, apenas unas horas antes de que la sanción norteamericana entrara en vigor, evidencia una preocupante cultura de la reacción en lugar de la prevención. El país no puede seguir gestionando sus sectores productivos estratégicos mediante parches normativos de última hora.
