En vista de que la economía dominicana ha sufrido un frenazo brusco, por el inicio de una cuarentena a finales de marzo para enfrentar la pandemia del coronavirus covid-19, las autoridades monetarias han estado identificando fuentes de financiamientos que han de utilizarse para dos aspectos específicos: cubrir el acrecentado déficit fiscal, causado por una caída de las recaudaciones, y satisfacer las necesidades de recursos adicionales para asistir económicamente a los sectores empresarial y a la población en general.
El Gobierno captó al menos 14,000 millones de pesos de los fondos de riesgos laborales de la seguridad social, así como otros 12,000 millones de pesos que le prestó el Banco Central. En forma adicional, ha captado otros 40,000 millones de pesos con la emisión de bonos de Hacienda, que fueron invertidos de los fondos de pensiones.
De su lado, el propio Banco Central gestionó un préstamo de 650 millones de dólares proveniente de recursos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha estado haciendo otras gestiones de facilitación de liquidez por parte otras organizaciones internacionales.
Entre esas gestiones está el acceso a las facilidades de liquidez que ofrece la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), equivalente al Banco Central de ese país, para los bancos centrales de los países amigos que, como República Dominicana, pudieran necesitarla.
El propio gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha informado que la FED de Estados Unidos ya le aprobó a República Dominicana las facilidades de liquidez por un monto de hasta 3,000 millones de dólares. Una suma nada despreciable.
Pero ese dinero no es reganado, ni para desembolso inmediato. Se trata de dinero en forma de préstamo a ser colocado en la medida en que el Estado dominicano, a través del Banco Central, lo vaya requiriendo, con la debida justificación.
Esto ocurre en momentos en que el país está inmerso en una campaña electoral con miras a unas elecciones presidenciales y congresuales que han de celebrarse el 5 de julio, con una posible segunda vuelta el 26 del mismo mes y un cambio de mando gubernamental el 16 de agosto.
Los principales candidatos a la presidencia, es decir, los que están en competencia con posibilidades de alcanzar el triunfo, han presentado sus programas de gobierno y han coincidido, aunque con diferentes estrategias, en que se requieren inversiones cuantiosas en la construcción de obras de infraestructura como uno de los principales motivadores de la reactivación económica.
Estos planteamientos son acertados, si consideramos que el sector construcción es uno de los principales dinamizadores de la economía, debido a su amplio encadenamiento con la actividad económica formal y también la informal. Donde hay construcción se genera empleos, se requieren suplidores de materiales y equipos de parte de diversas empresas ligadas al sector y a la vez surgen diversos negocios informales para suplir las necesidades de los miles de obreros que se ocupan.
Pero lo que no han precisado los candidatos presidenciales es cómo el Gobierno obtendría el dinero para invertirlo en obras de infraestructura. Es indudable que la única fuente visible de acceso a recursos en un escenario de parálisis que ha afectado seriamente las recaudaciones fiscales, es el endeudamiento público.
Una buena fuente de acceso a dinero financiado con bajas tasas de interés y posibles facilidades en las condiciones de pago, pueden ser esos 3,000 millones de dólares de liquidez que está dispuesto a ceder la FED de Estados Unidos al Banco Central dominicano.
De ser posible, lo ideal es que las autoridades monetarias hagan todo lo posible por garantizar la liquidez necesaria de divisas, especialmente en estos días de devaluación monetaria, con base en sus amplias reservas internacionales y sin hacer uso de esa facilidad de liquidez de la FED.
El acceso a esos recursos del Banco Central estadounidense, debe dejarse para el uso de las autoridades gubernamentales que han de asumir el 16 de agosto, pues es seguro que ese dinero puede servir perfectamente como fuente de financiamiento para la necesaria inversión en construcción que haría el Estado en procura de reactivar el crecimiento macroeconómico y la recuperación que tanto necesita República Dominicana.
