El Consejo Superior del Ministerio Público informó este martes que acogió la inhibición que le presentó la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en cuanto al caso de presunta corrupción de Odebrecht que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El organismo, en ese orden, designó en lugar de Germán Brito a su primer sustituto, el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, para todo lo relativo al proceso.
Germán acudió ante el órgano amparada en la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria que consigna al Ministerio Público el artículo 170 de la Constitución de la República, así como en los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad.
Una nota de prensa del consejo afirmó que la procuradora recordó, en su instancia de inhibición, que la autonomía funcional pone bajo responsabilidad del Ministerio Público la investigación y persecución criminal, sin que otro órgano estatal, como el Poder Ejecutivo tenga potestad de participar en cualquier decisión relativa a ese ejercicio.
“Lo anterior deviene porque se ha dicho que el conocimiento de mi inhibición debía plantearse al excelentísimo señor presidente”, argumentó la magistrada ante el Consejo, integrado por Ana María Luisa Burgos, procuradora adjunta; José Manuel Aguiló Talavera, de Corte de Apelación, y el fiscal Edward Manuel López Ulloa, con la asistencia de su secretaria general, Gladys Esther Sánchez Richiez.
El juicio contra seis acusados de presuntamente recibir 92 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht inició el 21 de septiembre desde cero en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras más de tres años en la Suprema Corte de Justicia.
Ese mismo día, los jueces del tribunal aplazaron la audiencia para este miércoles, 30 de septiembre, luego de rechazar varios incidentes planteados por la defensa dirigidos a la reposición de los plazos.
Los imputados son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, su supuesto testaferro Conrado Pittaluga Arzeno, y Ángel Rondón, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, quien está señalado como la persona que repartió los sobornos entre 2002 y 2014.
