La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) pidió al Presidente de la República dejar sin efecto el decreto que otorga poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos estales en la zona de Bahía de Las Águilas, al Sur del país, así como que explore otras opciones legales para la explotación de esa área del país.
El pedido está incluido en la posición institucional de la organización, preparada tras evaluar las consideraciones formuladas desde el Comité Legal, que como había dicho la víspera Julio Virgilio Brache, Presidente de la Cánara, previo al Almuezo Mensual, estaba revisando el tema para poder emitir una posición oficial al respecto.
AMCHAMDR ve con mucha preocupación la intención que ha manifestado el gobierno de beneficiar a personas y entidades que no han podido probar en los tribunales la legalidad de la adquisición de terrenos del Estado en los alrededores de Bahía de las Águilas.
“No se pone en duda la buena intención de desarrollar una de las áreas más pobres del país. Tampoco se niega la posibilidad de hacerlo a través de un desarrollo sostenible a nivel medioambiental”, dice la posición institucional. “Pero lo que no puede suceder es que, sin existir aún una decisión judicial definitiva sobre el caso, el Estado premie a aquellos que adquirieron terrenos estatales de forma, por lo tanto, no esclarecida”.
La organización también considera igualmente preocupante ver que en el caso se pretende utilizar la figura del fideicomiso, recientemente sancionada en Ley, para un propósito distinto para el cual fue creada, entiéndase, impulsar el crecimiento y diversificación del mercado hipotecario y de valores en la República Dominicana con la finalidad de facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales, principalmente a través de proyectos de bajo costo.
La Cámara llama especialmente la atención sobre el hecho de que “un fideicomiso no puede producir los efectos jurídicos pretendidos ya que uno de los presupuestos iniciales para su utilización es el origen lícito de los activos que lo constituyen, lo que no se ha demostrado en este caso”.
De esta manera, de llevarse a cabo el pretendido arreglo, AMCHAMDR entiende que no sólo se estaría enviando una señal equivocada sobre el fideicomiso, “sino que también se estaría en riesgo de desacreditar a la recién promulgada ley, de la que tanto se puede beneficiar el país, al permitir la atracción de capitales, lo que tal como señala la propia pieza ‘repercutiría en el crecimiento de la industria de la construcción y la general de oferta de empleo y de vivienda”.
