El Parlamento Europeo defenderá en las futuras negociaciones con los gobiernos europeos una relajación de las condiciones para acceder a las ayudas del Mecanismo de Recuperación Resiliencia (RRF), el principal programa del fondo anticrisis de la UE que reparte US$672,500 millones entre transferencias directas y préstamos.
Así lo han acordado los principales grupos de la Eurocámara, aunque esta postura todavía debe ser confirmada en una votación la próxima semana. Aun así, no se esperan problemas en su aprobación porque el acuerdo ha sido alcanzado entre populares, socialdemócratas, liberales y ecologistas, que componen una holgada mayoría en el Hemiciclo.
La eurodiputada del PSOE, Eider Gardiazábal, que lidera las negociaciones en nombre de los Socialistas y Demócratas (S&D), se ha mostrado “muy satisfecha” sobre un pacto que “no ha sido fácil” pero que es “más concreto, más verde y más igualitario” que el texto que defienden los Estados miembros, con los que empezarán las negociaciones en las próximas semanas.
En una rueda de prensa telemática, la socialista ha detallado las principales características de la posición negociadora que la Eurocámara –salvo sorpresa en la votación de la semana que viene– defenderá ante el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros.
Así, la principal novedad en la posición del Parlamento Europeo es que las recomendaciones específicas que la Comisión Europea publica para cada país dejarán de ser el “objetivo principal” del reglamentos. “No estamos hablando de un plan para poner en marcha las recomendaciones por país, estamos hablando de un plan para responder y para paliar las consecuencias de la crisis del coronavirus”, ha expresado Gardiazábal.
Entre las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario ha sugerido a España en los últimos años se encuentran, por ejemplo, medidas en el mercado laboral para acabar con la dualidad o acciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Asimismo, los cuatro grupos parlamentarios abogan por eliminar el artículo de la normativa que preveía una suspensión de los pagos a un Estado miembro que incumpliera su senda de reducción de déficit y deuda una vez que se vuelvan a aplicar las normas presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Esta último es un asunto “muy delicado”, ha dicho la eurodiputada del PSOE. No obstante, en su opinión “no tiene sentido” debatir esta cuestión ahora que las reglas fiscales están suspendidas. “Es un debate que no podemos tener en estos momentos. Si pusiéramos esa condicionalidad macroeconómica, creo que todos los países serían sancionados”, ha advertido.
Estas dos cuestiones (la vinculación del fondo con el Semestre Europeo y la cláusula para suspender las ayudas si se incumple la senda presupuestaria) serán los dos grandes puntos de batalla en las negociaciones con los Estados miembros, que cuentan con una posición mucho más dura.
En concreto, la posición negociadora de los países enfatiza que la Comisión Europea tendrá que evaluar que los planes nacionales “contribuyen con efectividad a atajar todas o un subconjunto significativo de desafíos identificados en las recomendaciones específicas relevantes para cada país, incluidos los aspectos fiscales y recomendaciones”. En su texto, las capitales también abogan por mantener el artículo con el que Bruselas podría cerrar el grifo de las ayudas a un país que ha incumplido sus objetivos presupuestarios .
A pesar de las diferencias, Gardiazábal cree que las demandas de los eurodiputados podrán ser escuchadas. “No creo que propongamos nada que el Consejo no pueda aceptar. Espero que esté abierto a negociaciones porque el objetivo final es llegar a un acuerdo”, ha indicado.
Además de dotar de mayor “flexibilidad” macroeconómica al reglamento, los principales grupos de la Eurocámara amplían a seis la lista de objetivos en los que deben centrarse las reformas e inversiones nacionales (entre ellos, las transiciones verde y digital) y han elevado al 40% la proporción de las ayudas destinadas a medidas para combatir el cambio climático y favorecer la biodiversidad.
Otro elemento importante es que piden elevar al 20% el anticipo que podrán recibir los Estados miembros tras haber recibido ‘luz verde’ a su plan y antes de empezar ejecutar las inversiones y reformas previstas. Los gobiernos y la Comisión Europea exigen dejar ese dinero adelantado en el 10%.
