La auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), la cual ha generado reacciones en la opinión pública, fue a solicitud de la actual gestión que preside María Elena Vásquez cinco días después de haber asumido la posición.
La información fue dada a conocer mediante un comunicado en el que destaca que el informe de la Contraloría corresponde al periodo 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto del 2021. Vásquez asumió la presidencia de Procompetencia el 25 de octubre de este año.
La funcionaria entregó un documento a elDinero en que explica que, en cuanto a la política de asignación de combustibles, precisa que está sustentada en las disposiciones de los artículos 22 y 31 literal w) de la Ley 42-08, y el artículo 22 de la Ley 105-13, validada además por el Ministerio de Administración Pública (MAP), encontrándose por debajo del 10% establecido para estas asignaciones en la referida ley.
Respecto a los gastos de representación, conforme señala la auditoria en su página 21, esta práctica fue descontinuada a partir del 28 de abril del 2021, previo al inicio de la actual gestión. En consecuencia, destaca, ninguno de los miembros del consejo directivo ni de la dirección ejecutiva han percibido monto alguno por este concepto.
En lo que respecta a los arqueos a caja chica, también señalados en la auditoría, especifica que actualmente se realizan tres mensualmente a los fondos de caja chica, es decir, uno por encima del mínimo establecido en la Norma DG-AD-01-08.
Referente a la nómina del personal de seguridad de la institución, explica que actualmente se encuentra publicado en el portal de transparencia de la institución el numero del personal de seguridad y el salario individual de cada uno, habiendo adoptado el consejo directivo de Procompetencia la decisión de resguardar el nombre de los oficiales que sirven en la institución en aras de preservar la integridad física de dichos oficiales y los procesos de investigación que despliega esa Dirección en el marco de las atribuciones que la Ley 42-08 le confiere, criterio que ha sido acogido por la Dirección General de Ética y cónsono con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0012/21 de fecha 20 de enero del 2021.
“En cuanto a los expedientes incompletos de los empleados, vale precisar que, desde el mes de octubre del año 2021, la totalidad de los expedientes de los empleados de Procompetencia han sido actualizados y completados”, indicó.
La institución reiteró que está comprometida con la transparencia, integridad y uso eficiente de los fondos públicos. En ese tenor, asegura que, de conformidad con la legislación vigente, todos sus procesos financieros son previamente auditados por la Contraloría General.
