Compañías mineras están abusando de las herramientas de arbitraje internacional para presentar demandas millonarias contra países en desarrollo, especialmente de Latinoamérica, cuando sus operaciones son rechazadas por comunidades locales según un informe dado a conocer hoy y que analiza el caso de KCA contra Guatemala.
Kappes, Cassiday & Associates (KCA), una empresa minera con sede en Nevada (Estados Unidos) demanda más de 400 millones de dólares (350 millones de indemnización más intereses más costes) a Guatemala por la suspensión de su proyecto El Tambor.
En 2016, la Corte Suprema de Guatemala y en 2017 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenaron la suspensión de las operaciones del proyecto, también conocido como Progreso VII Derivada, en el municipio de San Pedro Ayampuc, porque las comunidades locales no fueron consultadas para la concesión de la licencia minera.
En respuesta, en diciembre de 2018 KCA hizo uso de la cláusula de protección de inversiones del tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y la República Dominicana para solicitar el arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Grupo del Banco Mundial.
DEMANDAS PARA PRESIONAR
Pero según el informe “La injusticia minera a través del arbitraje internacional: contrarrestando los argumentos de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) sobre su proyecto de oro en Guatemala”, KCA está utilizando el Ciadi en Washington para presionar al Gobierno guatemalteco a que autorice la operación de El Tambor o a pagar una gigantesca indemnización.
El informe del Institute for Policy Studies (IPS) de Washington y elaborado por el periodista guatemalteco Luis Solano junto a las investigadoras Ellen Moore y Jennifer Moore indica que KCA ha ignorado la oposición de las comunidades, ha incumplido la normativa guatemalteca y ha omitido detalles clave del caso, como el uso de violencia para abrir la mina.
Jennifer Moore declaró a Efe que la solicitud de arbitraje ante Ciadi por parte de empresas mineras y de extracción de recursos naturales “está convirtiéndose en una industria en sí misma, en las que firmas de abogados ganan enormes cantidades de dinero”.
“Es más fácil para las corporaciones estas demandas que poner en marcha las operaciones y hay terceros que proporcionan la financiación para las demandas”, añadió Moore quien añadió que en las últimas décadas, el sector privado ha presentado 38 demandas de arbitraje similares contra países latinoamericanos.
Moore y Solano calificaron el caso de El Tambor y la demanda de KCA contra Guatemala como “emblemático” de las tácticas del sector.
Solano dijo a Efe que “este caso es muy importante porque se trata de un movimiento genuino, comunitario, de resistencia surgido hace casi una década. Ha sido una batalla legal y de resistencia pacífica a un proyecto que lo consideran ilegal, que producirá ganancias millonarias a costa de destrucción de recursos naturales y violencia con costos inconmensurables y que contó con el respaldo de los gobiernos de turno”.
A pesar de las sentencias en Guatemala contra KCA por no haber consultado a las comunidades, la notificación del arbitraje presentada por la empresa ante Ciadi señala que recibió la licencia social para operar la mina tras haber “consultado con las comunidades y no habiendo recibido ninguna objeción de su plan minero”.
KCA también achaca las protestas a “organizaciones no gubernamentales que incitaron a la población local a bloquear el acceso a los sitios mineros”.
RESISTENCIA POPULAR
Pero según los autores del informe, desde que se iniciaron los trabajos de construcción en febrero de 2012, pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo bloquearon el sitio minero “preocupados por su agua y su salud”.
“Poco después de iniciar el plantón, los miembros de la comunidad empezaron a enfrentarse a la represión violenta y a las amenazas por la policía y la seguridad privada de la empresa”, señala el informe que califica de “falsa” la afirmación de KCA de que no recibió objeciones a su plan.
KCA ha señalado ante el Ciadi que la licencia para operar la mina fue “expedida legalmente” por las autoridades guatemaltecas.
Sin embargo, el informe dice que KCA obtuvo la licencia de forma sospechosa durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2011) “a pesar de una moratoria sobre nuevos permisos mineros”.
“Aún no se ha aclarado exactamente cómo obtuvo KCA su licencia de explotación, pero las circunstancias hacen saltar la alarma sobre la voluntad del Gobierno de ceder a los intereses de la industria y de KCA”, señala el informe.
Los autores enumeran las autoridades y gobiernos guatemaltecos que prestaron su apoyo al proyecto de KCA a pesar de que no obtuvo el permiso de construcción municipal, y las dudosas conexiones de altos funcionarios con empresas mineras como KCA.
“KCA también gozó de importantes relaciones con la élite guatemalteca. El proyecto minero de KCA probablemente pudo beneficiarse del acceso de estos individuos a los funcionarios gubernamentales y su influencia en los procesos administrativos, jurídicos y reglamentarios”,dijo el informe.
Finalmente, el informe afirma que “la mina de oro de KCA entró en operación como resultado de la represión violenta llevada a cabo por fuerzas de seguridad privada dirigida por militares en retiro y por fuertes contingentes de agentes antimotines de la PNC (Policía Nacional Civil) bajo un gobierno corrupto”.
