El jurista Luis Miguel Pereyra definió como “una bola de humo” el ataque del Grupo Puntacana a la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro y afirmó que la denuncia penal contra esta decisión deberá ser archivada en buen derecho.
El abogado, representante del Grupo Abrisa, que promueve la nueva terminal aérea, dijo que los oponentes al proyecto han perdido todos los recursos elevados en distintas instancias estatales porque, evidentemente, el debido proceso seguido para la aprobación de la obra está amparado en los estamentos legales.
Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, Pereyra consideró absurdo el ataque a los incentivos previstos en la ley para proyectos desarrollados en el ámbito de los polos turísticos y recordó que el Aeropuerto Internacional de Punta Cana recibió facilidades fiscales para su desarrollo dentro de la antigua Ley 153.
Asimismo, desmintió la especie de riesgo e inseguridad por la distancia de los aeropuertos de Punta Cana y de Bávaro (24 kilómetros) pues hay decenas de casos de terminales aéreas vecinas en distintas partes del mundo con mucha más cercanía y operan sin mayores problemas.
El jurista expresó que un aeropuerto -sobre todo en una zona que maneja el 60% del tráfico aéreo en la República Dominicana- mueve la economía del país, de las comunidades cercanas, crea oportunidades de empleos y de inversiones, derramando el beneficio.
Desde su óptica, un caso que debió ventilarse bajo la naturaleza del acto administrativo es conducido hacia lo penal por el Grupo Puntacana solamente para satanizar al Aeropuerto Internacional de Bávaro y presentarlo como “un hijo de la corrupción” en una coyuntura política de cambio.
Señaló que la aprobación del nuevo aeropuerto siguió un proceso iniciado en 2019, dando todos los pasos dispuestos en el marco jurídico, que se completaron a pesar del torpedeo que, desde el principio, desató el Grupo Puntacana, que preside el empresario Frank Rainieri.
A juicio de Pereyra, no ha de esperarse que un gobierno que viene con una plataforma de transparencia y de respeto a la ley auspicie una salida basada en el favoritismo para un solo competidor. El jurista recordó que la Constitución de la República establece la prohibición del monopolio y el abuso de la posición dominante y que la actividad económica debe hacerse en base a la libre empresa, competencia, transparencia y en términos igualitarios.
