El Ejecutivo argentino envió al Congreso el proyecto de ley para la reestructuración de la deuda en dólares bajo ley local que contempla un “tratamiento equitativo” con el canje de títulos bajo ley extranjera que negocia desde abril con los acreedores.
El proyecto de ley de “Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo ley argentina”, que será debatido en los próximos días en la comisión de Presupuesto del Senado, permitirá “aliviar las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda”, según informó este viernes el Ministerio de Economía.
El nuevo canje se presenta días después de que el Gobierno del peronista Alberto Fernández formalizara su nueva oferta para reestructurar bonos bajo ley extranjera por unos US$66,238 millones, en un “último y máximo” esfuerzo por alcanzar hasta el 4 de agosto un acuerdo con los acreedores, en gran parte influyentes fondos de inversiones.
La oferta para bonos bajo ley local
Los tenedores de títulos elegibles bajo ley local para el nuevo proceso de reestructuración podrán optar por recibir instrumentos de deuda pública denominados en dólares y en pesos.
Quienes adhieran al canje de sus bonos en dólares (LETEs, BONARs, PAR y Discounts) podrán canjear sus títulos por nuevos bonos en dólares Step Up bajo ley argentina con vencimientos en los años 2030, 2035, 2038 y 2041; mientras que los tenedores de LETEs y BONARs, en conjunto con quienes poseen LELINKS, BONO DUAL 2020 y BONTE 2021 (vinculados al dólar), podrán optar por títulos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER (inflación) con vencimiento en 2026 y 2028.
Los nuevos títulos ajustables por CER, que podrán ser suscritos a la par, tendrán un cupón anual del 2% (2026) y 2.25% (2028), pagadero en forma semestral, garantizando así una tasa de rendimiento real positiva, con amortizaciones de capital con frecuencia semestral comenzando en el año 2025.
En tanto, los acreedores recibirán como contraprestación por los intereses acumulados y no pagados bonos en dólares con vencimiento en 2030 y en pesos a 2026 y 2028.
Si los títulos son presentados durante el denominado período de aceptación temprana de la oferta se reconocerá el interés corrido de cada título desde la fecha de último pago al 4 de septiembre de 2020 (exclusive), mientras que los que se presenten con posterioridad se computará desde la fecha de último pago al 6 de abril de 2020 (exclusive).
Los acreedores que no adhieran a la invitación al canje continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, según señala el proyecto de ley.
En búsqueda del crecimiento sostenible
El texto enviado al Congreso subraya que “el marco macroeconómico sobre el que la propuesta se ha sustentado presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estables”.
El proyecto destaca que la capacidad de repago de la Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.
“De igual modo, el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad”, agrega el texto.
El documento agrega que “la consolidación fiscal gradual es económica y socialmente soportable y encuentra su basamento en la necesidad de atender requerimientos sociales urgentes producto tanto de la emergencia económica como de los gastos extraordinarios originados en el brote de covid-19, que a su vez tendrá un fuerte impacto en los recursos públicos”.
La pandemia de coronavirus agravó la recesión que golpea a la Argentina desde hace más de dos años, con un empeoramiento de los indicadores sociales de pobreza y desempleo, y las principales consultoras prevén que el PIB se derrumbe este año cerca de un 12%.
