Enmanuel Cedeño Brea ha demostrado ser un asesor completo: abogado especializado en economía y regulación financiera, doctor en Derecho y Economía; maestrías en Derecho y Finanzas, Derecho Bancario y Regulación Financiera.
Desde 2020 ha sido pieza clave en la gestión liderada por el superintendente de Bancos (SB), Alejandro Fernández W., quien exhibe logros en diversas dimensiones, entre los que se destaca el fortalecimiento del cuerpo técnico y especialización de su talento humano para responder a los nuevos desafíos del sistema financiero.
Reconoce que la visión de la actual gestión transformó la composición de la institución. El personal dedicado a funciones misionales pasó del 39% en 2020 al 64% en la actualidad. Al mismo tiempo, el nivel de formación de los colaboradores pasó de un 30% con estudios de postgrado a un 52% con título de maestría o doctorado.
Al tiempo de afirmar que su experiencia en la Superintendencia de Bancos ha sido muy positiva, admite que siempre tuvo interés y curiosidad de servir públicamente desde esa institución. Asegura que el país cuenta ahora con un ente regulador más técnico, más transparente, más innovador y con mejores herramientas para proteger la estabilidad financiera y a los usuarios del sistema.
El periódico elDinero solicitó a Cedeño Brea compartir su experiencia como servidor técnico en la Superintendencia de Bancos, a propósito de servir como asesor general, ya que ha participado en todos los procesos de modernización implementados durante la gestión del superintendente Alejandro Fernández W. A continuación, sus respuestas:
¿Cómo ha sido su experiencia en esta institución?
La experiencia en la Superintendencia de Bancos ha sido muy positiva. Siempre tenía interés y curiosidad de servir públicamente desde la Superintendencia de Bancos. Integrarme a su cuerpo técnico en 2020 fue un hito profesional hecho realidad. Sobre todo, bajo la visión del superintendente Alejandro Fernández W., con la que me identifico, y un equipo técnico competente y de alto voltaje, que sirve a la estabilidad del sistema financiero.
¿Cómo describe la realidad del sistema financiero dominicano por su expansión, valor de los activos y penetración?
El sistema financiero dominicano ha experimentado un enorme crecimiento y expansión en las últimas dos décadas. Ya no es solamente el sistema bancario, cuyos activos superan los RD$4.4 billones. Además, tenemos más de RD$3.4 billones de valores negociables bajo custodia en el mercado de capitales, donde los puestos de bolsa suman activos por RD$409,000 millones, los fondos de inversión RD$473,000 millones de activos bajo administración; y los fondos de pensiones RD$1.5 billones. A esto se suman los fideicomisos gestionados por fiduciarias de grupos bancarios, con activos administrados que superan los RD$530,000 millones. Ciertamente, todos estos activos se solapan y no se deben agregar. Pero no deja de ser ilustrativo de que estamos hablando de un sistema más grande, interconectado y complejo.
¿Qué podría decir de los niveles de solvencia del sistema?
Se mantiene en expansión, gozando de altos niveles de solvencia (18.72%), que son 8.72 puntos porcentuales por encima del mínimo regulatorio (10%), y con adecuada capacidad de absorción de pérdidas esperadas. La cartera de créditos suma RD$2.45 billones y se mantiene creciendo a un buen ritmo. Es un sistema robusto y maduro que ha servido de columna dorsal para la economía dominicana durante un contexto económico internacional retador y convulso.
¿Cómo blinda la independencia de la SB la estabilidad macroeconómica del país?
La independencia de los bancos centrales y de los supervisores financieros es un ingrediente esencial de la institucionalidad, de la estabilidad financiera y de precios. Eso está consagrado en la literatura económica y en los principios internacionales. La idea es tan poderosa que en muchos países se ha tallado en piedra en las constituciones y las leyes monetarias y financieras. Eso hicimos a partir de la Constitución de 2010. La idea es sencilla: blindar a las instituciones supervisoras del ciclo político, porque la Ley Monetaria y Financiera y la Constitución han configurado la independencia para el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en tres dimensiones: funcional, presupuestaria y organizativa.
¿Cómo financia la SB sus actividades y cómo es más eficiente?
La Superintendencia de Bancos recibe recursos directamente de las entidades que supervisa, para contar con un personal técnico capacitado que pueda supervisar y disciplinar a las entidades, y determinar un plan que le permita hacerlo. Eso es esencial y es un logro institucional que nunca debe retroceder. Si las instituciones monetarias y financieras se vuelven políticas, en vez de técnicas, entonces eso cambia el esquema de las decisiones y nos expone a consecuencias macroeconómicas potencialmente adversas, incluyendo inestabilidad financiera.
¿Qué reformas internas han consolidado su independencia?
En los planes estratégicos cuatrienales 2020-2024 y 2025-2028, la Superintendencia ha fijado un eje estratégico de fortalecimiento institucional. Las acciones ejecutadas en este eje se han enfocado en fortalecer su músculo técnico. Esto comienza con los recursos humanos, que son personas con un altísimo perfil profesional. Esto se ha complementado con un plan institucional de capacitaciones, para permitir el desarrollo continuo. Además, un plan de compensación competitivo. El trabajo de la supervisión es complejo e implica la necesidad de tomar decisiones valientes frente a un sector muy poderoso de la economía.
¿Cómo se ha reestructurado el perfil del supervisor bancario dominicano en esta gestión?
Para responder a los nuevos desafíos del sistema financiero, la Superintendencia apostó por el fortalecimiento de su cuerpo técnico y la especialización de su talento humano. Esta visión transformó la composición de la institución: el personal dedicado a funciones misionales pasó del 39% de la plantilla en 2020 al 64% en la actualidad. Al mismo tiempo, aumentó significativamente el nivel de formación de los colaboradores, al pasar de un 30% con estudios de postgrado a un 52% con título de maestría o doctorado. Hemos celebrado tres concursos públicos: dos programas llamados “Jóvenes profesionales”, que es una tradición de larga data de la Superintendencia de Bancos, donde se han reclutado cohortes con diversos perfiles, y que hoy forman parte del torrente técnico con una muy alta tasa de retención. Estos perfiles incluyen economistas, abogados, analistas financieros y auditores. También incluye perfiles tecnológicos, de ciberseguridad, de ciencia de datos y de ciencias actuariales y matemáticas. También se hizo una cohorte de jóvenes supervisores, dirigidos especialmente a esta área.
¿Se trabaja mirando al futuro de la supervisión bancaria?
Actualmente nos encontramos trabajando en un perfil de supervisor del futuro, y haciendo una malla curricular interna para capacitar a los nuevos fichajes. La realidad es que se requieren perfiles especializados, con capacidad analítica, ciencias actuariales y matemáticas; más los perfiles de programación informática y ciberseguridad: ¡qué están en altísima demanda y tanta brega da conseguir y retener en el mercado!
¿Cómo se equilibra la rigidez sancionatoria con el fomento a la competitividad bancaria?
El quehacer sancionatorio está bastante pavimentado: funciona con alta independencia y anclado en el debido proceso. Los departamentos de Supervisión y Prousuario apoderan los casos al Departamento de Sanciones, donde los cargos se evalúan de manera independiente antes de notificarse. La disciplina del mercado es importante. En 2025, por ejemplo, se impusieron 127 sanciones por un total de RD$51.9 millones. Esos recursos no van a la Superintendencia de Bancos, para evitar incentivos perversos, sino al Fondo de Contingencia, que gestiona el Banco Central. Por su lado, a la competencia le llamamos el “séptimo eje” de la gestión, porque en 2020 lo estuvimos contemplando como tal. Pero la realidad que impuso la pandemia apuntaba a mayor consolidación. El tiempo dio la razón con eso, y el sistema así lo ha experimentado. En el sector financiero, la concentración reduce la posibilidad de que entidades pequeñas fallen. Pero también aumenta el riesgo del “demasiado grande para fallar”, que es un mal propio de los sistemas altamente concentrados.
¿Qué indicadores de supervisión que eran reservados hoy son de acceso público?
La SB ha practicado un enfoque de apertura y transparencia, sin comprometer información confidencial. En este sentido, se han fortalecido y ampliado los espacios de difusión de información sobre la institución, las entidades de intermediación y el mercado financiero. Muestra de esto es el registro público de entidades supervisadas, dotado de más datos, informes financieros y de gobierno corporativo de las entidades. Incluye los estados financieros auditados, se verifica que estén publicados correctamente, tanto en la web de la SB como de las propias entidades. Además, el potente SIMBAD, portal estadístico de la SB, despliega un alto número de indicadores financieros en tableros y visualizaciones.
¿En qué nivel de cumplimiento real nos encontramos hoy respecto a Basilea II y III?
La Superintendencia de Bancos se ha propuesto un calendario de actualización normativa de los estándares contables y regulatorios. Este proyecto se conoce como Basilea III 2027 o “B327”. Continuamente, nos hemos referido a este proyecto en presentaciones públicas. Hemos venido trabajando un ambicioso proyecto de actualización con la ayuda del Centro Regional de Asistencia Técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR). Este centro aporta expertos internacionales que nos han apoyado en importantes propuestas de reforma. Esto ha dado lugar a necesarias actualizaciones normativas como un nuevo Reglamento de Protección a los Usuarios Financieros con el primer instructivo que se ha dictado para su aplicación.
¿Qué se ha hecho para seguir avanzan en estos estándares?
Actualizamos el Reglamento de Riesgo Operacional en línea con Basilea III con la intención de que se incluyan cargos de capital por riesgo operacional. Este tema es clave, porque sabemos que el riesgo operacional es cada vez más relevante en un entorno digitalizado y susceptible a fallas tecnológicas y ataques de ciberseguridad. Además, la base contable se ha ido actualizando con la exitosa implementación del uso de valor razonable para los instrumentos financieros de los bancos. Los valores negociables son un 26% del activo total de la banca, por lo que tenerlos correctamente valorados es determinante para tener claridad sobre la suficiencia patrimonial y las utilidades de la banca. La SB ha emitido normas en materia de grupos de riesgo, planificación patrimonial (que se conoce como “ICAAP”,siglas en inglés), metodología para entidades domésticas de importancia sistémica; y para la realización de pruebas de estrés, incluyendo el programa interno de pruebas de estrés. Adicionalmente, la institución preparó un borrador de Reglamento de Liquidez basado en Basilea III.
¿Qué perspectivas hay con estas acciones?
Estas reformas nos acercan más a cerrar esa brecha entre la normativa prudencial criolla y Basilea III. Hacerlo de la mano de expertos del FMI nos da mucha credibilidad. De hecho, el propio FMI es que más ha señalado estas brechas en sus informes de Artículo IV, que hace anualmente al país. Sin embargo, en su última visita de 2025, felicitó a las autoridades por los pasos firmes que se han dado en las materias ya citadas. Es decir, que vamos en buen camino. No obstante, aún faltan algunas brechas por cerrar. Principalmente, en materia de un modelo de riesgo crediticio basado en pérdida esperada (algo que se ha trabajado desde 2022 con el CAPTAC); la reforma del marco de adecuación patrimonial (incluyendo colchones adicionales de capital, pautado para 2026-27); y el de riesgo de mercado, incluyendo tasa de interés en el libro bancario. Persisten retos estructurales que solo pueden abordarse de manera coordinada entre distintas instituciones (Junta Monetaria, Banco Central, Congreso Nacional) y actores privados (entidades supervisadas y sus gremios).
Basilea III exige mayores colchones de capital y liquidez. ¿Podría esto contraer el crédito?
Desde el punto de vista del sistema, la solvencia del sistema ronda 18.7% cuando el mínimo legal es de 10%. Eso se traduce a una sobrada capacidad de absorción de pérdidas con más de RD$245,000 millones de patrimonio técnico por encima del mínimo requerido. Por ende, la visión agregada del sistema sugiere que estamos listos. Puede ser que a nivel individual algunas entidades no tengan los excedentes patrimoniales necesarios, pero en cualquier escenario eso se hace gradualmente. Las medidas de liquidez de Basilea III ya indirectamente se vienen utilizando: particularmente la medida de corto plazo, que se llama Índice de Cobertura de Liquidez, o “LCR”. De hecho, para los puestos de bolsa se requiere desde hace muchos años. Para la banca, la SB lo ha estado midiendo junto al Banco Central, y se publica en el Informe de Estabilidad Financiera del Comité Macroprudencial del Banco Central y en otras publicaciones que ha hecho la SB.
¿Qué hay por definir, entonces?
Está pendiente definir algunos colchones que Basilea III contempla. Por ejemplo, hay uno que se les requiere a las entidades de importancia sistémica. Estas son entidades que, si fallan, las consecuencias o externalidades salpican a la economía real. Las nuestras están bien identificadas y tienen sobrado capital. Pero sería bueno tener ese colchón, etiquetado y requerido, porque es un parachoques adicional. Hay otro colchón que se llama anticíclico, que evoca la historia de José de la Biblia. Se llena en los tiempos buenos (vacas gordas), para usarse y liberarse en los tiempos malos (vacas flacas). Eso sería bueno tenerlo, porque es una herramienta macroeconómica importante. Pero al final, esto es definir los colchones y dar un plazo para que entren en vigor. El sistema está sobrado de capacidad de absorción, y si es necesario se ponen algunos candados para permitir que se llenen las reservas de entidades individuales. Igualmente, en todos los países, pequeños y grandes, se incluyen plazos para aplicación gradual de estos colchones. No se piden de la noche a la mañana. De manera que se conozcan anticipadamente los calendarios y se permitan llenar las reservas sin afectar la actividad crediticia.
¿Es mejorable la Ley Monetaria y Financiera para adaptarla a los nuevos riesgos globales?
La Ley Monetaria y Financiera es de caoba. Es tremenda pieza legislativa, que ha permitido relanzar el crecimiento del sistema bancario contra el relieve de una crisis bancaria, con la ayuda de un marco reglamentario flexible y muy robusto. Está sorprendentemente bien hecha y ha servido su cometido. Dicho esto, lo que ha cambiado es el sistema financiero: en digitalización y gestión de riesgos, la transformación de los 25 años posteriores a la ley supera la de los 50 anteriores. Estamos hablando de un sistema financiero mucho más digitalizado y orientado a los canales no presenciales. Más conectado internacionalmente. Más profundo también en el desarrollo de los sectores fiduciario, seguros, pensiones, cooperativas y mercado de valores. Con unos retos importantes a nivel de coordinación de la regulación y de la supervisión. Por ende, indudablemente hay que calibrar algunos aspectos de la ley. Pero no porque la ley tiene faltas, sino porque el contexto financiero del país ha evolucionado.
¿Cómo se han actualizado las normas de evaluación de activos y gestión de riesgos?
La gestión del riesgo crediticio ha evolucionado significativamente en los últimos años, impulsada por las tendencias internacionales y por la creciente disponibilidad de información y herramientas analíticas. En ese contexto, los enfoques prospectivos han ganado protagonismo, al complementar los análisis tradicionales con una visión más anticipada de los riesgos. Este enfoque requiere capacidades técnicas cada vez más especializadas, tanto en las entidades financieras como en los organismos supervisores. Implica el uso de modelos analíticos y metodologías avanzadas, adecuadamente calibrados y validados, así como la capacidad de interpretarlos y supervisarlos de manera efectiva. Se trata de una evolución relevante para todo el ecosistema financiero, ya que demanda no solo desarrollar y aplicar estos modelos, sino también comunicar sus resultados de forma clara y comprensible a directorios, reguladores, supervisores y auditores externos.
¿Cuán necesario es el desarrollo de capacidades técnicas en este contexto?
El fortalecimiento continuo de las capacidades técnicas es una prioridad para la industria y las autoridades. En materia de riesgo de mercado, lo principal en el marco convencional es el riesgo cambiario, mezclado con los descalces de duración y de tasas de activos y pasivos. Pero con los instrumentos financieros ahora pesando hasta un 26% del activo, y llegando a pesar más de 30% durante la pandemia, la gestión del valor razonable (mark to market), probó ser extremadamente necesaria. En 2023, la crisis del Silicon Valley Bank, un banco regional de Estados Unidos, demostró que el “mark to market” puede hacer inviable una institución en pocas horas.
¿Cuál es la relevancia del riesgo operacional en estos tiempos?
El riesgo operacional también ha cobrado una relevancia central. Incluye, entre otros, los riesgos tecnológicos, de ciberseguridad, legales, de fraude (interno y externo) y de prevención de lavado de activos. Su materialización puede ser fulminante, como se ha observado en otros países: cuando una entidad financiera es señalada en Estados Unidos por lavado de activos, el impacto puede equivaler, en la práctica, a una revocación inmediata de su licencia, es decir, a una muerte súbita institucional. La gestión de riesgos en las entidades se hace mucho más retadora y compleja. No sólo es riesgo de crédito: eso es un componente importante, pero no el único. La regulación, por ende, debe reflejar esto, y el marco de adecuación de capital también debe actualizarse para requerir capacidad de absorción para estos tipos de pérdidas.
¿Cómo evalúa la efectividad del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información?
El Banco Central fue muy visionario con la ciberseguridad. El reglamento ha sido exitoso, y se ha implementado de la mano de un equipo técnico que sirve desde el SPRICS, que es el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad del Sistema de Pagos. El modelo se replicó para el mercado de valores también. En la Superintendencia de Bancos, en 2020 se creó la primera dirección de ciberseguridad. Esto no es poca cosa, porque esta institución gestiona una base de datos de todos los préstamos del sistema financiero, que se conoce como la Central de Riesgos. Además de que se tramitan todas las solicitudes y entregas de información del sector bancario con el Poder Judicial, las autoridades fiscales, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Se creó un departamento para supervisar a las entidades en materia de tecnologías de la información y ciberseguridad. Esto requiere de perfiles especializados que puedan llevar a cabo ese trabajo y tener el acercamiento con los técnicos de las entidades, que están muy avanzadas en esa materia. Implica la capacidad de hacer visitas a las entidades, verificar los sistemas y continuamente monitorear lo que está ocurriendo.
A propósito de la Circular 04-2023, las fintech y los neobancos ganan terreno. ¿Qué avances concretos hay?
Actualmente, no existen planes de crear nuevas licencias. Esto requeriría modificaciones a la Ley Monetaria y Financiera. La Junta Monetaria creó la licencia de Empresa de Pagos Electrónicos en el Reglamento del Sistema de Pagos (SIPARD) y existen algunas. Pero los bancos digitales han optado por apalancarse en las licencias convencionales que amparan menús de operaciones. Hemos dado un gran espaldarazo actualizando la normativa contable sobre capitalización de intangibles en línea con la normativa internacional. Esto es una apuesta a la digitalización, pero también a los intangibles que apoyan la gestión de riesgos, los modelos de negocio y la ciberseguridad. Está en tubería una reforma al marco de tercerizaciones, la cual se ha vuelto más importante. Sobre todo, la gestión de los riesgos de terceros, la concentración de estos proveedores y la fidelidad de los registros para dar seguimiento. Cualquiera despierta un día y se entera de que un proveedor ha sido comprometido en otro país o en el ciberespacio, y eso puede generar riesgos en una entidad supervisada localmente.
¿Cómo está aplicando la SB inteligencia artificial para detectar anomalías en tiempo real?
Tenemos un catálogo de herramientas tecnológicas que se utilizan diariamente. Esto se conoce como el portafolio de Tecnologías para la Supervisión o SupTech de la SB. Esto incluye herramientas como SIMBAD que es el sistema estadístico de la Superintendencia, que pone los datos a disposición del público. Uno de los más completos de la región. Además, existe un SIMBAD interno que usan los supervisores, creado por el Departamento de Estudios Económicos, que se llama DASH. Esto tiene unas configuraciones automatizadas que se están programando que se valen de la IA y de otros algoritmos para dar alertas a los supervisores y los equipos sobre relaciones financieras regulatorias. De hecho, los sistemas informáticos de los datos tienen también validadores y algoritmos en ciertos campos, que indican si hay anomalías o cuestiones que no cuadran. Esto no es nuevo, existe desde hace años, pero se ha refinado y mejorado para otros reportes que se reciben. Pero hay más: Helios, conectada con diversas fuentes de datos en el sector público, y la herramienta de supervisión con la que interactuamos con las entidades, que se llama TeamMate. Pusimos a disposición de las entidades supervisadas un programa que se llama Consulta PEP, donde pueden gratuitamente verificar si algún cliente ha sido reportado como persona expuesta políticamente por otra entidad supervisada.
¿Qué lecciones jurídicas y operativas han dejado la disolución de entidades financieras en los últimos años?
Tenemos fresco el caso de Bancamérica. Pudimos dirigir una salida ordenada, sin perjuicio para los depositantes ni para el Estado dominicano. En ese sentido, se logró proteger a los ahorristas sin comprometer los fondos públicos. Pero siempre hay oportunidades que podemos explorar a futuro. Por ejemplo, una reforma para fusionar las reglas de disolución y liquidación de Ley Monetaria y Financiera con las que contiene la Ley de Riesgo Sistémico 92-04. Desde hace años se ha discutido y propuesto fusionar los dos fondos de riesgo que crean esas leyes: el Fondo de Contingencia y el Fondo de Consolidación Bancaria. Crear un único fondo y actualizar las reglas de uso. Además, de tener una única caja de herramientas para abordar una resolución (disolución) bancaria, indistintamente si es una entidad de importancia sistémica o no.
¿Cómo funciona ahora este mecanismo?
Lo que tenemos ahora es que, si es un banco sistémico, aplican el Fondo de Consolidación y la Ley de Riesgo Sistémico, pero si no es sistémico, entonces aplica el Fondo de Contingencia y la Ley Monetaria, que solamente ofrece dos opciones de estructura para manejar la disolución (ninguna de las dos opciones nunca se ha usado en casi 25 años de la ley). Cuando ambas leyes se crearon, surgieron de manera separada. Pero, además, hubo que esperar que los fondos se fueran nutriendo. Pero ya tienen recursos importantes. Lo más recomendable es que se fusionen y se cree un nuevo procedimiento de resolución único, que cuente con múltiples opciones en virtud de la práctica internacional.
Sobre los esquemas fraudulentos informales, ¿dónde termina la responsabilidad de la SB y dónde empieza la de la justicia penal en estos casos?
La SB lleva mensajes de alerta a través de un programa que se llama Misión Centinela. Hay un comité interno de colaboradores que continuamente detectan estos esquemas y publican circulares de advertencia para el público. La SB tiene un rol de educación y prevención. No tiene un rol persecutor. En nuestro sistema la persecución penal corresponde al Ministerio Público. Trabajamos de la mano con las autoridades para derivar casos a la justicia. También colaboramos con los tribunales y otras autoridades competentes. A través de ProUsuario, la aplicación móvil y la página web, también continuamente se hacen campañas para concientizar. Esta es una labor que no termina. Las entidades y los gremios también se han sumado y continuamente están informando al respecto.
¿Qué oportunidades trae el nuevo Código Penal?
El marco legal también ofrece una novedad. En el Código Penal nuevo que se aprobó y que se ha estado discutiendo recientemente, se incluyen nuevos tipos penales a solicitud de la Superintendencia de Bancos, incluyendo la penalización de las estafas piramidales y de la intermediación financiera no autorizada. El objetivo de estas nuevas infracciones es endurecer las consecuencias de estas actividades. Independientemente de todo esto, en los últimos seis años, sin las herramientas del nuevo código, ya el Ministerio Público ha perseguido casos de alto perfil y obtenido condenas importantes. Por lo que se puede ir hablando de un aumento de la efectividad que es muy notable.
¿Cree usted que la velocidad y transparencia en el proceso de una liquidación evita el contagio?
Un gran experto español de la supervisión bancaria internacional, el señor Aristóbulo de Juan, que además forma parte de la historia de la supervisión del sistema bancario dominicano, dice que la banca debe ser “de entrada lenta y salida rápida”. La velocidad es importante, porque dicen los supervisores avezados de la SB que los activos de un banco en disolución son como un “helado que se está derritiendo en la mano”. Esto es así. No hay lugar a duda. Pero la transparencia también ayuda. Recuerdo en la última disolución bancaria, cómo la visión del superintendente de explicar lo que estaba ocurriendo y la aplicación del equipo de Comunicaciones, llevaron mucha tranquilidad. Incluso, sostuvimos dos reuniones con los principales depositantes de la entidad y todo transcurrió con mucha calma. Nos agradecieron esos grandes depositantes por la transparencia.
¿Monitorean variables en el ámbito internacional para tomar acciones proactivas?
El departamento de Estudios Económicos periódicamente presenta las principales variables nacionales e internacionales que inciden en la economía y el sistema financiero. Es una presentación que está muy pulida y sustanciosa. Incluye medidas de los mercados, análisis de tasas de referencia, precios de los mercados internacionales, precios de productos, seguimiento a la inflación y análisis geopolítico. El equipo, además, incluyó una selección de estos tableros macro en SIMBAD, en una sección dedicada bajo la pestaña de Contexto Macro, que se actualizada continuamente.
Prousuario ha tenido un rol muy visible en esta gestión. ¿Qué dicen los números?
Al cierre de junio de 2026, se ha ordenado devoluciones a favor de los usuarios por más RD$785.9 millones, reafirmando nuestro compromiso con la protección de los derechos de los consumidores financieros. Solo en 2025 se recibieron 6,616 reclamaciones, un incremento de 22% respecto al año anterior, reflejo tanto de una mayor confianza de la ciudadanía en los mecanismos de protección como de una creciente capacidad de respuesta institucional. A estos avances se suma la consolidación de los canales digitales. La aplicación de ProUsuario cuenta con más de 567,000 usuarios registrados; y un portafolio cada vez más amplio de funcionalidades, incluyendo los listados de exclusión de las llamadas molestosas, acceso a la clasificación de riesgos, posibilidad de interponer reclamos y quejas, así como contenidos personalizados de educación financiera, entre otros.
¿Cuán viable y sostenible es una Estrategia Nacional de Educación Financiera obligatoria?
Existe la estrategia (la ENEEF). La lidera el Banco Central, y la SB es parte, al igual que otras instituciones públicas y privadas. Aportamos desde ese foro. Yo coincido con algo que dice el superintendente Fernández W.: tenemos también que reforzar la educación: matemáticas, ciencias, estadísticas, lectura comprensiva. Si tenemos lagunas en esos temas, es difícil hablar de educación financiera.
¿Cómo miden el impacto real de las campañas en los sectores vulnerables?
Medir el impacto de las campañas de información es un reto porque el conocimiento no siempre se traduce inmediatamente en un cambio de comportamiento. Por ello, en la Superintendencia utilizamos diferentes niveles de medición. En primer lugar, observamos los resultados de largo plazo a través de indicadores internacionales. El estándar de oro a nivel internacional es una encuesta que se llama Global Findex que publica el Banco Mundial. La población dominicana adulta con cuentas en alguna entidad financiera o cuentas móviles aumentó de un 51% a un 65% entre 2021 y 2024, de acuerdo con el Informe Global Findex 2025 del Banco Mundial. En segundo lugar, damos seguimiento a indicadores administrativos propios como los que se han ido desarrollando con datos duros en SIMBAD con una serie de tableros dedicados de inclusión financiera. Por ejemplo, tenemos la cifra de deudores únicos que al cierre de mayo eran 2.6 millones. Durante la pandemia, el sistema perdió unos 200,000 deudores únicos. Desde el punto más bajo se han recuperado unos 700,000. Eso es una variable aproximada o proxy de acceso al crédito.
¿Cuáles otras herramientas existen para mejor su impacto?
Existen tableros sobre puntos de acceso bancarios (subagentes, cajeros y sucursales), mipymes y pronto se publicará un aproximado de cantidad de cuentahabientes únicos, un dato clave para medir el acceso al sistema financiero. Complementamos estos indicadores con evidencia cualitativa. El informe “Hacia un Sistema Financiero Inclusivo y Sostenible” integra información tanto de la oferta como de la demanda mediante encuestas a entidades financieras y a personas usuarias de segmentos vulnerables. Esto nos permite conocer no solo cuántas personas acceden a los servicios, sino también cómo perciben su calidad, qué barreras enfrentan, cuál es su nivel de conocimiento sobre los productos financieros y cómo evolucionan las estrategias de inclusión de las entidades. Además, en su edición más reciente incorpora un Ranking de Inclusión Financiera, que evalúa el desempeño de las entidades en materia de acceso, uso, calidad y estrategias institucionales de inclusión.
¿Hay otros objetivos o alcances cuando se hace una campaña?
Nuestro objetivo no es medir únicamente el alcance de una campaña o el número de personas alcanzadas, sino verificar que la información genere cambios reales en el acceso, el uso responsable y la confianza en el sistema financiero. Es ahí donde cobra relevancia el concepto de ciudadanía financiera que promueve el superintendente Alejandro Fernández: que las personas no solo tengan acceso a productos financieros, sino que cuenten con los conocimientos, las habilidades y la confianza para utilizarlos de manera informada, ejercer sus derechos como usuarios y tomar decisiones que contribuyan a su bienestar financiero. Esa ciudadanía financiera representa, como ha señalado el superintendente, la próxima frontera del bienestar de las personas.
¿Cuáles reclamos son más frecuentes en ProUsuario, a propósito del auge de los canales digitales?
Durante el primer semestre de este año 2026, cerca del 60% de las reclamaciones recibidas estuvieron asociadas a las categorías de consumos no reconocidos, transferencias no reconocidas, transferencias erróneas, retiros de efectivo no reconocidos y efectivo cargado no dispensado. Para atender estas situaciones, en el ámbito regulatorio e institucional, la Superintendencia ha fortalecido el marco normativo de protección al usuario, incorporando mayores exigencias en materia de seguridad y atención de reclamaciones. Destaca, un nuevo reglamento de protección a los usuarios de corte mundial, el primer instructivo y la creación del Servicio de Atención al Usuario (SAU) en las entidades, que es un oficial o equipo responsable del bienestar de los usuarios.
¿Cómo funciona la mesa de articulación técnica interinstitucional?
Funciona muy bien. La relación de trabajo entre la Superintendencia de Bancos y el Banco Central es muy sólida y fluida. Son dos instituciones hermanas que comparten casi 80 años de historia y tienen un ente superior común que es la Junta Monetaria. Hay mucho respeto mutuo y espíritu colaborativo para coordinar acciones de manera efectiva. Entre las superintendencias financieras, también. Desde 2020, las superintendencias financieras relanzaron un protocolo de entendimiento y se realizan anualmente unas inspecciones conjuntas a los grupos financieros. Ya está en curso la cuarta inspección anual, donde se concluye con un colegio de supervisores donde participan los ejecutivos de los grupos y todos los superintendentes. Es un ejercicio muy valioso que nunca se había podido ejecutar, a pesar de que el acuerdo data del año 2006, se hizo operativo en 2021. También hay supervisiones conjuntas en materia de prevención de lavado de activos a las fiduciarias. Se llevan a cabo entre SIMV, SB y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Hay otros espacios de coordinación, como son la Comisión Clasificadora de Riesgos de pensiones; el Conclafit; la Junta Monetaria, el Hub de Innovación Financiera; el Comité Macroprudencial y otras comisiones de trabajo ad hoc que se reúnen.
¿Qué convenios internacionales de supervisión conjunta se han fortalecido en los últimos años?
La Superintendencia de Bancos cuenta con varios acuerdos de intercambio de información y de supervisión transnacional. Por ejemplo, con la Superintendencia de Bancos de Panamá, con el Banco Central de Jamaica, con la Superintendencia de Bancos de Canadá, la Comisión de Banca y Valores de México, entre otros. Además, somos parte, y actualmente el país preside, representado por el superintendente Fernández W., el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras. También somos miembros y parte del directorio de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). También somos parte como país, a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Grupo Egmont y del Gafilat, que es el máximo órgano regional en materia de prevención de criminalidad financiera. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) también estamos articulados para recibir solicitudes internacionales que se tramitan conforme con los protocolos existentes. El lavado de activos es una amenaza latente.
¿Cómo califica la efectividad de la supervisión en las entidades más pequeñas?
La experiencia en el último quinquenio ha sido muy práctica. Ha estado basada en una estrategia combinada que incluye: Asistencias técnicas con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos (OTA), y más recientemente con el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional (PACCTO) de la Unión Europea. Estas asistencias anualmente se combinan con planes focalizados de inspección, y revisiones temáticos u horizontales, que se han discutido con el sector supervisado. Además, en los casos donde se identifican oportunidades, se imponen planes de acción con puntos de control periódicos donde las entidades tienen que demostrar cómo van avanzando con los hallazgos.
¿Cuáles acciones son las más urgentes cuando hay alertas en este sentido?
Si hay debilidades en la gestión de riesgos de una entidad, se requiere de un plan de acción con seguimiento intensivo. Estos planes tienen acciones concretas en materia de personal, directivos, tecnologías, remediaciones y resultados esperados. Si no hay capacidad de implementarlo técnicamente desde la entidad, entonces se motiva una salida ordenada del sistema o una revocación de la licencia. Si se detecta o evalúa que una persona no es idónea, como accionista, director o ejecutivo, se comunica para gestionar una salida ordenada. Digamos que hay una caja de herramientas que se emplean para enfrentar distintas situaciones, y se viene desplegando de manera efectiva y sin mucho ruido.
¿Cuál considera es el mayor legado, regulatorio o no, de la gestión de Alejandro Fernández W.?
Es una gestión multifacética que exhibe logros en varias dimensiones. Es una vid, con muchos racimos. Por donde quiera que se mida hay varios logros. ProUsuario e inclusión financiera: una aplicación digital con más de 567,000 usuarios activos; una oficina que está atendiendo más de 6,000 reclamos anualmente con una tasa de favorabilidad para los usuarios de 63%; en materia de supervisión, se aprobó e implementó el marco de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) y las 45 entidades de intermediación financiera (EIF) están calificadas y en conocimiento de su rating interno. En el plano institucional, se impulsó la modernización tecnológica, la profesionalización del capital humano y la adecuación de la infraestructura física para responder mejor a las exigencias de una supervisión moderna. Coincidiendo con la visión planteada en el artículo “Fortaleza institucional como activo país”, diría que fue haber fortalecido la institución para que trascienda a las personas. Los resultados son importantes, pero las capacidades que quedan lo son aún más: una Superintendencia más técnica, más transparente, más innovadora y con mejores herramientas para proteger la estabilidad financiera y a los usuarios del sistema. Pienso que el mayor legado moral del superintendente Fernández es su competencia técnica (pocas personas han estado mejor preparadas para una posición como él); su visión, y su irreductible ética y predisposición de hacer lo correcto.
