Este 29 de julio de 2020, fecha en que oficialmente se inaugura la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se cumplen seis años, siete meses y 14 días del primer palazo que dio el presidente Danilo Medina el 15 de diciembre de 2013, para dejar iniciados los trabajos de construcción de su obra cumbre de gobierno.
El proyecto energético ha tenido que saltar obstáculos de diversos tipos, entre los que se cuentan los escándalos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht, principal concesionaria, lo que afectó el flujo de los financiamientos internacionales previstos para su ejecución. El acto de inicio de los trabajos contó, además del Presidente de la República, con la presencia del consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, y del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara.
El costo de la obra, que en principio había sido presupuestada en US$1,945 millones, ha generado cuestionamientos de diversos sectores. El Gobierno admitió que producto de los inconvenientes que enfrentó, entre los que está un proceso de arbitraje en Estados Unidos, fue necesario agregar por lo menos US$395 millones, por lo que terminaría en US$2,340 millones. La central aporta un promedio de 720 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalente a un tercio del consumo de electricidad del país.
Lo que ha sido considerada como la obra cumbre de la gestión del presidente Medina, tuvo que enfrentar, además de los escándalos por supuesta corrupción, sobornos y sobrevaluación, la suspensión de los financiamientos luego de darse a conocer el escándalo internacional de Odebrecht, empresa que utilizaba mecanismos fraudulentos para ganar los concursos de obras públicas en diversos países en más de una docena de países en todo el mundo.
Aunque no se pudo evitar el retraso en la terminación de la obra, la escasez de recursos internacionales se combinó con una reducción en la cotización del petróleo, lo que en cierto modo facilitó los desembolsos para mantener activos los trabajos.
Los principales detractores de Punta Catalina han sido los ambientalistas, entre los que están Luis Carvajal, quien considera que será necesario convertirla a fuentes de energía limpia. Mientras, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, que lidera Enrique León, solicitó a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales investigar la central termoeléctrica bajo el alegato de que emite gases ácidos y material particulado que afectan a la salud de más de 100,000 personas, a la producción agropecuaria y al medio ambiente en la provincia Peravia.
El economista Antonio Ciriaco consideró que esta obra le ha costado demasiado al pueblo dominicano, especialmente por los sobornos demostrados y por el tiempo que ha tenido que esperarse para su entrada en operación.
En 2015, cuando aún no se previeron los obstáculos, el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE aseguró que la Central de Punta Catalina estaría lista en un 92%, mientras que entraría en operación a finales de 2017. En febrero de ese año, el Gobierno suscribió un contrato de préstamos por US$656 millones con el Banco de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil, para adquirir bienes y servicios relacionadas con la construcción de la obra termoeléctrica. Ese financiamiento fue aprobado en abril.
En mayo del mismo año (2015) también se firmó un crédito por US$632.5 millones con un pool de bancos europeos liderados por Deutsche Bank S.p.A, que también incluía una póliza de seguro de la agencia italiana SACE. Este préstamo fue sancionado en julio por el Congreso, donde todo pasaba sin inconvenientes.
A octubre de 2018, según reveló Rubén Bichara , el Gobierno había invertido US$2,117 millones en la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, de los cuales US$1,231 millones fueron de recursos propios, US$291 millones de financiamiento europeo de SACE y US$595 millones de bonos soberanos.
En ésa como en otras oportunidades, el funcionario defendió la decisión del Gobierno de crear un fondo de contingencia de US$336 millones para garantizar la terminación de la obra y condicionar su devolución o entrega definitiva en la sentencia que dicte el tribunal de arbitraje internacional donde el Estado defendería la posición de no pagar más de US$1,945 millones como valor contractual de la obra.
Una de las veces en que se pautó la inauguración de Punta Catalina fue en febrero de este año, pero por las elecciones municipales debió ser suspendida. La central también tuvo que ser sacada de línea en más de dos oportunidades por “problemas técnicos” o de afinamiento.
La venta de una parte de central ha sido planteada en más de una oportunidad, incluso por el presidente Danilo Medina, quien planteó ante empresarios de la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), en diciembre de 2015, que el Gobierno necesita de la participación el sector privado.
Según Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la venta del 50% de las acciones de la CTPC contribuiría a capitalizar el sistema eléctrico, construir una nueva planta a base de gas natural y disminuir el subsidio a ese sector por las pérdidas técnicas y no técnicas.
