La crisis económica asociada a la emergencia sanitaria del covid-19 también ha “infectado” las actividades económicas en toda la región de Latinoamérica, empujando el cierre temporal y, en algunos casos definitivo, de miles de empresas.
En República Dominicana no hay unas cifras exactas de cuántos empleos formales e informales se han perdido durante la pandemia. Sin embargo, ya se refleja una disminución de 14% de trabajadores registrados al 30 de junio de 2020 en el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR), de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al compararse con la misma fecha para 2019.
La cantidad de trabajadores activos registrados en el SUIR al 30 de junio eran 1,912,405 empleados, unos 313,983 menos que los 2,226,338 cotizantes a igual fecha de 2019.
Unas 9,082 empresas dejaron de cotizar, al pasar de 88,908 en junio de 2019 a 79,826 en el mismo mes de 2020.
Entre enero y junio de este año las empresas afectadas fueron 11,464, al pasar de 91,290 a 79,826.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se prevé que la actividad económica de la región se contraiga el 5.3% y proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 11.5 millones de nuevos desempleados en 2020.
“De profundizar la contracción económica, la tasa de desocupación será mayor”, dice un comunicado de la Cepal.
Un informe de Oxfam resalta que la pobreza, la extrema pobreza y la desigualdad aumentarán en todos los países de la región. Hasta 52 millones de sus habitantes podrían caer en la pobreza como resultado de la pandemia.
Mientras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que “esta crisis visualiza y, particularmente, exacerba las significativas dificultades del mercado laboral como también las enormes desigualdades existentes en su interior”.
Nuevas autoridades
El economista, Henri Hebrard, sostiene que la crisis que le tocará sobrellevar al nuevo gobierno será “la peor situación, nunca antes encontrada por un nuevo mandato en República Dominicana”.
“Es una tormenta triple, por un lado la crisis sanitaria, la cual se esperaba que en agosto iba a quedar atrás, lamentablemente, estamos viviendo los peores momentos de la crisis del covid-19, lo que complica la otras dos crisis, la económica y la social”, agregó.
Hebrard resaltó que el país debería estar en la fase cuatro de la apertura de la economía, pero que se encuentra estancada en la fase dos, lo que para algunos negocios ha sido “un golpe fatal”.
El economista afirmó que ha sido una irresponsabilidad del gobierno que encabeza Danilo Medina esperar a un nuevo mandato para tomar medidas fiscales de apoyo directo a las pequeñas empresas.
“Ha habido una respuesta fuerte del lado monetario, con medidas tomadas por el Banco Central de facilidades de financiamiento, pero a diferencia de otros países, que han tenido apoyo directo, subsidios a las pequeñas y microempresas, para que no desaparezcan, nada de eso se ha hecho en el país, eso le tocará al nuevo gobierno, me temo que sea muy tarde para algunas empresas que no podían esperar”, dijo.
También el ex vicegobernador del Banco Central Luis Manuel Piantini Munnigh asegura que el Gobierno “fue muy tímido para enfrentar la situación de pérdida de ingreso de las personas y de las medianas pequeñas y microempresas”.
Piantini Munnigh resaltó que la situación no ha sido igual para las grandes empresas, las cuales han podido recibir recursos financieros de las políticas de expansión de las autoridades monetarias para paliar la situación de cierre de actividades y caídas del consumo.
“Los aportes del Gobierno a las fases de compensación salarial llegan apenas a US$350 millones, según informaciones recientes del gasto del primer semestre o sea 0.4% del PIB. Lo que es una barbaridad frente a una situación tan grave en términos de ingreso para los asalariados del mercado formal e informal que suman 4.7 millones de empleos”, puntualizó.
Destacó que el cierre de operaciones de empresas decretado por el Gobierno en el mes de marzo con la declaración del estado de emergencia fue una decisión expropiatoria del salario de los empleados y del capital de las empresas, al despojarse de sus ingresos diarios, acción que debió de ser compensada con ingresos públicos a los empleados y empresas afectadas.
Resaltó que entre febrero y junio de este año los trabajadores formales cancelados (335,785) y formales suspendidos (1,315,298) totalizan unos 1,651,083, lo que representando el 73% de la totalidad de empleados cotizando.
Sostuvo que las ayudas que ha brindado el Gobierno para paliar la situación económica son insuficientes.
Indicó que de “un total de unos 2.24 millones de trabajadores formales que tenía el país a febrero 2020, sólo cubren 851,594, se encuentran en los los programas Fase 1 y Fase 2, lo que representa el el 38% y si le sumamos 2.3 millones del informal este porcentaje se reduce sólo al 18.7 % del total de los trabajadores y empleados del país”.
A su entender, las ayudas sólo cubren una parte del costo de la canasta familiar del primer quintil que en noviembre de 2019 estaba RD$14,465, “pero, con los aumentos en los precios debe de rondar los $16,000 pesos”.
“El Gobierno transfiere en el programa Fase 1 el 70% del salario del trabajador hasta RD$8,500, para un total de 373,933 trabajadores aprobados y en la Fase 2 un total de RD$5,000 para 477,661 trabajadores aprobados. Un número que representa solo el 50% de los trabajadores formales suspendidos y cancelados (1,651,083) y cuyos pagos no alcanzan ni para cubrir el 50% de la canasta familiar del primer quintil”, dijo.
“El valor que debía de desembolsarse para cubrir las fases 1 y la 2 en base a los montos de apoyos asignados debería de ser de RD$5,556 millones mensuales pero sólo en julio se desembolsó un apoyo por RD$2,755 millones mensuales”, agregó.
El economista enfatizó que de haberse compensado debidamente a los trabajadores formales con un ingreso igual al valor de la canasta familiar de RD$16,000, el costo mensual al Estado hubiera sido de RD$26,417 millones, pero sólo los aportes a las fases 1 y 2 han sido por un valor global de RD$2,754 millones mensuales, representando sólo el 10.4% de las necesidades mínimas de 1,651,083 empleados.
Debido a la situación, “no habrá de sorprender ver un aumento significativo en el número de nuevos pobres e indigentes”, dice Piantini Munnigh.
