[dropcap]U[/dropcap]n grupúsculo de dominicanos que no ha entendido lo delicado del tema, aprovechando cualquier coyuntura para jugar al patriotismo, provoca situaciones delicadas que pudieran ser entendidas como una decisión de Estado echar a los haitianos de nuestro territorio. No, así no. No hay razones lógicas para actuar sin el más mínimo sentido humano.
Tenemos el derecho a proteger la patria que nos legaron José Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y Gregorio Luperón junto a miles de hombres y mujeres valientes que sí supieron sacrificarlo todo. Lo que sucedió en la comunidad de Ortega, en el Cibao, es inadmisible desde todo punto de vista del derecho más elemental que tiene el ser humano: la vida.
¿Y si fuera al revés? La mayoría de los haitianos que está en República Dominicana llega en busca de trabajo para enviar remesas a sus familiares. Es la misma realidad que viven miles y miles de dominicanos que salen hacia otros países porque aquí no hallan cómo trabajar con perspectivas de un futuro mejor.
No se justifica lo que hizo un grupo minúsculo en esta comunidad cibaeña, quienes echaron intempestivamente de sus casas a haitianos que lo único que hacen es realizar las labores que no quieren hacer quienes viven en la zona.
Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad física de los extranjeros en nuestro territorio, ya sean haitianos, rusos, cubanos, chinos, venezolanos o de cualquier otro lugar. La comunidad internacional debe entender que estos episodios amargos no son una decisión del Estado.
República Dominicana es un país hospitalario y como tal nos reconocen en todo el mundo. El hecho de que cada año lleguen más de cinco millones de turistas a disfrutar de nuestras bondades es una muestra incuestionable. Ahora bien, las autoridades deben demostrar, con sus hechos, que este tipo de acciones aisladas deben recibir el castigo de lugar. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante hechos tan vergonzosos, denigrantes e inhumanos como ver a una joven haitiana lanzada al suelo por desaprensivos y el corte de pelo en señal de repudio que hizo el grupo de intolerantes de Ortega.
Somos un país con cierto nivel de educación, aunque a veces nos empeñemos en demostrar todo lo contrario.
Nuestros vecinos haitianos no pueden ser maltratos. Sí deben estar regularizados y con sus documentos al día, como se le exige a cualquier dominicano fuera de nuestro país, pero debe hacerse en un contexto de orden jurídico. En este sentido, es de orden reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para encarar el tema migratorio.
Es responsabilidad de las autoridades investigar la muerte del joven Carlos José Núñez Ramírez, de 18 años, y someter a la justicia a los responsables. Lo que no se puede permitir es que escudados en esta situación se afecten a inocentes. No, así no. ¿Y si fuera al revés?
