La Comisión Europea (CE) ha pedido a los gobiernos de la UE que adopten “todas las medidas necesarias” para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida “dignas” para los trabajadores temporeros, mediante el refuerzo de inspecciones sobre el terreno para comprobar que se cumplen los estándares de seguridad laboral y sanitaria.
Bruselas ha publicado una serie de directrices u orientaciones dirigidas a las autoridades nacionales y agentes sociales para que “renueven sus esfuerzos para cumplir su función de garantizar una aplicación correcta de las normas”.
El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha recordado que cada año “cientos de miles de trabajadores temporeros” ayudan a mantener sectores “vitales” como el agroalimentario y la pandemia de coronavirus “ha puesto de manifiesto las condiciones de vida y trabajo adversas a las que se enfrentan”.
“Esto hay que solucionarlo. Nuestras directrices son una llamada de atención a los Estados miembros y a las empresas para que se aseguren de que están cumpliendo con su obligación de proteger a estos trabajadores indispensables a la par que vulnerables”, ha enfatizado.
En ellas, Bruselas insta también a organizar campañas de concienciación sobre los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, ayudar a los empleadores a aplicarlos y proporcionar información clara en una lengua que los temporeros entiendan.
A nivel comunitario, Bruselas ha anunciado que recogerá datos sobre el trabajo de temporada dentro de la UE para identificar los principales desafíos, elaborará una encuesta sobre los trabajos de alto riesgo y organizará un encuentro con los interlocutores sociales sobre la situación de los temporeros.
Las directrices de la Comisión recogen los derechos de los trabajadores de temporada independientemente de su condición, ya sean ciudadanos europeos o nacionales de terceros países. También están incluidos aquellos que trabajen en el extranjero de manera regular por iniciativa propia o quienes hayan sido desplazados por su propia empresa o una agencia de contratación.
Según los datos del Ejecutivo comunitario, más de 17.6 millones de ciudadanos europeos viven o trabajan en un Estado miembro distinto al de su nacionalidad. Sectores como el agroalimentario o el turismo dependen en gran medida del apoyo de este tipo de trabajadores, en especial durante ciertos periodos del año.
