El Poder Judicial dominicano presentó este miércoles los avances del Plan de Optimización de la Jurisdicción Inmobiliaria, una iniciativa orientada a modernizar la gestión de los tribunales de tierras, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
Como parte de las metas institucionales del proceso de transformación, el Poder Judicial proyecta que para el año 2026 el 80% de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria estén al día, consolidando así un sistema más ágil, eficiente, accesible y transparente.
El acto estuvo encabezado por el juez de la Suprema Corte de Justicia, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, quien destacó si bien hay retos importantes, el Poder Judicial está comprometido con seguir fortaleciendo la justicia inmobiliaria como un pilar fundamental para la protección de los derechos reales, la certidumbre jurídica y el desarrollo económico del país.
El magistrado Bello reiteró el compromiso institucional con la transformación y mejora sostenible de la justicia inmobiliaria, orientado a consolidar tribunales más eficientes, transparentes y accesibles para la ciudadanía, en consonancia con los esfuerzos de modernización que impulsa el Poder Judicial.
Durante la actividad, la magistrada Catalina Ferreras, presidenta de la Corte del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, explicó que el Plan de Optimización Inmobiliaria tiene como propósito transformar la gestión de los tribunales, fortalecer la coordinación entre las distintas instancias del sistema y elevar la calidad del servicio de justicia.
Indicó que esta iniciativa surge a partir de estudios institucionales que identificaron importantes desafíos en la jurisdicción inmobiliaria, entre ellos la acumulación de expedientes en mora judicial, demoras en los procesos, el incremento sostenido de casos vinculados a deslindes, limitaciones tecnológicas en algunos tribunales, disparidades en la carga de trabajo entre salas y la necesidad de estandarizar y simplificar diversos procesos operativos.
Para enfrentar estos retos, el plan contempla diversas líneas de acción, entre ellas el rediseño y simplificación de procesos, la eliminación de trámites innecesarios, la desjudicialización de determinados procedimientos, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la interoperabilidad entre tribunales y el Registro Inmobiliario, así como programas de capacitación para jueces y servidores judiciales.
Asimismo, se han puesto en marcha iniciativas como la Mesa Nacional de Optimización, la Mesa Táctica de Optimización Regional, la Mesa Nacional de Buenas Prácticas Interinstitucionales, el monitoreo permanente y evaluación de la mora judicial, el fortalecimiento tecnológico de los tribunales y la habilitación de salas híbridas para audiencias.
Como parte del proceso de modernización, informó que el 95% de los expedientes se envían digitalmente desde el Registro Inmobiliario hacia los tribunales, mientras que el 67% se remite desde los tribunales hacia el Registro Inmobiliario, lo que contribuye a mejorar la eficiencia y trazabilidad de los procesos.
Además, el Portal de Acceso Digital ha facilitado el acceso remoto a los servicios judiciales, alcanzando en febrero de 2026 un 35% del total de expedientes presentados por esta vía, lo que permite reducir tiempos de tramitación y fortalecer la transparencia del sistema.
Avances del Registro Inmobiliario
Asimismo, el administrador general del Registro Inmobiliario, Ricardo Noboa, presentó las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica en el país y mejorar la eficiencia del sistema registral.
Entre los avances tecnológicos, Noboa resaltó la implementación gradual de la firma digital cualificada con código QR, mediante la cual se han emitido alrededor de 29,790 productos firmados digitalmente.
Asimismo, señaló iniciativas como la regularización parcelaria, el compendio de criterios registrales, la actualización de la consulta del parcelario catastral y el servicio de alertas registrales, herramienta a la que 50,965 usuarios se encuentran actualmente suscritos.
En ese sentido, Noboa destacó que el fortalecimiento del sistema registral permite anticipar riesgos y ofrecer a los usuarios herramientas para proteger sus derechos de propiedad, al garantizar mayor trazabilidad, acceso a la información y mecanismos que facilitan detectar irregularidades antes de que se generen conflictos sobre los inmuebles.
Plan Nacional de Titulación
El Registro Inmobiliario también apoya el Plan Nacional de Titulación impulsado por el Ministerio de la Presidencia, iniciativa orientada a fortalecer la titulación de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana.
En ese contexto, destacó que se han entregado 258,244 certificados de títulos, beneficiando a miles de familias al brindarles seguridad jurídica sobre sus propiedades, gracias a un acuerdo de colaboración firmado en el año 2021 entre el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de la Presidencia para ampliar el programa de apoyo al Plan Nacional de Titulación de la Presidencia de la República.
Noboa explicó que estos avances reflejan el proceso de fortalecimiento institucional del Registro Inmobiliario y su adaptación a las nuevas exigencias del entorno jurídico y tecnológico.
Indicó que la incorporación de herramientas digitales, la actualización de procedimientos y la creación de instrumentos normativos contribuyen a consolidar un sistema registral cada vez más seguro.
El administrador del Registro Inmobiliario concluyó señalando que estas acciones forman parte del proceso de modernización institucional del Poder Judicial, orientado a consolidar una jurisdicción inmobiliaria más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en el sistema registral dominicano.
