El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, ofreció una entrevista al periódico elDinero para tratar aspectos relacionados con sus funciones y planes al frente de esa dependencia estatal. La conversación en exclusiva para este medio será publicada desde este martes.
Sin embargo, el ministro respondió una pregunta que, en principio, no tiene nada que ver con medio ambiente, pero sí con el compromiso que la gestión del presidente Luis Abinader asumió desde el 16 de agosto de este año cuando juró como jefe de Estado ante la Asamblea Nacional.
¿Qué significado tiene la palabra “cambio” para Orlando Jorge Mera? Fue una de las tres primeras preguntas que respondió el ministro, quien también es el delegado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la Junta Central Electoral (JCE). Sus respuestas, presentadas textualmente, fueron las siguientes:
El cambio significa una visión de trabajar de forma diferente a como estuvo acostumbrado el pueblo dominicano durante 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
De lo que se trata, primero, es de tener a funcionarios que son de carne y hueso; segundo, de funcionarios que tienen un compromiso de cumplir las leyes y la Constitución de República Dominicana y, sobre todo, de trabajar con la dignidad, la humildad que debemos tener todos, pero que reclama la mayoría del pueblo dominicano, de lo que debe ser la conducta de los funcionarios ante los ciudadanos.
Yo pienso que ser ministro de una función determinada en el Estado es ser el primer administrador de la ley o del cargo que te ocupe. En ese sentido, nuestra misión no es sobresalir, no es ser una persona que tengan que estar con una parafernalia a los sitios a donde vayan, sino que lo importante es asimilar que nuestro rol es el de hacer las cosas como manda la ley.
¿Qué ponderación tiene el concepto transparencia en su gestión aquí en este Ministerio de Medio Ambiente?
La palabra transparencia se ha gastado tanto, se ha desgastado tanto, en el curso de los últimos años que es una palabra que no tiene el valor que quizá pudiera tener (antes), pero nosotros nos hemos puesto un propósito muy claro y definido: tenemos que relanzar este Ministerio y dentro de ese relanzamiento lógicamente todo tiene que hacerse conforme a como manda la ley.
Resulta que no se trata solamente de la Ley de Medio Ambiente, sino que la Ley 107-13, que traza el rol entre el Estado y los ciudadanos que acuden al Estado a buscar solución a sus distintos problemas, que establece lo que deben ser los lineamientos de cómo debe conducirse un servidor público y, entonces, en ese sentido, la transparencia forma parte de ese ejercicio que debe exhibir un funcionario.
Atrás queda la época de decisiones oscuras, decisiones que no se sometían al debido proceso de ley, que no se respetaran esos cánones jurídicos/legales, que son de vital importancia, porque forman parte de las garantías que debe tener todo ciudadano.
Entonces, en ese sentido enmarco esa expresión o la palabra transparencia dentro de los derechos a los cuales cada ciudadano tiene que ejercer y que al mismo tiempo está obligado el funcionario.
¿Qué encontró usted en este Ministerio?
Dieciséis años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) distorsionaron completamente lo que es el Estado dominicano y las instituciones del país. La palabra “institucionalidad” fue, en gran parte, destruida por los distintos sectores en los que el PLD tuvo su radio de acción. Uno de ellos es, sin lugar a duda, el medio ambiente y los recursos naturales.
Te lo digo porque en tan poco tiempo aquí en el Ministerio, alrededor de 25 días, hemos visto una gran cantidad de noticias e informaciones que circulan en las redes de problemas que tienen cinco años, 15 o 20 años sin resolver.
Esto es un indicio de cómo la institucionalidad fue resquebrajada en materia de medio ambiente. Por supuesto, 16 años de gobierno deberán tomar un tiempo necesario para poderle explicar al país qué hemos encontrado. ¿Qué hemos hecho? Le hemos pedido a la Cámara de Cuentas una auditoría.
La última auditoría que se hizo en esta e entidad se entregó en 2018, por lo que faltan dos años y lo que respeta de 2020 por auditar. Hemos pedido a la Cámara de Cuentas una auditoría de estos años y, por otro lado, le hemos pedido a la Contraloría General de la República, que nos audite el año en curso para con esta información poder explicar al país qué hemos encontrado aquí.
Aquí había una nómina abultada de empleados que no ejercían sus funciones y una gran nómina de personas fuera o al margen de la institución. Estamos haciendo una investigación y por eso hemos pedido auditorías.
