El exministro de Medio Ambiente y presidente de Alianza Por la Democracia (APD), Max Puig, planteó en el Panel “Pacto Eléctrico, Planta de Carbón y Movimientos Sociales Ambientales”, celebrado en el Centro Cultural Perelló de Baní, que la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, provincia Peravia, no procede sean éstas del gobierno o propiedad del sector privado.
Manifestó que la oposición a estas plantas es a causa de que utilizarán carbón mineral como combustible sin importar el tipo de régimen de propiedad de este proyecto.
Consideró que el planteamiento que formuló recientemente el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de que el Estado traspase al sector privado las plantas de carbón, no revierte ni debilita la oposición a que se utilice carbón mineral en estas instalaciones.
Por el contrario, advirtió que la construcción de estas plantas conllevará demandas penales por ser un proyecto ilícito y por los daños que producirá en la población, las cuales serán dirigidas también contra el sector privado en caso de que éste figure como propietario de esta termoeléctrica.
El dirigente político acusó a las plantas de carbón junto a la construcción de la avenida de circunvalación por la parte sur de Baní, de causar en el futuro la ruina de la provincia Peravia.
Puig explicó que las plantas de carbón afectarán gravemente la salud de la población y contaminarán los cultivos que actualmente están certificados bajo la denominación de frutas silvestres como el mango, mientras que la avenida de circunvalación, si se construye por la parte sur, ocupará e inhabilitará los suelos más productivos de esta provincia.
Señaló que el gobierno actúa para atrás, como el cangrejo, al recurrir al carbón mineral que es el fósil más contaminante, cuando todo el mundo, especialmente América Latina, se dirige a generar energía a partir de fuentes renovables y limpias que abundan en el país como son el sol, el aire y el agua.
Puig acusó al gobierno de carecer de sensibilidad ambiental por lo que no se percata de la situación crítica que vive el planeta y en particular el país a causa del cambio climático.
El profesor Milton Martínez, miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y dirigente de Alianza País, en su ponencia en el panel, se preguntó cuál es la prioridad del gobierno del presidente Danilo Medina, porque mientras en la provincia Peravia auspicia un proyecto turístico ecológico a la misma vez construye dos plantas de carbón que harán imposible este proyecto por la gran contaminación que producirá en su entorno.
Planteó que Alianza País se opone a la construcción de estas plantas a carbón tanto por la gran contaminación que producirán, como por ser un mecanismo corrupto de acumulación a favor de funcionarios gubernamentales y del grupo empresarial asociado a éstos.
Puso de relieve que para contrarrestar los ocho millones de toneladas de dióxido de carbono que emitirán estas plantas a la atmósfera cada año, que es uno de los principales gases de efecto invernadero causante del cambio climático, se necesitarían sembrar el equivalente de 380 millones de árboles, lo que es materialmente imposible.
De su lado, el profesor Fernando Peña, director del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (OPP), quien también fue uno de los participantes del panel, aseguró que el costo final de la construcción de las plantas de Punta Catalina será de alrededor de US$3,000 millones.
Además de la sobrevaluación en alrededor de US$1,000 millones que se ha denunciado, la empresa constructora está aumentando los costos amparada en una cláusula del contrato que establece el escalamiento de los costos originales.
Apuntó que el proyecto de las plantas de Punta Catalina es parte de los procesos judiciales en Brasil en contra de la corrupción gubernamental en ese país.
Se declaró contrario de que el proyecto de Punta Catalina forme parte del Pacto Eléctrico y que éste sirva para blindarlo como lo declaró el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara.
“Las plantas de Punta Catalina son un problema nacional, de todos los dominicanos, por su ausencia de transparencia y por el gran costo de todo tipo que pagará el país por este proyecto”, dijo.
También participaron en el panel, el director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Isaproma), Euren Cuevas; y el director ejecutivo de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Domingo Abreu.
El panel fue organizado por el Comité de Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Producción Agropecuaria de la Provincia Peravia, entidad integrante del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).
