La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial expresó su respaldo al anteproyecto de Ley de Respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres en la República Dominicana, conocido como Ley Mirabal, depositado ante el Congreso Nacional por el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas, que preside la ministra de la Mujer, Gloria Reyes.
En ese contexto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, destacó la importancia de fortalecer el marco jurídico para responder a las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres y consideró la conveniencia de su aprobación.
La coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, jueza Nancy Salcedo Fernández, manifestó su preocupación por el aumento de la violencia de género y los feminicidios en el país. La jueza destacó la necesidad de contar con un instrumento legal que permita ofrecer respuestas más efectivas e integrales ante esta problemática.
Salcedo Fernández resaltó, además, la importancia de que el proyecto contemple nuevas figuras delictivas, como la violencia vicaria, que ocurre cuando un agresor utiliza a los hijos u otras personas cercanas a la mujer para causarle daño y provocarle sufrimiento, incluso mediante acciones como el rapto o el asesinato.
La magistrada señaló que la actualización del marco legal constituye una oportunidad para fortalecer los mecanismos de prevención, protección y respuesta institucional frente a las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres.
De su lado, la jueza Vanessa Acosta, subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, destacó la necesidad de modernizar la legislación vigente sobre violencia contra las mujeres y manifestó su disposición de acompañar al Ministerio de la Mujer en el proceso de impulso y socialización de la propuesta.
Acosta enfatizó la importancia de aunar esfuerzos entre las instituciones del Estado para avanzar hacia una respuesta coordinada, oportuna y efectiva, que contribuya a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Mientras que, la jueza Miguelina Ureña subrayó la importancia de establecer alianzas interinstitucionales que permitan ampliar el conocimiento sobre el contenido y alcance de la iniciativa, especialmente entre los actores del sistema de justicia y los profesionales vinculados a la prevención y atención de las violencias.
En ese sentido, planteó la realización de seminarios, talleres y jornadas de formación conjuntas entre la Suprema Corte de Justicia, la Escuela Nacional de la Judicatura y la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer, como parte de una estrategia de capacitación y sensibilización en torno a la propuesta legislativa.
