Representantes de China y Estados Unidos se volvieron a ver las caras este martes en Shanghái en la primera ronda de negociaciones comerciales tras la cumbre celebrada el pasado 29 de junio en el marco de la cumbre del G20 entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense, Donald Trump.
Por parte estadounidense acuden el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, mientras que por la china serán el vice primer ministro Liu He y el ministro de Comercio, Zhong Shan, quien no participó en las anteriores rondas.
Según la prensa local, esta nueva fase de las tratativas comenzó con un perfil muy bajo en la capital económica de China, donde tan solo el dispositivo de seguridad desplegado a las afueras del hotel donde se aloja la delegación estadounidense indicaba que se estaba celebrando.
Las negociaciones se detuvieron en mayo, y Trump subió del 10 al 25% los aranceles a 200,000 millones de productos chinos, lo que llevó a Pekín a imponer tasas a productos estadounidenses por valor de 60,000 millones.
En la cumbre del G20, los dos jefes de Estado acordaron una nueva tregua, por la que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles al resto de las importaciones procedentes de China y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.
No obstante, los analistas descartan que se vaya a cerrar un acuerdo definitivo en esta ronda de tratativas; el economista jefe del banco de inversión chino CITIC Liao Qun explica en un artículo publicado en el diario nacionalista Global Times que “se puede esperar un acuerdo comercial parcial y temporal”.
“Trump podría presumir de un acuerdo parcial y temporal favorable a EE. UU. y una gran victoria diplomática y económica, lo que le daría más impulso de cara a su posible reelección. China podría acabar con las interferencias de la guerra comercial en la economía doméstica y en sus mercados y poner atención a las reformas y a resolver los problemas económicos”, apunta el experto.
Pese a que ambas partes parecen haber acercado posturas en las últimas semanas, China se niega a cruzar tres líneas rojas: exige la anulación de los aranceles adicionales a sus productos, se niega a que sus compras de bienes estadounidenses no “se correspondan con la realidad”, y quiere que el acuerdo sea justo para ambas partes.
Así pues, Pekín se niega a llevar a cabo reformas económicas o políticas que “pongan en riesgo la dignidad nacional” de China, es decir, su soberanía para decidir las líneas maestras del funcionamiento del país.
Continúa sin haber acuerdo en temas como las dificultades para que las empresas estadounidenses accedan al mercado chino o que, una vez ahí, partan en desventaja contra las estatales chinas, subsidiadas por Pekín.
Tampoco hay postura común en propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología o ciberseguridad.
EE. UU. mantiene en vigor sus aranceles a productos chinos por valor de 250,000 millones de dólares, y China conserva sus gravámenes a importaciones estadounidenses por 110,000 millones de dólares.
Las tensiones entre Washington y Pekín tienen sus raíces en el desequilibrio de la balanza comercial a favor de China, que exporta 419,000 millones de dólares más de lo que importa desde Estados Unidos, y que Trump asegura que se debe a las injustas prácticas comerciales del gigante asiático.
