La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) negó este viernes que la entidad esté ejerciendo presiones contra la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), del Grupo Punta Cana, tal y como denunció hoy mismo la sociedad turística.
Según la institución, se habrían malinterpretado “acciones rutinarias que engloban a muchos contribuyentes”, señaló en respuesta a un comunicado de la CAE en el que denuncia ser objeto de represalias por parte de las autoridades que se despiden este domingo, cuando toma posesión el nuevo gobierno de Luis Abinader.
Esto, apuntaron desde la corporación, tras las acusaciones elevadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) “sobre irregularidades señaladas públicamente en la aprobación precipitada del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB)”.
La denuncia de la propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana especifica que recibieron una notificación de la DGII, del 31 de julio, para que en un plazo perentorio de cinco días le suministraran los estados financieros auditados de los dos últimos ejercicios fiscales.
A este respecto, la DGII explicó a través de Twitter que emitió “un requerimiento de información a muchos contribuyentes para mantener al día sus expedientes en un proceso rutinario que no fue dirigido exclusivamente a la Corporación Aeroportuaria del Este, del Grupo Punta Cana”.
El director general de la entidad, Magín Díaz, consideró “extraño el paralelismo que hace el Grupo Punta Cana entre un procedimiento normal de la DGII y una situación que maneja ese Grupo a nivel legal.”
Aclaró, además, que los requerimientos de información a contribuyentes, especialmente a los que pertenecen a la Gerencia de Grandes Contribuyentes, “forman parte de procedimientos rutinarios que se hacen de forma periódica tal y como el mismo Grupo indica en su desafortunada nota de prensa.”
Efectivamente, el comunicado de la CAE reconoce que este es un “requerimiento normal” pero matiza haciendo notar “la coincidencia con los reclamos de investigación ante el PEPCA, a muy pocos días del cambio de gobierno y por el simple hecho de que el último ejercicio fiscal de la CAE, como bien lo sabe la DGII, se cerró el 30 de junio pasado, y de ahí la imposibilidad de que haya sido auditado ya.”
Díaz también argumento que el requerimiento de la DGII sería sesgado si estuviese dirigido a todos menos al Grupo Punta Cana y añadió que “ese tipo de prácticas no formó parte de la gestión profesional y técnica llevada a cabo en la DGII, por lo cual desmentimos la especie de que estamos presionando a determinado grupo empresarial”.
EL funcionario también afirmó que durante su gperiodo al frente de la entidad ha desarrolló una gestión despolitizada, apegada a los principios del Código Tributario y de las normas vigentes, sin excepciones ni favoritismos a contribuyentes en particular.
El proceso de aprobación del Aeropuerto de Bávaro ha generado cuestionamientos por parte de varios sectores que cuestionan la legitimidad de este proyecto del Grupo Abrisa y la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), autorizado por decreto del Gobierno el pasado 21 de julio.
