La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, ha anunciado la solicitud de una licencia del cargo sin salario mientras se desarrollan las investigaciones sobre su patrimonio.
En declaraciones a la prensa, Taveras afirmó que ha conversado con el presidente Luis Abinader sobre su decisión, que aseguró ha tomado de forma “personal”.
La decisión de Taveras fue anunciada horas después de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informara de que abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada presentada por la ministra.
La ministra aseguró que está “a disposición” de la Justicia para ser sometida a una investigación exhaustiva y precisó que el próximo viernes se presentará a la citación de la Fiscalía del Distrito Nacional.
No obstante, la ministra calificó las acusaciones en su contra como “ataques infundidos e inmerecidos”.
El lunes, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, dijo que el organismo que dirige abrió una investigación de oficio sobre la declaración jurada de la ministra desde el mismo momento en que se produjo la denuncia sobre su patrimonio.
La semana pasada, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la suspensión del Registro de Proveedores del Estado de la ministra Taveras y el inicio de una investigación que determine si sus empresas se han beneficiado de contratos públicos.
Estos anuncios se producen tras la emisión de una entrevista en el programa de la periodista Nuria Piera, que aseguró que varias de sus empresas tienen contratas con entidades públicas.
La DGCP confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), de la que es gerente administradora y poseedora del 75% de sus acciones.
El 8 de octubre pasado, la DGCP anunció la suspensión de la consideración de proveedor del Estado a 119 funcionarios, en virtud de la citada Ley, en concreto a 113 alcaldes y regidores, a dos jueces y a otros cuatro funcionarios.
La legislación establece que los funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, entre los que figuran, ministros, viceministros, directores y subdirectores, alcaldes y regidores, no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado para suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
