La estructura tributaria de República Dominicana será revisada en este 2021. El Gobierno ya tomó la decisión. Por los menos dos funcionarios del más alto nivel se han referido al tema: Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia; y José Ignacio Paliza, el Administrativo, quienes entienden que resulta imposible e insostenible continuar con el actual esquema impositivo.
El presidente de la República, Luis Abinader, está consciente de la necesidad de una reforma fiscal profunda que logre actualizar el esquema tributario. Quedó en evidencia cuando introdujo una serie de cargas impositivas en el proyecto de Presupuesto de 2021, las cuales debió echar para atrás por el revuelo que provocó en la opinión pública. Fue su primer revés en la administración del Estado.
Abinader se vio obligado a dar explicaciones. “Todos los impuestos que se han propuestos serán consensuados con la población, y si hay que eliminar algunos, se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos”, aseguró el mandatario en televisión nacional a principios de octubre.
El Ministerio de Hacienda, en una presentación que le hizo a la Comisión Economía para América Latina y el Caribe (Cepal), daba cuenta de que el 92.7% de las recaudaciones corresponden a ingresos tributarios, es decir, ingresos por imposiciones fiscales que deben pagar las personas físicas y jurídicas. Mientras, el 7.3% restante corresponde a los ingresos no tributarios, siendo éstos los que obtiene el Estado al recibir una contraprestación por un servicio.
La presión tributaria, es decir, la relación de ingresos vía impuestos respecto al producto interno bruto (PIB), está entre las más bajas de la región. De 14.7% que estuvo en 2016, bajó a 14.2% en 2018. En 2019 bajó nuevamente, ubicándose en 14.05%, según la Dirección de Impuestos Internos (DGII), que estimaba que llegaría a por lo menos 19% en este 2020.
Según reporta la DGII, los ingresos corrientes del gobierno central cayeron en RD$48,716.2 millones en los primeros nueve meses de 2020, un 9.9%, al pasar de RD$493,145 millones entre enero y septiembre de 2019 a RD$444,428.8 millones en igual período de este año. La parálisis de la economía, por lo menos durante los primeros tres meses de la pandemia, provocó una caída en las recaudaciones que obligaron a una reformulación del Presupuesto en dos ocasiones.
Durante el año fiscal 2019 la DGII recaudó RD$486,914 millones, RD$56,285.2 millones por encima de lo recaudado en el año anterior, equivalente a una tasa de crecimiento interanual de 13.1%. La recaudación efectiva por concepto de Impuestos sobre los Ingresos ascendió a RD$200,409.1 millones, para un crecimiento de 17.5% con relación al año anterior. A su vez, la recaudación por concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas fue de RD$59,394.1 millones, es decir, RD$8,030.8 millones más que lo percibido en 2018, para un crecimiento de un 15.6%.
En lo que respecta a la recaudación por el Impuesto Sobre la Renta de las Empresas, el montó fue de RD$102,493.5 millones, con un aumento de RD$14,390.0 millones. En ese mismo orden, por el concepto de Impuestos sobre los Ingresos Aplicados sin Distinción de Persona se recaudó un total de RD$36,430.6 millones, para una tasa de crecimiento equivalente al 24.4% respecto al 2018.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en un informe sobre la presión tributaria en América Latina en el período 1990-2010, señala que en 2010 la presión tributaria como porcentaje del PIB en República Dominicana (12.8%) era la tercera más baja de los países de la región, después de Venezuela (11.4%) y Guatemala (12.3%).
“Esto refleja unos ingresos tributarios inferiores a la media, así como una disminución de los mismos a partir de 2007. República Dominicana no ha logrado romper esta tendencia a la baja en la recaudación, a diferencia de los aumentos observados en 2010 en muchos países de la región”, apunta la organización que agrupa a 37 naciones.
Los planes del Gobierno están enfocados en iniciar las discusiones o encuentros desde el primer mes del año. El escenario será el Consejo Económico y Social (CES), donde habrá de finalizar, además, lo relativo al Pacto Eléctrico.
Para Macarrulla, que habló en el programa McKinney”, de Color Visión, toda la estructura tributaria debe ser revisada porque “hay que gravar a sectores que no están gravados” y que la discusión debe arrancar a principios de año y “tenemos como meta cerrar, a más tardar en enero, el Pacto Eléctrico, que hay que hacerlo previamente al fiscal, porque el sector eléctrico es el responsable, hasta que llegó la pandemia, de la mitad del déficit que tiene el país”.
El ministro Administrativo de la Presidencia, como es lógico, piensa igual que Macarrulla. Dijo que es obligatorio llevar a cabo la reforma, primero para que aquellos sectores que hoy no pagan se formalicen, mientras que aquellos que tienen mucho peso sobre sí en los aportes que hacen a la economía, puedan tener ciertos respiros que los ayuden a ser más competitivos. Va más lejos: “Hay que impulsar una reforma fiscal integral similar a la que auspició el presidente Joaquín Balaguer a principio de los años 90”.
Paliza, entrevistado en el programa D´Agenda, del periodista Héctor Herrera Cabral, la reforma debe hacer hacerse en algunos casos aumentarlos, en otros reducirlos, pero también habrá que reinventarlos, pues hay algunos sectores que han vivido con exenciones históricas que no le rinden a favor del país necesariamente a la altura o el nivel de esas exenciones que reciben.
Crecimiento
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recordó que la última reforma fiscal integral se produjo en los años 90, cuando producto de los acuerdos que había firmado el presidente Joaquín Balaguer con organismos internacionales, obligó a un conjunto de reformas no solo en el ámbito tributario, sino en otras áreas que estimularon la economía.
Argumentó que esas reformas propiciaron que cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegó al poder en 1996 se vivió un clima de crecimiento importante.
Paliza dice, además, que personalmente está de acuerdo en que se apruebe una Ley de Responsabilidad Fiscal tal y como ha sido demandada por los grupos empresariales del país.
Entre tanto, Lisandro Macarrulla admitió que se va a necesitar recursos que habrá que buscar con financiamiento o vendiendo algunos bienes del Estado. No obstante, dijo que esta última sería una opción extrema.
