El Gobierno argentino ha cifrado en US$68,843 millones el valor de la deuda pública a negociar con los acreedores para su reestructuración, según el decreto 250/2020 publicado en el Boletín Oficial del país.
Esta cifra supone la cantidad nominal máxima de las operaciones de administración de pasivos, canjeos y reestructuraciones de los títulos públicos de Argentina emitidos bajo ley extranjera.
El decreto también ha determinado que las prórrogas de jurisdicción estén en línea con los tribunales estatales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York, Londres y Tokio.
Así, el informe ha puntualizado que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será “exclusivamente” por reclamaciones que pudieran producirse en las jurisdicciones que se prorroguen, en relación a contratos suscritos y a las operaciones de crédito público realizadas.
El decreto también resalta que esto no implicará ninguna renuncia respecto a la inmunidad de Argentina en relación a la ejecución de bienes que se encuentren en el exterior.
Por otra parte, el escrito ha destacado que, a efectos de resolver la situación de “inconsistencia macroeconómica”, resulta “fundamental” implementar políticas de deuda como parte de un programa integral diseñado para recuperar un crecimiento sostenible de la economía y restaurar la sostenibilidad de la deuda pública.
