Uruguay está ante el desafío de hacer fuertes controles para no volver a ser considerado como “una plaza financiera” e ingresar en listas negras tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que, entre otras cosas, permite transacciones en efectivo de hasta US$100,000.
Esta nueva normativa, aprobada por el Parlamento previo a su promulgación por el Poder Ejecutivo, es un extenso paquete de 476 artículos que abarca muchas áreas pero que implica cambios sustanciales en el terreno económico.
Bajo el capítulo llamado “libertad financiera”, la LUC deja por el camino a la Ley de Inclusión Financiera, promulgada por el Frente Amplio (que gobernó el país entre 2005 y 2020), en la que se buscaba dar prioridad a los medios de pago electrónicos como el débito y el crédito e intentaba desestimular el uso de billetes.
“El tope de US$100,000 para pagos en efectivo que se establece va en contra de la transparencia, de todas las leyes antilavado y abre la posibilidad de corrupción porque en el pago en efectivo uno no tiene control”, dice a Efe la integrante del instituto de Economía de la Universidad de la República Gabriela Mordecki.
En la ley anterior, el tope de transacciones en efectivo rondaba los US$4,000.
Para la experta, quien asistió a las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes para mostrar su postura, la LUC retrocede en cuestiones preocupantes para el país ya que podría propiciar el retorno a ser “una plaza financiera como en los años 90”.
¿Uruguay a las listas negras?
Una de las mayores preocupaciones que genera la LUC es la posibilidad de que el país vuelva a las listas negras del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), con sede en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.
El especialista en prevención del lavado de activos Leonardo Costa explica a Efe que el monto de US$100,000 fue sugerido “en base a lo que es el monto de una vivienda social” y que es “relativamente bajo”.
Sin embargo, este nuevo panorama al que se enfrenta el país suramericano hace que tengan que hacerse nuevos análisis de riesgo.
Quien fuera presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamerica (Gafisud) también dice que la posibilidad de acceder o no nuevamente a las listas negras “va a depender muchísimo” de los controles y la supervisión por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
“Si se realizan los reportes de operaciones cuando no revistan la normativa tradicional, en sí mismo no debiera haber mayores problemas pero va a depender mucho de la supervisión, la evaluación que se haga y los reportes que existan ante la unidad de análisis financiera”, enfatiza.
Según Costa, la LUC hace que Uruguay tenga “un desafío mayor” para los controles que eviten el lavado de activos y el ingreso a listas negras, pero no significa que “inexorablemente” vaya a ingresar.
A diferencia de ello, el abogado considera que la versión original de la LUC iba a provocar que el país fuera sancionado.
Por su parte, el exviceministro de Economía de Uruguay Pablo Ferreri (2015-2020) dice a Efe que la LUC no colabora con “la inserción internacional” que el país necesita en estos momentos de pandemia por el covid-19.
“Se están tomando medidas con un sesgo hacia la opacidad”, señala y acota que eso no es bueno para “la imagen internacional de Uruguay”.
“Hay que recordar que Uruguay era catalogado como paraíso fiscal, plaza financiera no cooperante y le costó mucho esfuerzo retomar una imagen de prestigio”, agrega.
Una negociación desigual
Uno de los puntos más discutidos de la LUC es que se quitó la obligatoriedad de pagar los salarios por medios electrónicos. Ahora, el trabajador deberá negociar con su empleador al ser contratado qué medio de pago prefieren ambas partes y llegar a un acuerdo.
“La posición del trabajador frente a su nuevo empleador nunca va a ser de igualdad”, sostiene Mordecki.
Ello también podría facilitar el pago informal de trabajo y que los trabajadores dejen de utilizar medios electrónicos como hasta ahora.
En esta misma línea, el que fuera coordinador de Inclusión Financiera durante el anterior periodo de Gobierno, Martín Vallcorba, expresa a Efe que, con ello, en vez de dar mayor libertad al trabajador, quien termina decidiendo va a ser el que contrata.
“Eso tiene dos consecuencias negativas: por un lado, debilita los mecanismos que combatían el trabajo informal y, por otro lado, en los casos en los que el empleador decida pagar en efectivo, le va a quitar el derecho al trabajador a poder acceder a un medio de pago electrónico gratuito y a un conjunto de servicios financieros también gratuitos”, afirma.
Además de las cuestiones meramente económicas, la LUC también trajo consigo otras muy criticadas por la central sindical, el PIT-CNT, como el hecho de prohibir las ocupaciones de los lugares de trabajo en el marco de una huelga.
Con todo esto sobre la mesa, la nueva normativa que fue el buque insignia de campaña del presidente, Luis Lacalle Pou, entrará en vigencia y deberá tener un arduo control estatal para no volver a caer en lugares de los que, según expertos, al país le costará salir.
