La exposición al riesgo de delitos de lavado de activos durante y después de la pandemia del covid-19, afectará a decenas de países, incluyendo a República Dominicana, debido al aumento de fraudes financieros por operaciones remotas, incremento de casas de empeño, tráfico de medicamentos falsificados, oferta de inversiones fraudulentas y repunte de acciones relacionadas con la corrupción.
El planteamiento lo hace Aileen Guzmán Coste, socia fundadora de División Cumplimiento Trixlex-Legal, quien advierte sobre la urgencia de robustecer en el país las acciones para combatir y prevenir el lavado de activo y disminuir las vulnerabilidades que surgen producto de la enfermedad.
Recordó que el lavado de activos puede penetrar cualquier industria o sector, y más en momentos de crisis.
“El covid-19 y el lavado de activos guardan similitud; son amenazas globales con una velocidad exponencial”, asegura Guzmán Coste. Indica que, pese al cierre de algunas actividades económicas y la disminución de otras, los “malhechores de la ilicitud” se aprovechan, más que nunca, de la coyuntura actual para cometer sus actos.
Coste recuerda que todo riesgo es “medible” en función de la probabilidad de su ocurrencia o su nivel de impacto.
De ahí la importancia, asegura, de trabajar sobre mecanismos de control que sirvan para disminuirlo y sobre el nivel de impacto para poder mitigar el riesgo.
Indica que se debe efectuar un análisis para determinar si los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son los mayores. Agrega que los gobiernos también tendrán que identificar las principales vulnerabilidades y tratarlas.
Mientras, las instituciones, afirma, deberán identificar aquellos clientes que presenten mayor exposición al riesgo, así como de productos y servicios, incluyendo los canales de entrega y las ubicaciones geográficas.
“Estas no son evaluaciones estáticas, sino que cambiarán con el tiempo, dependiendo de las circunstancias que las rodean y las formas que adopten las amenazas”, añade.
Emergencia nacional
Guzmán Coste sostiene que la situación de emergencia nacional y la flexibilización de los procedimientos de adquisición de bienes, establecido por los gobiernos, incluyendo el de República Dominicana, aumenta el riesgo de corrupción.
“Y sin dejar de mencionar que algunos proveedores de productos aprovechan la crisis para alterar los precios de los productos (al margen del aumento de la demanda) considerados ‘vitales’, y algunos eligen la opción de falsificarlos o reducir su calidad”, expresa.
En ese sentido, indica que el desafío en la rigurosidad de prácticas de contratación no debe verse solo desde el sector público sino también en el sector privado.
Sector financiero
Guzmán Coste destaca que el sector financiero se encuentra frente a retos “sin precedentes”. La implementación del teletrabajo, la reducción de jornada de servicio, aumento en las transacciones electrónicas y acceso a sus recursos tecnológicos con limitaciones suponen mayores riesgos a sus mecanismos de protección en ciberseguridad.
Asimismo, dice que la dificultad en sus tareas de cumplimiento, tanto regulatorio como de prevención de lavado de activos, podría generar imposibilidad de detención en fraccionamientos de pagos (pitufeo); mayor peligro en el cruce de información, verificación de identidad, mínima generación de alertas por cambios en transaccionalidad y mayor volumen de pagos.
En ese tenor, cita que la Superintendencia de Bancos indica: “Las entidades de intermediación financiera y cambiarias y fiduciarias, deberán asegurar que su sistema de gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, funcione de forma efectiva, eficiente y oportuna, en respuesta a la dinámica que tienen los citados riesgos, revisando periódicamente, el marco de gestión y el programa de cumplimiento, para realizar los ajustes, que consideren necesarios, como consecuencias de posibles amenazas o vulnerabilidades, por la posibilidad de que algunas medidas o controles se afecten, por el manejo de la situación actual, generada por el coronavirus”.
Por su lado, el sector no financiero también jugará un rol determinante. Guzmán Coste entiende que debe tener dentro de sus planes de acción la modificación del mapa de riesgo y los aspectos establecidos en manuales, así como políticas mediante detección de vulnerabilidades conforme los riesgos ante la crisis.
“El problema del covid-19, en materia de prevención de lavado de activos, se extenderá más allá de lo previsto; por esta razón las empresas, en especial aquellas que se constituyen en sujetos obligados deben robustecer sus medidas de monitoreo y control y de conocer tu cliente ante la reapertura de la actividad comercial”.
La especialista agrega que se debe poner énfasis en el comportamiento de los clientes o posibles clientes y proveedores, y, sobre todo, en aquellas actividades o sectores que estuvieron totalmente inactivos, esencialmente en su forma habitual y dinámica de negocios.
Señala que la única forma de posibilitar la medición del riesgo de lavado de activos es a través de la identificación de los lugares donde impacta, vinculados a la institución.
Destaca que el aprendizaje debe estar orientado a ser proactivos respecto a la gestión de riesgos ante el covid-19, tener en cuenta la implementación de planes de contingencia y que la sostenibilidad se logra con integridad y cumplimiento.
“El cumplimiento en estos momentos es vital y no debe reducirse, y quienes ejercen funciones en esta área no deben bajar la guardia”, asevera Guzmán Coste.
