Las autoridades de República Dominicana están obligadas a realizar una investigación seria y a fondo sobre un hecho grave: el posible sabotaje a las votaciones municipales del pasado domingo.
Además de socavar la credibilidad de la Junta Central Electoral (JCE), la suspensión del proceso por problemas técnicos en el voto automatizado, trae intranquilidad a la población y afecta a toda la institucionalidad democrática de República Dominicana.
El montaje del proceso tiene un costo económico alto, sobre todo para un país al que, como República Dominicana, no le sobran los recursos. El Presupuesto 2020 asigna a la JCE un monto de RD$10,864,798,551, de los que RD$4,489,118,070 están destinados a garantizar que la población participe en “procesos electorales organizados, oportunos y eficientes”. Lo que no ocurrió el domingo.
Todavía los números no están del todo claro. El año pasado la JCE planteó que los procesos para escoger a las autoridades municipales, congresuales y presidenciales costarían unos RD$8,377 millones.
La necesidad de unos nuevos comicios municipales, como ya estableció la JCE en una nueva proclama que llama a las urnas para el 15 de marzo, obliga a repensar los montos presupuestados. Los contribuyentes cargan con el costo.
Ni la JCE, ni el Gobierno central, ni los partidos han ofrecido detalles del costo que tuvo el abortado proceso de votación del pasado domingo. Esperamos que esa información se dé a conocer, que se investigue si hubo un sabotaje y quiénes son los responsables y que el país pueda acudir a las urnas.
