Cada día, al menos seis dominicanos salen de sus casas y no regresan por un accidente de tránsito.
No ocurre en una guerra ni durante una catástrofe natural. Ocurre camino al trabajo, a la escuela, de regreso a casa o durante un trayecto cotidiano. En República Dominicana, conducir se ha convertido para muchos en un ejercicio permanente de atención, paciencia y supervivencia, en medio de imprudencias, exceso de velocidad, motocicletas que irrumpen entre carriles y un sistema vial que parece haber normalizado el riesgo.
Desde hace años, una de las advertencias más repetidas entre conductores es casi un reflejo cultural: “cuídate de los motores”. Pero detrás de esa frase cotidiana existe una crisis mucho más profunda: una emergencia de salud pública, productividad y seguridad vial que le cuesta al país miles de vidas y miles de millones de pesos cada año.
Los números ayudan a explicar por qué. República Dominicana figura entre los países con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en América Latina y el Caribe, además de ocupar el cuarto lugar de la región en muertes en motociclistas registradas en 2024. Según el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, entre 2016 y 2024 la tasa de mortalidad vial del país se mantuvo entre 25.9 y 30.9 muertes por cada 100,000 habitantes, muy por encima de la tasa global de 18.2 y la regional de 15.6.
Los accidentes de tránsito a nivel nacional ya no representan únicamente un problema de movilidad. También se han convertido en un desafío de salud pública, productividad y presión económica para el país.
De acuerdo con Benoit Lefevre, especialista líder en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, detrás de cada accidente hay familias que enfrentan pérdida de ingresos, gastos médicos, procesos de rehabilitación y, en muchos casos, secuelas permanentes.
“Hemos analizado que las pérdidas económicas se estiman en alrededor de un 2.21% del producto interno bruto (PIB) y una fuerte presión al sistema de salud”, sostiene Lefevre.
A su juicio, la seguridad vial debe entenderse como un tema de desarrollo y protección de vidas, más allá del tránsito y la movilidad cotidiana.
“No estamos hablando solo de movilidad, sino también de la capacidad del país para evitar pérdidas humanas y económicas prevenibles”, afirma.
Estadísticas del caos de la crisis de la emergencia del problema vial
Entre 2021 y 2025, los registros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), suministrados a elDinero, contabilizan 81,075 accidentes de tránsito a nivel nacional. En esos mismos cinco años, las estadísticas oficiales reportan además 95,969 personas lesionadas y 9,965 fallecidos.
Accidentes de tránsito a nivel nacional entre 2021 y 2025
En promedio, los datos muestran que cada año se registraron alrededor de 16,215 accidentes de tránsito, 19,194 personas heridas y cerca de 1,993 fallecidos asociados a siniestros viales en República Dominicana durante el período analizado.
Estamos hablando de que, en el país, desde 2021, se han registrado en promedio 44.4 incidentes de tránsito por día, junto con 52.6 heridos diarios y poco más de cinco decesos en cada jornada. Dicho de otra forma, cada siniestro vial dejó en promedio 1.18 persona herida, mientras que aproximadamente uno de cada ocho accidentes terminó con una víctima mortal. En términos acumulados, esto equivale a unos 118 lesionados por cada 100 accidentes registrados entre 2021 y 2025.
Los accidentes de tránsito no pusieron el freno en los últimos años, por el contrario, aceleraron su crecimiento. En comparación con 2021, los incidentes de tránsito aumentaron en 2,917 casos hacia 2025, equivalente a un crecimiento de 18.8% en cinco años. El salto más pronunciado ocurrió entre 2024 y 2025, cuando las estadísticas sumaron 2,061 eventos adicionales en apenas un año, un incremento de 12.6%.
Las cifras pueden adquirir incluso una dimensión más oscura cuando se observan los registros hospitalarios y sanitarios consolidados por el Ministerio de Salud Pública, que integran datos del certificado médico de defunción, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). Estas estadísticas pueden incluir casos que no necesariamente quedan registrados inicialmente dentro de las bases operativas de tránsito.
Entre 2010 y 2024, República Dominicana acumuló 35,135 muertes asociadas a accidentes de tránsito. En promedio, esto equivale a alrededor de 2,342 fallecidos al año y unas 6.4 muertes por día durante los últimos 15 años.
Dicho de otra forma, mientras transcurre un día cualquiera en República Dominicana, varias familias reciben una llamada, una noticia o una visita inesperada que cambia todo. Un hijo que no llegó, un padre que no regresó, una madre cuya rutina terminó en una carretera.
muertes asociadas a accidentes de tránsito, entre 2010 y 2024
Los registros también muestran que las muertes por accidentes de tránsito se han mantenido durante más de una década en niveles elevados. Desde 2013, las estadísticas nacionales superan cada año las 2,200 defunciones asociadas a siniestros viales. El punto más alto de toda la serie aparece en 2016, cuando el país registró 2,861 fallecidos por accidentes de tránsito.
Para Lefevre, el problema mantiene un fuerte impacto humano, social y económico. Según explica, en los últimos años el país ha registrado alrededor de 2,900 muertes y más de 109,000 lesionados anuales por siniestros viales, equivalente a unas ocho muertes diarias.
El especialista advierte además que la mayor parte de las víctimas se concentra en población joven y económicamente activa. “El 61% de los fallecidos está entre 15 y 39 años”, sostiene. Como muestra de la gravedad del problema, señala que solo en 2022 murieron 329 niños y adolescentes asociados a accidentes de tránsito.
La concentración de lesionados también refleja un patrón marcado por edad y sexo. Los datos acumulados entre 2021 y 2025 indican que el grupo de 20 a 29 años concentra la mayor cantidad de personas heridas en accidentes de tránsito, especialmente hombres. Solo en ese rango etario, las estadísticas reportan más de 150,000 hombres lesionados durante el período analizado.
Para entender mejor el panorama, hay que mirar el parque de vehículos de República Dominicana, que alcanzó 6,640,871 unidades al 31 de diciembre de 2025, según el Boletín Parque Vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Solo las motocicletas concentran la mayor participación, con 57.9% del total de vehículos registrados. Es decir, 3.846.694 unidades. Le siguen los automóviles con el 17,9% (1.188.583), las “jeepetas” con el 12,0% (797.851) y los vehículos de carga con el 8,7%, mientras que el 3,5% restante corresponde a autobuses, máquinas pesadas, volteos y otros tipos de vehículos.
Accidentes de motocicletas entre 2021 y 2025
Es de esperarse que, en esa misma magnitud, los incidentes con los vehículos de dos ruedas sean los de mayor incidencia.
De los 81,075 accidentes registrados a nivel nacional, 60,725 estuvieron relacionados con motocicletas. Es decir, aproximadamente tres de cada cuatro accidentes de tránsito en República Dominicana involucraron motores entre 2021 y 2025.
Para muchos dominicanos, el sonido de una motocicleta acercándose demasiado rápido, irrumpiendo entre carriles o apareciendo en vía contraria ya forma parte del estrés cotidiano de conducir. Pero detrás de esa percepción existe una realidad estadística difícil de ignorar.
Ninguna otra categoría se acerca a ese volumen de accidentes. Los peatones aparecen como el segundo grupo con más registros, con 6,459 casos acumulados, mientras que los carros suman 5,907 accidentes en el mismo período.
A eso se suma que las conductas de mayor riesgo en las vías que muestran una concentración marcada en un riesgo específico: el no uso del casco en motocicletas. Los datos suministrados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a elDinero indican que entre 2020 y 2025 registran 3,915,827 infracciones asociadas al riesgo vial identificados a nivel nacional, de los cuales 2,753,726 corresponden al no uso de casco.
Las cifras muestran que siete de cada diez registros entre infracciones más comunes en el tránsito detectados durante esos seis años estuvieron vinculados a motociclistas que transitaban sin casco protector. Ningún otro factor se acerca a ese volumen.
Las motocicletas no solo concentran la mayor cantidad de accidentes en República Dominicana, también encabezan ampliamente las cifras de muertes asociadas al tránsito.
Entre 2021 y 2025, los registros oficiales contabilizan 6,986 fallecidos vinculados a accidentes en motores.
La cifra supera casi seis veces las muertes registradas en automóviles (1,180) y peatones (1,160), los siguientes grupos con más víctimas mortales durante el período analizado. Ninguna otra categoría de vehículo se acerca a ese nivel de letalidad dentro de las estadísticas oficiales.
A esto se suma que, de acuerdo con cifras suministras por el BID, en 2024, en el caso de las motocicletas, más del 50% circulaba con luces incompletas y el 66.6% sin espejos retrovisores.
El exceso de velocidad es uno de los factores más frecuentes que inciden o provocan accidentes, particularmente en tramos rectos de buen asfaltado, donde el conductor subestima el riesgo"
Desde la experiencia operativa de RD Vial, el comportamiento del conductor es uno de los principales factores más asociados a los accidentes de tránsito. Hostos Rizik Lugo, director general del Fideicomiso RD Vial, destaca entre las causas más frecuentes el exceso de velocidad, las maniobras de rebase peligrosas, el uso indebido de carriles y la apertura de cruces ilegales en autopistas. También menciona problemas de visibilidad nocturna y acumulación de desechos en las vías como elementos que incrementan el riesgo de accidentes.
Cabe destacar que solo tres territorios (Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago) acumularon 42,451 accidentes en cinco años. La cifra representa más de la mitad de todos los accidentes reportados a nivel nacional durante el período.
Que los incidentes de tránsito sean una especie de normalidad en la realidad dominicana, no significa que todos queden en el hecho vial. Para muchos puede ser una verdadera pesadilla. Al cruzar los datos de accidentes de tránsito de la Digesett con las cifras del Poder Judicial sobre “salidas con condena o decisiones afines” relacionadas con la Ley 63-17, aparece otra dimensión dentro de la problemática. Se trata de la relación entre el volumen de accidentes registrados y los casos que llegan a una resolución judicial identificable.
De la totalidad de accidentes registrados en República Dominicana, solo una fracción aparece posteriormente dentro de los registros judiciales sobre tránsito. Es decir, no todos los accidentes terminan donde muchas víctimas esperarían: en una consecuencia penal clara.
De hecho, para algunos continúa en trámites, llamadas, expedientes incompletos y procesos que nunca terminan de avanzar. A veces, incluso con un responsable identificado, la sensación final no es justicia, sino desgaste.
El incidente en que se vio involucrado José Franco (nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de la persona) ilustra esta situación, luego que una motocicleta impactara su vehículo mientras circulaba en vía contraria. Conversando con elDinero, explica que tras el choque el conductor evitó suministrar información suficiente para identificarlo plenamente, incluso ante la presencia de un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), hoy integrada a la Digesett.
“El AMET que llegó al accidente intentó pedirle su información, pero él se negó”, relata Franco. Desde entonces, asegura, gran parte del proceso ha dependido de las gestiones realizadas por él y su abogado para intentar localizar al conductor. “Al final admitió la culpa porque venía en vía contraria, y suponemos que por eso no dio su información completa”, agrega. Según explica, el caso nunca terminó de escalar dentro del sistema judicial.
Aun así, las estadísticas del Poder Judicial muestran 6,638 solicitudes de medida de coerción y 963 salidas con condena o decisiones afines vinculadas a casos de tránsito entre 2020 y 2025. Sin embargo, la institución no disponía de los datos correspondientes a 2023 al momento de suministrar la información a elDinero, lo que impide realizar un cruce completo y exacto para toda la serie anual de accidentes registrada durante ese período.
Sin embargo, tomando los años comparables disponibles (2021, 2022, 2024 y 2025), el cruce entre las estadísticas de la Digesett y los registros del Poder Judicial permite observar la dimensión de esa brecha. En esos cuatro años, la Digesett contabilizó 66,053 accidentes de tránsito, junto con 78,151 lesionados y 8,013 fallecidos asociados a siniestros viales, mientras el Poder Judicial registró 5,181 solicitudes de medida de coerción y 860 salidas con condena o decisiones afines relacionadas con la legislación de tránsito.
Vista en proporción, los datos indican que por cada 100 accidentes registrados hubo alrededor de 118 lesionados, 12 fallecidos, ocho solicitudes de medida de coerción y aproximadamente una salida con condena o decisión afín identificable dentro de los registros judiciales.
La relación también muestra que aproximadamente una solicitud de medida de coerción aparece por cada 12.7 accidentes registrados, mientras que las salidas con condena o decisiones afines equivalen a una por cada 76.8 accidentes reportados en esos mismos años. A su vez, la relación entre ambas variables judiciales refleja que se registra aproximadamente una salida con condena o decisión afín por cada seis solicitudes de medida de coerción identificadas dentro del sistema.
Los datos sugieren que, incluso en casos con víctimas fatales o lesionados, una parte importante de los accidentes no alcanza una resolución judicial visible dentro de las estadísticas oficiales.
Parte de esos desafíos también aparece en los propios registros oficiales. De acuerdo con datos citados por el BID, en República Dominicana persisten brechas importantes entre el crecimiento del parque vehicular, la emisión y vigencia de licencias de conducir y la aplicación efectiva de sanciones de tránsito. Solo en 2024, el país registró un parque vehicular estimado en 6.1 millones de unidades, frente a 1.7 millones de licencias emitidas, de las cuales 739,777 se encontraban vencidas.
La situación adquiere una dimensión mayor en el caso de las motocicletas. Las estadísticas reportan 640,836 licencias vencidas y más de un millón de conductores de motocicletas sin licencia vigente. Ese mismo año también se registraron 1.9 millones de infracciones de tránsito, aunque las autoridades reconocen que la efectividad en el cobro de multas continúa siendo baja, reduciendo el efecto disuasorio de las sanciones y limitando el cumplimiento de las normas viales.
El costo de una crisis que pagan las aseguradoras los hospitales el Estado todos
Cuando las estadísticas de accidentes, lesionados y fallecidos no alcanzan para explicar la dimensión del problema, los costos económicos ayudan a completar la imagen. Los pagos por siniestros asociados a accidentes de tránsito en República Dominicana pasaron de RD$7,410 millones en 2020 a RD$16,957 millones en 2024, según registros suministrados a elDinero por la Superintendencia de Seguros. Es decir, aumentaron en más de RD$9,500 millones.
En apenas cuatro años, el monto desembolsado por accidentes viales prácticamente se multiplicó por 2.3. La dimensión de esas cifras también puede verse en escala diaria. Solo en 2024, el sistema asegurador desembolsó en promedio alrededor de RD$46 millones diarios por siniestros asociados al tránsito.
Vista en frío, la cifra parece financiera. En la práctica, refleja una parte del costo cotidiano de la crisis vial: vehículos destruidos, tratamientos médicos, indemnizaciones, ingresos interrumpidos y familias obligadas a reorganizar su vida después de un choque.
Las cifras de 2025 mantuvieron la misma tendencia, aunque corresponden únicamente a los primeros nueve meses del año. Hasta el tercer trimestre, los pagos acumulados ascendían a RD$12,298 millones. Aun sin incluir el último trimestre, el monto ya equivalía a cerca del 72% de todo lo desembolsado durante 2024.
Los registros también muestran que la mayor parte del dinero pagado proviene directamente de las aseguradoras, mientras que los reaseguros representan una fracción mínima dentro del total. El reaseguro funciona como un mecanismo mediante el cual las aseguradoras transfieren parte de sus riesgos a otras compañías especializadas, conocidas como reaseguradoras. Sin embargo, en esta serie estadística, la participación de esos pagos es reducida frente al volumen total desembolsado por siniestros.
De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Seguros, el mercado asegurador dominicano registró más de RD$153,358 millones en primas netas cobradas durante 2025. Dentro de ese total, el ramo de vehículos de motor concentró más de RD$33,500 millones, posicionándose como uno de los segmentos más relevantes del sistema. En términos proporcionales, esto equivale a cerca del 22% del mercado asegurador nacional.
Este volumen coloca a la movilidad no solo como un desafío de seguridad vial, sino como un componente estructural de la economía aseguradora. Cada accidente potencial, cada siniestro, forma parte de un engranaje financiero que moviliza miles de millones de pesos al año.
Si para este punto la cantidad de cifras abruma, vale la pena dimensionarlo de otra forma. Solo en 2024, las aseguradoras desembolsaron RD$16,957 millones por siniestros asociados a accidentes de tránsito en República Dominicana. Ese mismo año, el ramo de vehículos de motor registró RD$29,850 millones en primas netas cobradas, según datos de la Superintendencia de Seguros.
En otras palabras, los pagos vinculados al tránsito equivalieron a más de la mitad de todo el dinero generado por el principal segmento asegurador relacionado con movilidad en el país. Visto en proporción, por cada RD$1 generado en primas dentro del ramo de vehículos de motor, el sistema asegurador desembolsó cerca de 57 centavos en pagos por siniestros asociados al tránsito.
Pero no solo el sector privado se ve afectado por esta problemática. También está el costo que termina absorbiendo el sistema de salud.
Los registros del Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat) muestran que entre 2012 y 2026 las atenciones médicas relacionadas con accidentes viales acumularon costos por RD$10,135 millones
Durante ese mismo período, la cápita recibida ascendió a RD$8,023 millones, dejando un déficit acumulado de RD$2,112 millones dentro del sistema.
El Fonamat es el mecanismo que cubre atenciones médicas para afiliados del régimen contributivo y subsidiado de la seguridad social involucrados en accidentes de tránsito no laborales. El fondo permite garantizar atención hospitalaria y servicios médicos sin barreras económicas inmediatas para los pacientes.
Las cifras muestran que la presión financiera sobre el sistema no ha sido aislada ni puntual . Solo entre 2012 y 2021, el costo acumulado de las atenciones médicas por accidentes de tránsito ascendió a RD$6,158 millones, mientras que la cápita recibida fue de RD$4,517 millones. El período se cerró con un déficit de RD$1,641 millones.
Por su parte, desde 2022 hasta marzo de 2026, los costos asociados a atenciones médicas por accidentes de tránsito acumulados por el Fonamat superaron los RD$3,976 millones, mientras que el déficit registrado durante ese mismo período ascendió a RD$470 millones. Aunque las diferencias entre costos y cápitas recibidas variaron de un año a otro, las estadísticas indican que el sistema mantuvo déficits recurrentes asociados a la atención médica de víctimas de accidentes viales.
Soluciones en carreteras
Luego de dimensionar el panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué se está haciendo para intentar contener el problema? Frente a ese escenario, distintas instituciones han comenzado a reforzar programas de asistencia vial, señalización, iluminación, fiscalización y control en algunas de las principales carreteras del país. Paralelamente, República Dominicana ha venido fortaleciendo en los últimos años su agenda de seguridad vial, impulsando acciones orientadas a mejorar la gestión del tránsito, la infraestructura y la protección de los usuarios más vulnerables.
En ese proceso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha acompañado al país mediante apoyo técnico para el diseño e implementación de iniciativas enfocadas en reducir riesgos, fortalecer capacidades institucionales y avanzar hacia una movilidad más segura, ordenada y centrada en la protección de la vida.
Estos esfuerzos forman parte del Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, una iniciativa impulsada por las autoridades dominicanas para consolidar y ampliar las acciones actualmente en marcha. El programa es ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Desde RD Vial, entidad que administra parte importante de la red de autopistas y peajes, las autoridades aseguran que las intervenciones recientes han estado enfocadas en reducir riesgos operacionales y mejorar la respuesta ante incidentes en carretera.
Entre las principales medidas implementadas figura el fortalecimiento del servicio de asistencia vial 511, operado junto a la Comisión Militar y Policial (Comipol). Según Rizik Lugo, durante 2025 el sistema ha realizado más de 12,000 asistencias en carretera mediante una flotilla que incluye ambulancias, grúas, motocicletas, talleres móviles y camiones de bomberos. De acuerdo con las cifras ofrecidas por la entidad, el tiempo promedio de respuesta ronda los 15 minutos.
RD Vial sostiene además que parte de las intervenciones se ha concentrado en corredores identificados como puntos críticos de siniestralidad. Entre ellos figuran tramos de la autopista Duarte, la 6 de Noviembre, Las Américas y el Bulevar Turístico del Este. Las acciones incluyen instalación de iluminación LED solar, ampliación de señalización, cierres de cruces ilegales, colocación de muros tipo Jersey y construcción de retornos operacionales para sustituir giros considerados peligrosos.
Según datos suministrados por RD Vial, las intervenciones ejecutadas en distintos corredores han comenzado a reflejar cambios en algunos indicadores operacionales. La entidad reporta una reducción preliminar de 20% en accidentes vinculada a programas de iluminación y asistencia vial, además de una disminución de 25% en incidentes nocturnos dentro de los tramos intervenidos con tecnología LED solar. En el Bulevar Turístico del Este, las autoridades atribuyen a las nuevas obras una reducción de 35% en accidentes de intersección. Ante esto, Lefevre agrega que es clave concentrar los esfuerzos donde el riesgo está más focalizado. “En el caso dominicano esto es relevante, porque cuatro autopistas, que representan apenas el 1.3 % de la red, concentran en promedio el 21 % de las víctimas fatales”.
Parte de la respuesta institucional también se ha concentrado en programas de educación y formación vial. Datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) muestran que entre enero y septiembre de 2025 unas 111,632 personas participaron en cursos y talleres vinculados a seguridad y educación vial desarrollados por la institución.
Las capacitaciones fueron distribuidas en distintos programas y jornadas formativas dirigidas a conductores, ciudadanos y actores vinculados al tránsito terrestre. Para estas actividades, el Intrant reportó una inversión acumulada de RD$99,782.50 durante el período.
Las iniciativas forman parte de los esfuerzos oficiales orientados a reforzar la prevención y promover cambios de comportamiento en un contexto donde las autoridades reconocen que el problema de los accidentes de tránsito no depende únicamente de infraestructura y fiscalización, sino también de hábitos de conducción y cultura vial.
También habría que destacar que el BID ha acompañado a República Dominicana en el financiamiento y desarrollo de distintos programas vinculados a movilidad, transporte terrestre, infraestructura y seguridad vial. Entre las iniciativas impulsadas en el país figuran programas de apoyo a la movilidad y seguridad vial, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial, resiliencia de puentes y fortalecimiento del sistema integrado de transporte público, que en conjunto superan los US$1,400 millones comprometidos para proyectos relacionados con movilidad e infraestructura vial.
monto para proyectos relacionados con movilidad e infraestructura vial
Según el BID, la estrategia busca responder de manera integral a los distintos factores que inciden en la siniestralidad vial, mediante intervenciones que combinan infraestructura segura, fiscalización, educación vial, fortalecimiento institucional, análisis de datos y atención a víctimas. Parte de ese trabajo ya ha incluido experiencias desarrolladas en el país, como la evaluación de 750 kilómetros de carreteras realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en 2021 bajo metodología iRAP, utilizada para identificar riesgos y orientar inversiones hacia corredores más seguros.
El organismo también destaca iniciativas como el piloto “Entornos Escolares Seguros”, desarrollado por el Intrant desde 2019, que intervino inicialmente 17 centros educativos y benefició a más de 9,000 estudiantes mediante mejoras orientadas a reducir riesgos en zonas escolares. Según el BID, este tipo de programas busca servir como base para ampliar y consolidar una política de seguridad vial más sostenida en el tiempo.
La clave para contener la crisis vial: Educación Infraestructura Coordinación Cultura vial
“Las mejoras de infraestructura, por sí solas, no bastan”. Con esa premisa, Rizik Lugo sostiene que la reducción sostenida de los accidentes de tránsito en República Dominicana requiere una combinación de fiscalización efectiva, educación vial, reformas regulatorias y ampliación de infraestructura estratégica. A su juicio, “sin sanciones estrictas y multas efectivamente aplicadas, las inversiones en infraestructura se diluyen”, por lo que considera indispensable fortalecer el control sobre exceso de velocidad, conducción temeraria y vandalismo de elementos de seguridad vial.
Desde el BID, la visión apunta en una dirección similar. Lefevre afirma que los países que han logrado avances importantes en seguridad vial no lo hicieron a partir de una sola medida aislada, sino mediante una combinación de infraestructura más segura, fiscalización, educación vial, atención a víctimas y fortalecimiento institucional.
En ese contexto, tanto RD Vial como el BID coinciden en que la velocidad debe asumirse como una de las principales prioridades dentro de la política de seguridad vial. Un diagnóstico realizado entre enero y febrero de 2025 por el Intrant, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación, con apoyo técnico y financiero del BID, reveló que 51% de las personas encuestadas en centros educativos del Gran Santo Domingo y Santiago afirmó haber presenciado situaciones de riesgo en los alrededores de las escuelas, principalmente asociadas al exceso de velocidad, distracción de conductores y ausencia de semáforos.
Rizik Lugo también plantea la necesidad de reformar el sistema de educación vial y el proceso de obtención de licencias de conducir, mediante evaluaciones prácticas más exigentes y campañas permanentes de concienciación que trasciendan los operativos puntuales. Según explica, el objetivo es construir una cultura vial más preventiva y sostenida dentro del país. En paralelo, el BID plantea fortalecer la fiscalización, modernizar herramientas tecnológicas para análisis de datos y actualizar regulaciones vinculadas a motocicletas y uso del casco, en un contexto donde este tipo de vehículos concentra gran parte de la siniestralidad vial nacional.
Desde la perspectiva de infraestructura, RD Vial apuesta por ampliar la red troncal mediante circunvalaciones y corredores interregionales capaces de sacar el tráfico pesado de los centros urbanos y reducir la interacción peligrosa entre camiones y vehículos ligeros. La institución cita proyectos como las circunvalaciones de Baní y Azua, además de otras actualmente en ejecución o desarrollo, como parte de una estrategia de largo plazo orientada a modernizar la red vial dominicana.
El funcionario también destaca la articulación entre distintas instituciones vinculadas al tránsito y la movilidad. Según explica, el modelo de coordinación entre MOPC, RD Vial, Comipol, Intrant, Indotel y otras entidades ha permitido reforzar programas de señalización, asistencia vial y visibilidad nocturna en corredores identificados con alta incidencia de accidentes, además de integrarse al Pacto Nacional por la Seguridad Vial impulsado en 2025.
Como parte de ese fortalecimiento institucional, el BID también ha impulsado programas de capacitación para autoridades vinculadas al tránsito. Entre las iniciativas recientes figura el entrenamiento en España de 40 agentes de la Digesett en conducción segura, manejo de riesgos y detección de alcohol en conductores, con el objetivo de mejorar la capacidad de patrullaje, respuesta y controles preventivos en las vías dominicanas.
A largo plazo, RD Vial proyecta su participación dentro del denominado Plan Meta RD 2036, que contempla el desarrollo de corredores interregionales, integración con futuros proyectos ferroviarios e implementación de sistemas inteligentes de transporte para modernizar la infraestructura vial del país.
Sin embargo, Rizik Lugo insiste en que parte importante del problema sigue estando fuera del asfalto. “El reto cultural es tan importante como el de ingeniería”, afirma. Según advierte, prácticas como vandalizar barreras de protección o abrir cruces ilegales terminan convirtiendo elementos de seguridad en nuevos puntos de riesgo dentro de las carreteras.
Rutas que han dado resultados
La experiencia regional muestra que la seguridad vial mejora cuando las medidas se aplican de manera sostenida y combinada. En Fortaleza, Brasil, una estrategia basada en liderazgo político, mejor recopilación de datos, fiscalización focalizada, comunicación y rediseño urbano logró reducir 48.6% las muertes por siniestros viales entre 2014 y 2019, equivalente a 563 vidas salvadas.
En Bogotá, Colombia, la reducción progresiva del límite de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora en corredores arteriales, acompañada de controles y campañas de comunicación, permitió disminuir 21% las fatalidades en 2021 frente al promedio registrado entre 2015 y 2017.
Otras experiencias también muestran resultados en ámbitos específicos. En Brasil y El Salvador, programas de movilidad escolar segura redujeron más de 80% la circulación peatonal insegura alrededor de centros educativos.
En Monterrey, México, el fortalecimiento de la respuesta prehospitalaria redujo 40% los tiempos de atención y 43% las muertes durante el traslado de víctimas. Mientras que, en Argentina, el fortalecimiento institucional y los operativos permanentes de control contribuyeron a reducir la mortalidad vial en 12% entre 2008 y 2011.
Para el BID, estos casos reflejan que la reducción de accidentes de tránsito no depende de una sola medida aislada, sino de políticas sostenidas que combinen infraestructura segura, fiscalización, educación vial, fortalecimiento institucional y atención oportuna a víctimas. Parte de esas lecciones, según el organismo, ya comienzan a incorporarse en República Dominicana mediante intervenciones en corredores críticos, entornos escolares, mejoras de señalización, fortalecimiento operativo y programas orientados a modernizar la gestión de la seguridad vial.
En un país donde los accidentes de tránsito forman parte de la cotidianidad, el verdadero reto parece estar en dejar de asumir el riesgo vial como una normalidad inevitable. Porque detrás de cada cifra hay una ausencia. Y mientras el país se acostumbra al caos vial, cada día al menos seis dominicanos siguen saliendo de sus casas sin saber que no volverán.
