El ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, consideró que la construcción de una terminal de recepción de gas natural en San Pedro de Macorís, en lugar de permitir ahorros, implicará costos para el país, derivados de la disposición de un exceso de infraestructura para los mismos fines.
“Ningún actor privado puede decir que en materia de infraestructura energética crítica está haciendo una inversión a su libre riesgo, porque todos los empresarios saben que ese tipo de infraestructura lo termina pagando el servicio público al cual están vinculado, en este caso el eléctrico o el servicio de transporte”, arguyó.
El funcionario defendió los aprestos para construir una terminal en la bahía Manzanillo, en el noroeste del país, debido a los beneficios que traería para la región. Esta nueva construcción, junto a la ya existente en la región Suroeste (la más grande del Caribe y que se encuentra en subutilización) permitirán cubrir las necesidades de todo país. Es por ello que restó valor al proyecto de VICINI encaminado a levantar una terminal en el Sureste.
“El ministerio tiene una posición muy clara sobre el particular. Quien fija dónde deben ir las infraestructuras críticas no son los agentes privados. Tiene que ser el Estado en función de su visión de seguridad energética y de desarrollo de infraestructura”, recalcó Castillo.
Par el funcionario, el sector privado debe reconocer que este tipo de proyectos, con un alto impacto en el país, deben gestionarse mediante una política pública bien articulada, que impida concesiones ineficientes que al final perjudiquen al país.
También, reconoció la necesidad de resguardar y motivar la competencia, evitando los monopolios y oligopolios, pero desaprueba que la solución del problema se aborde mediante la construcción de más terminales que las necesarias.
Para desarrollar la infraestructura gasífera del país, el ministerio utiliza dos herramientas. Por un lado, tiene en consulta una “norma de acceso a terceros” a la infraestructura de gas natural, que permitiría que cualquier actor privado tenga la posibilidad de importar utilizando la estación, con facilidades a almacenaje, regasificación y transporte. También, las autoridades pretenden crear una “red nacional de gasoducto”, una empresa que cuente con la alianza público-privada.
Castillo habló durante la firma de un convenio con el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá, con el que ambas instituciones se comprometen a fortalecer el sistema de gestión del Ministerio de Energía y Minas.
“Este ministerio cuenta con documentación de gran valor histórico y estatal, por lo que ambas entidades consideran de sumo interés que ésta sea tratada, identificada y archivada según los criterios archivísticos”, explicó Cassá.
