La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) proclamó que causa “honda preocupación” el nivel de descrédito en que está cayendo el Poder Judicial a raíz de decisiones de tribunales altamente cuestionadas por la sociedad.
El presidente de la entidad empresarial, Antonio Taveras Guzmán, justificó que diversos sectores del país se muestren sorprendidos sobre el curso que han seguido procesos judiciales por corrupción administrativa en los que están envueltos funcionarios que administran o administraron fondos públicos.
“Nos sentimos sumamente preocupado por el creciente cuestionamiento de la ciudadanía a uno de los pilares de la democracia, como es el Poder Judicial. La pérdida de confianza en la justicia no sólo debilita este poder del Estado, sino que hasta atenta contra la estabilidad económica y la cohesión social”, advirtió el dirigente empresarial.
Sostuvo que el flagelo de la corrupción administrativa es un delito social que impacta y afecta el bolsillo de todos los ciudadanos y ciudadanas, roba el esfuerzo, el fruto del trabajo honrado y constituye una burla al empresariado que crea riquezas cumpliendo con sus obligaciones tributarias.
El presidente de la AEIH recordó que la Constitución de la República en su artículo 146 condena toda clase de corrupción y establece que los funcionarios deben probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones.
Subrayó que el aumento de patrimonio no justificado de los funcionarios públicos debe ser una condición necesaria y suficiente para que el Ministerio Público desarrolle investigaciones, sometimientos y la justicia se ocupe de los procesos basada en el estado de derechos.
Por otro lado, la AEIH impugnó el uso de “tecnicismos jurídicos” y las interpretaciones acomodadas de las leyes para favorecer y obviar sanciones a funcionarios implicados en casos de corrupción, pues esa conducta todo lo que hace es fortalecer la cultura de impunidad.
Tras señalar que el sistema judicial del país requiere fortalecimiento, subrayó que el estado de derecho, el respecto y apego irrestricto a las reglas pactadas trae confianza y certidumbre a los inversionista. “La seguridad jurídica es vital para el desarrollo integral de la sociedad”, sostuvo.
Indicó que para eso se requieren jueces probos, honestos y que tomen decisiones atendiendo a criterios jurídicos, sin sesgos de carácter político. Dijo que, como contraparte, el sistema judicial demanda un Ministerio Público independiente, que represente al conjunto de la sociedad y no a parcelas políticas.
