El jurista Julio Cury confirmó este viernes que la Corporación Aeroportuaria del Este -del Grupo Puntacana- ha sido intimada por la Comisión Aeroportuaria al pago de US$38 millones por inversiones no realizadas en equipos de seguridad, derivadas de tasa aeroportuarias que cobra libremente en la terminal aérea.
Cury, quien representa legalmente a los miembros de la Comisión sometidos por el Grupo Puntacana al Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por haber emitido una “no objeción” a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, habló sobre el particular en programa El Sol de la Mañana.
“La Corporación Aeroportuaria del Este debió realizar una serie de inversiones a requerimiento del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), pero lleva años sin hacerlo y esto dio lugar a que la Comisión Aeroportuaria dictará un acto administrativo declarándola deudora del Cesac”, afirmó el abogado.
Y agregó: “Fíjense que una cosa es con guitarra y otra es con violín, por lo cual hay que escuchar las dos campanas.”
La intimación a la empresa del Grupo Punta Cana es el desenlace de un proceso desarrollado por la Comisión y el Cesac, cuyos representantes llegaron a reunirse con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Presidencia buscando que el operador aeroportuario privado cumpliera sus responsabilidades.
De acuerdo con la Ley 188-11 y su reglamento de aplicación 376-16, los operadores y explotadores de aeropuertos deben establecer en su presupuesto anual, a requerimiento del Cesac, un monto destinado a la adquisición y mantenimiento de equipos, sistemas e instalaciones auxiliares de seguridad, equivalente a las recaudaciones de la tasa de US$1.25 por pasajeros entrantes y salientes, prevista en el decreto 202-03.
El acto número 457 del 10 de agosto, entregado en el domicilio de la Corporación Aeroportuaria del Este, en la avenida Abraham Lincoln en Santo Domingo, indica que tras varios esfuerzos en busca del cumplimiento de las normas aeroportuarias de inversión en seguridad, la Comisión Aeroportuaria apelará al cobro compulsivo de los valores, declarando al Aeropuerto de Punta Cana, propiedad de Frank Rainieri, como deudor del Cesac.
El jurista, entrevistado por los periodistas Julio Martínez Pozo, María Elena Núñez y Euri Cabral, también informó que durante 18 años el Aeropuerto Internacional de Punta Cana se benefició de exenciones fiscales -desde que era aeródromo-, por lo cual no puede impugnar que el Aeropuerto Internacional de Bávaro sea tratado con las mismas condiciones.
Aseguró que el contrato que suscribió el Estado con el Grupo Abrisa, promotor del Aeropuerto Internacional de Bávaro, sería en las mismas condiciones en las que se firmaron los convenios con todas las terminales aéreas en polos turísticos.
Julio Cury anunció que acudirá ante la PEPCA a presentar un escrito de defensa de los 9 miembros de la Comisión Aeroportuaria, quienes lo único que han hecho ha sido ejercer las facultades que la ley les asigna, otorgando una “no objeción” a un nuevo aeropuerto que vendría a competir con el de Punta Cana, el cual opera en condiciones monopólicas.
