El desarrollo de la digitalización, a través de avances en eficiencia, el uso de las tecnologías digitales y otros aumentos “relativamente menores” pueden impulsar un crecimiento de 5.7 puntos porcentuales en los próximos 10 años en América Latina y el Caribe, lo que supone US$325,000 millones (€275,900 millones) en ingresos adicionales durante el decenio.
Así se desprende de un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que se explica que las mejoras en la infraestructura reducirán la desigualdad y ayudarán a las poblaciones vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus.
El análisis detalla que en la medida en que se produce un aumento de la eficiencia en los servicios y una caída en los precios, los ingresos de los sectores más pobres se elevarían un 28% más que los ingresos de los sectores más acomodados durante estos 10 años.
Según el informe, que también analiza los potenciales impactos de la tecnología de vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos, el PIB regional sería un 1.2% más elevado en un plazo de 10 años si el 30% de los vehículos y flotas de autobuses fueran eléctricos.
El economista jefe del BID, Eric Parrado, ha indicado que la infraestructura será un componente “crítico” de la región para impulsar las economías y reducir las desigualdades tras la pandemia.
“Los presupuestos serán restringidos, por lo que debemos invertir de manera inteligente y sostenible”, sostiene Parrado.
El informe pone de manifiesto la falta de inversión en infraestructura en el continente, que ha invertido un 2.8% de su PIB en infraestructura tecnológica durante la última década, la mitad que los países emergentes asiáticos.
Por otro lado, el estudio explica que pese a la buena accesibilidad a recursos, estos no guardan la suficiente calidad. En concreto, el escrito menciona que el 97% de los hogares urbanos de América Latina tiene acceso al agua, pero menos del 40% de las aguas son tratadas previamente. Otro ejemplo es que el tiempo promedio de viaje al trabajo en las grandes urbes de la región es de 90 minutos.
Además de la baja calidad de los servicios, los hogares y empresas deben pagar tarifas muy altas. El 50% de los hogares más pobres gastan el 14% de sus ingresos en agua, energía y transporte público, lo que representa un 30% más que en otras regiones en desarrollo.
El BID resalta que la tecnología no solo permitirá generar un mayor grado de eficiencia y reducción de precios, sino también cambiar la naturaleza misma de los mercados de servicios.
Sin embargo, advierte que estos logros solo se alcanzarán si se adoptan las políticas y regulaciones necesarias, ya que solo un tercio de los países de la región ha promulgado leyes o actualizado su legislación vigente en el sector de comunicaciones desde el 2010, en tanto que la mitad de los países cuentan con leyes que datan del siglo pasado y que desde entonces solo han sido actualizadas parcialmente.
