El próximo 16 de agosto Luis Abinader deberá asumir la Presidencia de la República, quien tendrá que lidiar con una serie de solicitudes y promesas de campaña, entre las que destaca el reclamo ciudadano de que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República sea independiente y sin vínculos partidarios que garanticen cero impunidad en la persecución de los casos de corrupción.
“En el Gobierno yo no voy a tener ni amigos ni compañeros ni parientes en casos de corrupción. Yo voy a ser un presidente que va a respetar la ley y para eso, vamos a tener un Ministerio Público independiente”, enfatizó Abinader hace 10 meses, en el programa “La Gran Pregunta”, que conduce la abogada especialista en políticas públicas Carolina Santana.
“El procurador fiscal que nosotros vamos a nombrar va a ser alejado de la política. Eso es para que (el procurador) lleve a la Justicia a todo el que tenga un ‘mérito’, como dicen los abogados, para hacerle un expediente de corrupción sea del partido que sea”, aseguró Abinader en aquella ocasión, al subrayar que dicho Ministerio lo transformaría sin hacer una “modificación institucional”.
“Como yo lo he advertido muchas veces: el que crea que va a cometer actos de corrupción en el Gobierno del Cambio, que se vaya ahora…, porque nosotros no lo vamos a permitir”, agregó Abinader, dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Esta promesa de Abinader fue recordada esta semana por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien subrayó que si se implementa una justicia independiente del Estado en el Gobierno de Abinader no se protegerá “ni a los políticos amigos ni a los contrarios”.
El también senador por Puerto Plata precisó, durante una rueda de prensa, que la promesa del presidente electo es que el procurador o procuradora general de la República se designe “sin participación de ninguno de los actores políticos”.
Miriam Germán Brito entre las personas que la población prefiere en el cargo
Al respecto, el Centro Juan XXIII propuso al mandatario electo, tres candidatos a ser considerados a sustituir al actual procurador general, Jean Alain Rodríguez, quien ocupa el puesto desde 2016 y deberá dejarlo el 16 de agosto.
Los propuestos son Miriam Germán Brito, Jorge Luis Polanco y Fernando Henríquez. La organización precisó que este nombramiento será de “gran beneficio” para la nación, especialmente en la lucha contra la corrupción e impunidad.
Estos flagelos, a juicio del Centro Juan XXIII, constituyen una de las debilidades institucionales que más afectan al país.
Conflictos
Entre la magistrada Germán Brito y el actual procurador Rodríguez existe un ‘historial de diferencias’, produciéndose la última en marzo de 2019 durante la evaluación de jueces que realizó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Cuando el CNM escogía a los jueces que completarían la Suprema Corte de Justicia, el procurador Rodríguez cuestionó a Germán Brito, al señalar varios encuentros que habría tenido con el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, imputado en el caso de corrupción Odebrecht.
El procurador general había basado las imputaciones en una vigilancia ilegal a la entonces juez de la Suprema Corte de Justicia. Alegó que le habían hecho llegar fotografías y documentos y llegó, incluso, a cuestionar la relación de protección económica que mantiene Germán Brito con un hijo suyo que tiene una condición especial y a quien el funcionario del gabinete de Danilo Medina se refirió como “testaferro”.
Estos señalamientos encontraron un amplio repudio en distintos sectores del país, como la Fundación Institucional y Justicia (Finjus), entidad que los calificó como “ataques personales” y violatorios al reglamento del CNM.
