Los apicultores de República Dominicana pudieron colectar en el primer semestre de este año 277,228 kilogramos de miel, de la que sólo exportaron en los dos primeros meses 34,704 kilogramos, según estimaciones oficiales.
Aunque son cifras incompletas respecto al volumen real de miel colectada, por la informalidad en que se desarrolla la actividad, los simples datos oficiales sugieren que solo se sacó del país un 15.2% del inventario disponible y dejaron en para el consumo local el 84.8%.
Los apicultores ralentizaron su faena debido a la cuarentena impuesta por el Gobierno para mantener el distanciamiento físico y el aislamiento social en medio de la emergencia sanitaria de la pandemia del covid-19. Hasta el 22 de julio, la enfermedad afectó en el país a 57,615 personas, con 1,006 fallecidos, desde el 1 de marzo, cuando se registró oficialmente en suelo dominicano el primer caso del coronavirus detectado en Wuhan, China, con el diagnóstico de un turista italiano.
Con ese telón de fondo, pocos se sorprendieron de que decenas de asociaciones de apicultores rechazaran de inmediato un comunicado en el que dos empresas comercializadoras pedían al gobierno de Danilo Medina, quien agota sus últimos días en la Presidencia, que autorizara la entrada de miel importada para suplir una supuesta escasez en el mercado.
“Desmentimos las afirmaciones hechas por las empresas Miel Del Campo y Miel Cohen, representadas por José Paiewonsky e hijos y Apiarios Don Luis, haciendo de conocimiento que las empresas infrascritas al presente comunicado, cuentan actualmente con producción suficiente para comercializar y abastecer de miel no adulterada los negocios y comercios en el territorio nacional”, indicaron en un documento más de 20 organizaciones de apicultores.
El comunicado de rechazo se difundió bajo la firma de organizaciones de colectores de Dajabón, San Pedro de Macorís, Guerra (Santo Domingo), Cotuí, Puerto Plata, San Cristóbal, Villa Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, así como por el Clúster Apícola Dominicano y el Consorcio Ambiental Dominicano.
Los apicultores de todo el país temen que una importación de miel presione al establecimiento de precios que resulten pocos competitivos para los colectores locales, pero, sobre todo, que puedan entrar enfermedades que den al traste con el sector.
“Algo importante por la cual importar miel sería ‘lo último’, es porque gozamos de un estatus sanitario libre de enfermedades graves, como la Loque americana, que puede venir en la miel u otros productos de la colmena, así como otras plagas”, advierte Niyra Castillo, encargada de la División Apícola de la Dirección General de Ganadería (Digega), del Ministerio de Agricultura.
Castillo insiste en que una importación de miel constituye “un riesgo sanitario y una competencia desleal”.
Recuerda que la mayoría de los apicultores dominicanos pertenecen a una clase social de bajos ingresos que recibe poco apoyo estatal, al tiempo que el cambio climático y la deforestación afectan su producción, sobre todo a la de los que operan en el bosque seco.
Castillo, quien también funge como encargada de la División Enfermedades de las Abejas de la División Apícola de la Digega, insiste, además, en que el marco jurídico dominicano impide la importación de miel, mediante la Resolución 04/2006, en sus Artículos 8 al 11.
El sistema de trazabilidad apícola del Ministerio de Agricultura registraba, al 21 mayo 2019, un total de 1,277 apicultores, con 1,509 apiarios. También, siete plantas de procesamiento miel y una sala de extracción.
Al 14 de julio de este año el número de apicultores registrados había subido a 1,418 y los apiarios a 1,653, aunque estima que las cifras no alcanzan ni el 40% del total.
“En la Actualidad se estiman 100,000 colmenas”, según Agricultura, entidad que reconoce que su desarrollo se limita por el impacto de la sequía de los últimos.
Explica que las colmenas albergan abejas Apis mellifera, un ecotipo híbrido de italiana y holandesa, que permiten la obtención de miel, cera, polen y material vivo.
De acuerdo a las cifras oficiales, en 2016 se exportaron 557,456 kilogramos de miel por un valor de US$1,079,685, a destinos como Puerto Rico, St. Marteen, Estados Unidos, Curazao, Martinica, Aruba e Islas Vírgenes.
Para 2019, un año afectado por la sequía, las exportaciones de miel pura, basadas en los Certificados de No Objeción, bajaron a 233,930 kilogramos, por un valor de US$594,807, sobre todo a destinos como Puerto Rico, Estados Unidos (Miami, New York) y Martinica.
Enfermedades y esporas
David López, técnico apícola de la zona sur, de Barahona, Independencia, Baoruco y Pedernales, advierte que “la importación de miel podría traer enfermedades a las abejas que no las tenemos ahora mismo”.
“También en la miel pueden venir algunas esporas de hongos de los cuales estamos libres actualmente”, sostiene. “Durante todo el año no hay colecta de miel, ahora estamos en los meses críticos, pero en octubre empezamos a colectar”, dice.
También, Carlos Matos, de la Asociación de Apicultores de Azua (Asopiaza), una entidad con 45 miembros, se queja de la falta de apoyo del Estado, así como de la sequía y la problemática asociada al desmonte del bosque.
Su colega de Hato Mayor, Félix Sabino, conocido por todos como Pipote, pondera el valor del apicultor en la protección del bosque que aporta la floración para alimentar a las abejas que, a su vez, ayudan a la polinización de todos los rubros que requiere la población. Por eso reclama más apoyo de los gobiernos para el sector.
“El 80% de las polinizaciones las hacen las abejas, su conservación ayudaría a la foresta y a la fauna, porque si los árboles tienen semillas las aves las esparcen”, recuerda Sabino, técnico de la Dirección de Ganadería de Agricultura, pero sobre todo apicultor. “Aquí, donde se habla de abejas, se habla de Pipote, siempre y cuando haya que defender las abejas, las flores y la fauna”.
“He llevado esto, no por el grado de ser apicultor. Soy la tercera generación, comencé con mi bisabuelo y luego mi abuelo. Tengo 40 años en la actividad”, dice. “A nivel nacional, desde 2000 se están haciendo concursos de mieles y Hato Mayor se ha traído los primeros lugares, incluso de concursos realizados fuera del país”, resalta.
Sabino forma parte de la asociación La Flor, que tiene unos 50 miembros. Se queja del descontrol en la importación de productos agroquímicos que afectan la salud de las abejas.
“Los productores apícolas nos hemos tenido que ir alejando de los predios agrícolas que usan esos productos”, dice. “Pero no estamos en uno de los mejores tiempos, tenemos cambio climático, la sequía, los flujos de la agricultura”.
Recuerda que antes no se aplicaban tanto agroquímicos y deploran que lo productores agrícolas, como los que cultivan chinolas en el Este, los apliquen sin ningún criterio y sin tomar en cuenta los horarios que puedan impactar menos a las abejas, las cuales son aliadas de la producción.
Un marco jurídico pendiente de actualización
La División Apícola de la Digega lamenta que todavía se tenga pendiente la revisión y actualización de las leyes que norman la actividad y de que no se apruebe el “anteproyecto de reglamento remitido por Digega al Ministerio Agricultura a mediados de julio 2018, por tercera vez, sin respuesta hasta la fecha”.
“Esta propuesta ayudaría a regular el sector en el contexto actual en lo que sale una nueva ley”, dice.
En ese contexto recuerda que la Ley 62-74 regula la apicultura y se encuentra vigente, aunque por un tiempo se creía derogada.
Explica que cuando la Ley 14-93, sobre Aduanas, derogó el Artículo 4 de la Ley 62-74, “se confundió por años y se creyó derogada la Ley 62”, razón por la cual se emitió la Resolución 2006/04, que regula apicultura.
En el marco jurídico se incluye, además, la Resolución 07-2015, que crea programa monitoreo residuos en miel y, según castillo, “abre puertas a mercado europeo”.
Castillo explica que el Anteproyecto de Reglamento se elaboró una vez confirmado que la Ley 62 seguía vigente. En la elaboración del documento participación de los asesores legales de la Digega y el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria (DIA) de Agricultura.
También, técnicos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), de los ministerios de Salud Pública e Industria y Comercio.
En su revisión participaron técnicos de la Dirección Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de apicultores independientes y de las principales organizaciones, entre las que figuran la Coopasafer, La Fronteriza, Baní, Azua, San Pedro, Clusapidom, Comisión Apícola, Apiplata, Asoapifroda, Guerra y apicultores independientes.
Todos los apicultores de República Dominicana demandan normas jurídicas que regulen la distancia entre los apiarios, un reglamento y la adopción de medidas sanitarias “que no admiten demora”.
Entienden además que el marco jurídico debe dotar al Estado de la facultad legal para tomar acciones de sanidad de urgencia en momentos en que son necesarias.
