El delicado acuerdo presupuestario alcanzado por los líderes de la Unión Europea (UE) en julio, tras una histórica cumbre de cuatro días, aguarda ahora el último obstáculo para su entrada en vigor: la bendición de la Eurocámara, que intentará incluir más claridad sobre las políticas que financiará y asumir más control sobre el gasto.
El Parlamento Europeo (PE), la Comisión Europea y el Consejo han comenzado ya las conversaciones que deben culminar con un acuerdo lo antes posible sobre el presupuesto comunitario a siete años y el plan para la recuperación tras el coronavirus, un paquete que suma €1.82 billones según lo acordado por los países miembros.
En última instancia, corresponde a la Eurocámara aprobar o rechazar las cuentas multianuales en un voto en el pleno, pero los diputados que negocian intentarán arrancar mejoras tanto al plan de recuperación como al presupuesto, conscientes de la dificultad de retocar un pacto que tanto costó alcanzar.
Más concreción en el plan de recuperación
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pilar principal del Plan de Recuperación europeo tras la pandemia de coronavirus, llega a la mesa de los eurodiputados dotado con €672,500 millones (€312,500 millones como transferencias directas y €360,000 millones como créditos) para financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados por la pandemia.
Su configuración fue uno de los puntos más calientes de la histórica cumbre de julio y las cifras finales rebajan las que habían pedido la Comisión Europea y el Parlamento, tanto en el total que se repartirá como en la forma de desembolsarlo, por presiones de países como Holanda.
El Ejecutivo europeo y el Parlamento querían dar un papel más prominente a las subvenciones a fondo perdido frente a los préstamos, con vistas a evitar que la obligación de devolver el dinero eleve los ratios de deuda nacionales y aumente la brecha económica en el bloque comunitario.
Una de las ponentes del texto en la Eurocámara es la española Eider Gardiazabal (PSOE), quien reconoce que las cantidades consensuadas en la cumbre “a priori no se van a tocar”, sino que los eurodiputados centrarán sus esfuerzos en otro tipo de ajustes.
“Nos hubiera gustado (que fuese) más, pero nos parece que, siendo realistas, lo que negoció el Consejo es un salto cualitativo impresionante por la cantidad y el origen del dinero”, explica Gardiazabal a Efe, en referencia a la masiva emisión de deuda que emprenderá la Comisión Europea para financiar el fondo.
El Parlamento se enfocará en intentar concretar mejor “qué tipo de políticas se pueden financiar con el programa”, apunta Gardiazabal.
En la propuesta inicial de los diputados, aún pendiente de enmiendas y negociación, se sugieren seis pilares: transición verde, digitalización, apoyo a políticas económicas (industria, pymes), ámbito social, institucional y una rama específica para juventud e infancia.
La eurodiputada socialista cree que esta puede ser la parte más sencilla de negociar con el Consejo, ya que son áreas “suficientemente flexibles o amplias como para que todos los Estados miembros se vean reconocidos en los objetivos”.
Más espinoso será, apunta, el capítulo sobre la gobernanza del fondo, ya que el Consejo se aseguró una vigilancia mayor sobre los planes de reformas e inversiones que tienen que presentar los países a Bruselas para acceder a la financiación.
Estos planes tendrán que ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo (al menos quince Estados miembros que representen el 65% de toda la población de la UE), algo que no estaba previsto en un principio.
“Tiene que ser la Comisión la que tenga la voz cantante en todo esto. Pero si al final el Consejo va a tener un papel mayor, el Parlamento quiere estar en pie de igualdad”, zanja Gardiazabal.
El Parlamento Europeo no legisla directamente sobre el Fondo de Recuperación, pero por la forma en la que fueron negociados, este programa va muy ligado al presupuesto multianual, al que la Eurocámara sí debe dar su consentimiento en un voto en el pleno.
El presupuesto a siete años
La presidencia alemana semestral del Consejo, los negociadores del Parlamento y la Comisión arrancaron el jueves las conversaciones previas a que la Eurocámara vote el paquete presupuestario completo.
Seis eurodiputados, que representan a todos los grupos parlamentarios salvo a la ultraderecha, intentarán retocar el acuerdo presupuestario, cifrado en €1.074 billones, para reforzar programas concretos, impulsar nuevos impuestos supranacionales para nutrir las cuentas o mejorar la vigilancia de los valores fundamentales.
Una resolución no legislativa aprobada justo después de la cumbre de julio deploraba que los líderes hubieran recortado en programas emblemáticos de la UE para la protección del clima, transición digital, sanidad, juventud, cultura, investigación o gestión de fronteras.
“Debe haber una financiación adecuada para los programas bandera de la Unión, como los de investigación o para los jóvenes”, advirtió el conservador belga Johan Van Overtveldt, que preside la Comisión de Presupuestos y forma parte del equipo negociador parlamentario.
La Eurocámara también ha insistido en que se adjunte al plan una propuesta vinculante sobre nuevas fuentes de recursos propios para el presupuesto, esto es, nuevos impuestos recaudados a nivel europeo para alimentar las arcas comunitarias.
Se trata de gravámenes europeos al plástico no reciclado o a los gigantes digitales, o un sistema de ajuste de carbono en frontera.
Por último, la Eurocámara intentará reforzar la vigilancia de los valores europeos y la vinculación de su cumplimiento a la recepción de ayudas europeas, un capítulo cuya redacción quedó poco detallada en el acuerdo cerrado en julio por la influencia de Polonia y Hungría.
Populares, socialistas, liberales y verdes han criticado que el acuerdo “debilite significativamente” los esfuerzos de la Comisión Europea y el propio Parlamento para mejorar la vigilancia del cumplimiento de estos principios.
“No podemos permitir que los valores protegidos por los tratados sean sistemáticamente amenazados o violados por cualquiera de los 27 Estados miembros mientras los gobiernos responsables siguen recibiendo fondos europeos”, apuntan.
Los cuatro grupos, que acumulan una mayoría holgada en el hemiciclo, han advertido de que “será imposible” avanzar en la aprobación del presupuesto en su conjunto si no se mejora el capítulo del refuerzo de la vigilancia de los derechos fundamentales.
