El gasto público en pensiones con relación al Producto Interior Bruto (PIB) en América Latina es del 4.3%, casi cinco puntos porcentuales menos que la media del 9% del PIB de los países de la OCDE, según un nuevo estudio del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
El texto detalla que existen notables diferencias entre los países de la región, de modo que Brasil, Argentina y Uruguay destinan gastos similares a la media de la OCDE, frente al gasto realizado por países como Ecuador, Paraguay, Chile y Perú.
El bajo gasto en pensiones y salud en comparación con los países más ricos se debe a diferentes razones, según CAF. La primera de ellas es el nivel de desarrollo, puesto que “un fenómeno bien conocido es que la magnitud del gasto público como proporción del PIB crece con el nivel de ingreso per cápita”.
“La expectativa de alcanzar los niveles de gasto público en pensiones y salud de los países más desarrollados puede constituir un reto para la región, dados sus niveles de ingreso por habitante. Sin embargo, es fundamental entender qué hay detrás de esta brecha y en qué medida atenta contra los objetivos y aspiraciones de tener un sistema de proyección social de calidad para todos”, recoge el informe.
A su vez, el gasto en pensiones, al igual que en salud, depende de las características del sistema, esto es, la cobertura y el valor de las prestaciones; y la vinculación a factores demográficos, como el tamaño y la composición de la población. Esto se traduce en que la brecha del gasto en pensiones y salud respecto a países más desarrollados se puede deber a una menor proporción de adultos mayores, pero también a una baja cobertura o menores beneficios para los jubilados y a un gasto inferior en salud por paciente.
El vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti, explica que el diseño de los sistemas de jubilaciones en la región debería seguir tres líneas generales que son independientes de los sistemas de cada país.
“Primero, todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente. Segundo, el componente contributivo de las pensiones debe estar equilibrado en términos financieros para ser sostenible. El tercer lineamiento se refiere a aspectos más específicos del diseño de las pensiones con un foco especial en los incentivos para aportar que ofrecen los distintos sistemas para aumentar la cobertura y los aportes”, señala Sanguinetti.
Sin embargo, al tomar como referencia la tasa de reemplazo promedio para los países de la OCDE, que se ubica en el 59%, los países con regímenes de reparto de la región se ubican en general por encima, y por tanto no presentarían problemas de suficiencia de sus partidas. Las tasas de reemplazo de los regímenes de capitalización como el de Chile, en cambio, se ubican bastante por debajo del promedio de la OCDE, lo que apunta a potenciales problemas de suficiencia, según CAF.
Sostenibilidad fiscal de los sistemas
De su lado, el documento apunta que para lograr reformas de pensiones exitosas que mantengan la sostenibilidad fiscal se deben agrupar medidas que permitan tomar en cuenta diferentes dimensiones del sistema de protección social como la edad de jubilación, el nivel de las prestaciones y las tasas de contribución.
La fórmula recomendada por CAF en este sentido apunta a combinar elementos que den más beneficios con aspectos que mejoren la sostenibilidad financiera, como aumentar marginalmente la edad de jubilación. Finalmente, también es importante dotar a los gobiernos de mayor agilidad, transparencia y habilidad para generar, procesar y comunicar la información que haga posible formular e implementar las políticas efectivas de protección social.
Avances en la digitalización y reducción de la informalidad
Por otra parte, CAF indica que otra tendencia global relevante para la protección social es el avance, a diferentes velocidades, en la digitalización y automatización de los procesos productivos.
De este modo, los avances tecnológicos pueden favorecer la sustitución de trabajadores por máquinas o la digitalización en la realización de tareas rutinarias, aumentar la productividad en tareas no rutinarias y ampliar las oportunidades para la realización de nuevas tareas.
Estos avances inciden en la provisión de protección social ya que afectan las trayectorias laborales y la distribución salarial. Por otra parte, el cambio tecnológico puede favorecer el desarrollo de modalidades de trabajo no tradicionales y con diferente propensión a contribuir al sistema de protección social
Por último, los datos recogen que entre 2005 y 2018, la informalidad se redujo en la región, con una caída en la proporción de asalariados informales de casi 9 puntos porcentuales. Sin embargo, cerca del 63% de las personas ocupadas de la región, en promedio, trabajan aún en un empleo informal.
Este panorama ha sido agravado por la importante destrucción de empleo formal como consecuencia de la pandemia, que ha impuesto desafíos en esta materia, en la medida que el mercado de trabajo no reasigne en trabajos de calidad a los trabajadores que perdieron su empleo y estos se refugien en empleos informales y con bajos salarios.
“En definitiva, se deben implementar políticas para incrementar la formalidad laboral, aumentar la recaudación impositiva, ampliar la cobertura de las prestaciones de pensiones y salud, y a la vez introducir reformas paramétricas en aquellos regímenes de pensiones contributivas que estén desequilibrados en términos actuariales. En algunos países, la ausencia de espacio fiscal implica que se deberán poner en marcha reformas que necesariamente contengan el gasto”, concluye Sanguinetti.
