La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó este sábado que la Contraloría General de la República (CGR) sí está facultada para investigar sobre posibles desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, tal como lo ha recomendado el presidente Luis Abinader.
La funcionaria definió como institucionalmente pertinente y legalmente correcta la recomendación de Abinader para que los diferentes departamentos de su administración que deseen realizar auditorías puedan hacerlo a través de la Contraloría, según destacó una nota de la Presidencia.
Citó la ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la CGR, que faculta a ese órgano “a realizar investigaciones administrativas sobre desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de esta ley”.
Agregó que el reglamento de la aplicación de esa misma ley, dictado por el presidente Leonel Fernández en 2007, también le otorga poder a la Contraloría para realizar ese tipo de pesquisas a solicitud de las instituciones públicas interesadas.
El reglamento señala, según Ortiz Bosch, que “las entidades y los organismos bajo el ámbito de la Ley, no podrán interponer, ante la Contraloría y sus unidades de auditoría interna, reservas ni limitaciones a la transparencia, que no hayan sido expresamente establecidas por Ley”.
La exvicepresidenta dijo que Abinader ha sido consistente en afirmar que utilizará todas las atribuciones que establecen las leyes y la Constitución de la República para garantizar un régimen de transparencia y estricto control en la administración de los bienes públicos, razón por la cual ha sugerido recurrir a la Contraloría General de la República para reforzar el control de fiscalización que ejerce la Cámara de Cuentas.
“No se trata de anular a un poder del Estado, sino de complementar su labor como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, como lo dispone la Constitución de la República”, puntualizó Ortiz Bosch.
