Con la reciente promulgación de la Ley No. 47-20 sobre Alianzas Público Privadas, República Dominicana cuenta con una moderna legislación que aglutina y mejora diversas disposiciones en la materia, que eran dispersas e incompletas.
Sin lugar a dudas, las alianzas público privadas (APPs) representan una importante herramienta para facilitar el desarrollo nacional, ya que permite al Estado colaborar con inversiones (nacionales e internacionales) en la realización de proyectos en el país.
No obstante, uno de los elementos más cuestionados sobre las APPs es la preocupación de ciertos sectores de que a través de las mismas, el Estado asuma una importante proporción de los riesgos asociados con un proyecto, a la vez que ceda los beneficios económicos del mismo a favor de los inversionistas. Esta consideración es una de las nociones que maneja la Ley 47-20, ya que lo trata de manera expresa entre sus disposiciones.
La ley dispone que las APPs “implican una distribución de riesgos entre el sector público y privado, asignando los mismos a aquel con mayor capacidad para administrarlos al menor costo posible.” De esta definición se desprenden tres consideraciones: los riesgos no desaparecerán en los proyectos, sino que deben ser administrados; deben ser asignados claramente entre las partes; y el elemento fundamental es determinar cómo hacerlo al menor costo posible.
Respecto a la necesidad de evaluar las APPs, se crea la Dirección General de Alianzas Público Privadas, que entre sus funciones técnicas tendrá la obligación de realizar una evaluación de todos los proyectos de APPs presentados, incluyendo el tema de la distribución de riesgos. De hecho, la ley dispone en su texto varios artículos en los cuales se define el concepto de “riesgo”, la clasificación de riesgos a regularse y los mecanismos de valoración y transferencia de riesgos, todos elementos que deberán ser tomados en cuenta en los contratos de APPs.
En cuanto al elemento de costos, precisamente lo que se procura con las APPs es identificar las formas más costo-eficiente de realizar obras necesarias para el país. Por ende, en las mismas no se busca eliminar, sino mitigar, los riesgos, a la vez que los debe administrar con miras a que la parte –Estado o inversionista privado– que esté en mejores condiciones de asumir el riesgo así lo haga.
La nueva ley de APPs ofrece una importante herramienta de desarrollo para nuestro país, la cual debe ser aprovechada a su máximo. Pero es de primordial importancia que se administren los riesgos de manera adecuada para que permanezca y aumente la confianza pública en el mecanismo de las APPs.
