El acelerado crecimiento del uso de motocicletas en República Dominicana ha fortalecido la economía de miles de familias, pero también ha intensificado los desafíos en materia de seguridad vial. Mientras el sector continúa expandiéndose como una fuente de empleo y movilidad, representantes de la industria automotriz y de motocicletas coinciden en que la prioridad del país debe centrarse en aplicar con rigor la Ley 63-17 de movilidad y poner en marcha la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para reducir los accidentes y las muertes en las carreteras dominicanas.
Actualmente, las motocicletas se han consolidado como uno de los principales motores de movilidad y sustento económico de más de 200,000 hogares que dependen económicamente de este sector, el cual generó en 2024 185,151 empleos, impulsados principalmente por el crecimiento del motoconcho y los servicios de mensajería y entrega, según datos de la Asociación de Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas (Afamoto).
Sin embargo, el crecimiento del parque de motocicletas, que asciende a 3.8 millones de unidades (57.9% de los casi siete millones del parque total), también ha estado acompañado de un aumento sostenido de los accidentes de tránsito. De acuerdo con cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), los vehículos de dos ruedas fueron el 87.5% de las muertes por accidentes de tránsito registradas en 2025. Hasta mayo de este año, se contabilizaban 30,826 lesionados en siniestros viales a nivel nacional, de los cuales el 70.4% correspondía a hombres.
Ante este panorama, la directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González, consideró que la solución no radica en crear nuevas normativas, sino en aplicar de manera estricta la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
González señaló que uno de los principales desafíos es garantizar que todos los conductores cuenten con licencia válida, seguro obligatorio, matrícula y placa, además de fortalecer la fiscalización de motocicletas que circulan de manera irregular.
Asimismo, destacó la importancia de implementar la Inspección Técnica Vehicular (ITV), contemplada en la legislación desde 2017, como una medida fundamental para reducir las fatalidades en las vías. Explicó que estas inspecciones permitirían evaluar las condiciones técnico-mecánicas y las emisiones contaminantes de vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, mediante revisiones periódicas según el tipo de uso.
Acofave también planteó que las inspecciones sean realizadas por entidades independientes y sin vínculos con el sector automotriz, con el objetivo de garantizar transparencia y credibilidad en las certificaciones.
La ejecutiva advirtió que el incumplimiento de las normas continúa agravando la crisis vial en el país, que registra más de 3,000 muertes por accidentes de tránsito y figura entre las naciones con mayores índices de fatalidades por cada 100,000 habitantes. En ese sentido, insistió en reforzar los controles sobre motocicletas sin documentación y vehículos de carga que operan en malas condiciones o exceden los límites permitidos de peso y volumen.
“Nuestro país necesita cumplir con su Ley de Tránsito y de Seguridad Vial 63-17. Lo primero es cumplir con la ley: el que importa, el que comercializa el motor, el que conduce el motor y las autoridades fiscalizadoras”, expresó González en entrevista a elDinero.
Asimismo, el presidente ejecutivo de Afamoto, Dario Lama, afirmó que restringir la importación de motocicletas no resolvería la crisis de seguridad vial. A su juicio, la solución pasa por hacer cumplir las leyes vigentes, fortalecer la fiscalización y garantizar que solo circulen motocicletas debidamente registradas y conducidas por personas aptas y con licencia.
“La solución es que la ley se cumpla de manera estricta”, enfatizó Lama, quien sostuvo que el problema no es la cantidad de motocicletas, sino la falta de control sobre su circulación y registro.
Lama recordó que el Decreto 420-23 ya establece quiénes pueden importar y comercializar motocicletas, por lo que consideró prioritario que las autoridades agilicen los procesos relacionados con placas y matrículas, además de reforzar la supervisión de las infracciones más frecuentes, como circular en vía contraria, transitar por aceras o utilizar elevados de forma indebida.
Las cifras de importación reflejan el crecimiento sostenido del sector. Mientras en 2019 se importaron 164,154 motocicletas, al cierre de 2024 la cifra ascendió a 293,699 unidades, para un incremento de 78.9%. El promedio anual de importación se situó en 196,471 motocicletas, con un aporte fiscal estimado en US$97 millones. Para 2025, el sector proyecta alcanzar las 200,000 unidades importadas.
Pese a ello, representantes del sector insistieron en que prohibir o limitar las importaciones afectaría tanto al mercado formal como a miles de familias que dependen de las motocicletas como medio de trabajo y transporte diario. Este tema forma parte de la serie del reportaje “Asfalto letal”.
